Paquete de reformas de AMLO perfila 'revancha' legislativa y golpe a contrapesos

En el caso de las reformas constitucionales, se necesita mayoría calificada para su autorización. Pero Morena y sus aliados suman apenas 273 votos de los 334 que se requieren en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado alcanza 71 de los 84 indispensables. El número final puede variar y dependerá de los miembros presentes en las sesiones en las que se voten estas reformas.

No obstante, López Obrador hizo un último intento para los seis meses que restan a la Legislatura actual, que concluye el 31 de agosto. Como su sexenio termina el 30 de septiembre, tendrá también el primer mes de la nueva Legislatura, que se conformará tras las elecciones del 2 junio de 2024, para insistir en la aprobación de sus reformas.

Iniciativas de AMLO acotan contrapesos

Después de un mes de hablar sobre el paquete de reformas, López Obrador difundió las 20 iniciativas que envió a la Cámara de Diputados a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Prácticamente, el presidente reeditó algunas de estas propuestas. Por ejemplo, sus iniciativas de reforma electoral y de traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presentadas antes y detenidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconstitucionales.

Tras varios intentos de modificar el Poder Judicial y eliminar los órganos autónomos, López Obrador oficializó sus intenciones en dos propuestas incluidas en su paquete de reformas.

Con tres de estas cuatro iniciativas, el presidente intenta, de nueva cuenta, golpear a las instituciones que representan contrapesos al Poder Ejecutivo y que él considera "incomódas".

El golpe a "incómodos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador busca transformar al Poder Judicial vía cambios a 16 artículos de la Constitución.

En su propuesta de reforma plantea modificaciones a la elección de ministros, duración en el cargo y que el sueldo que perciben no sea superior al del presidente de la República.

López Obrador insiste en que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean designados mediante voto popular.

“En vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo este lunes al presentar sus iniciativas de reforma en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se quedan atrás y también deberán ser electos por esa vía.

Para estos servidores públicos también va dedicada la reforma sobre austeridad republicana, pues López Obrador los ha señalado durante todo su sexenio por percibir altos sueldos y prestaciones privilegiadas.

“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos”, agregó.

Similar a lo que hizo en su momento el entonces presidente priista Ernesto Zedillo, quien redujo de 26 a 11 el número de integrantes de la SCJN, López Obrador propone que no sean 11 sino nueve los ministros de la Corte. También quiere que su periodo en el Máximo Tribunal de Justicia pase de 15 a 12 años.

La propuesta para reformar al Poder Judicial surge tras varios reveses de la Suprema Corte de Justicia a proyectos del presidente, entre ellos la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, el rechazo al “Plan B” de la reforma electoral y, recientemente, al de la Ley de la Industria Eléctrica.

Elimina órganos autónomos

La reforma número 20 va contra los órganos autónomos. El presidente propone eliminar todas las dependencias y organismos que, a su juicio, resultan “onerosos” y “elitistas”.

Según la Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia de simplificación orgánica, López Obrador pretende eliminar siete organismos autónomos y transferir sus atribuciones a otras dependencias.

“Supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público”, lanzó López Obrador.

Se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el documento enviado al Congreso se afirma que estos organismos operan con lujos, gastos superfluos y duplican funciones, por lo que su desaparición permitiría ahorros en la Administración Pública Federal.

Señala, además, que esto no generaría impactos negativos porque supuestamente las secretarías de Economía, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, de Energía y de Educación Pública, además del Inegi, harán sus funciones.

Sin embargo, el INAI advirtió que las funciones que realiza no pueden ser absorbidas por ningún Poder o ente público, pero se comprometió a revisar su funcionamiento interno.

Aseguró, además, que analizará detalladamente la reforma y las acciones a emprender conforme a sus atribuciones.

Reforma electoral

Por tercera ocasión, el Ejecutivo Federal pone sobre la mesa su reforma electoral; se trata de una serie de propuestas que ya fueron desechadas por los legisladores en una reforma constitucional y luego retomadas en el llamado “Plan B”, cambios a leyes secundarias que fueron aprobados pero que la Corte echó para atrás en 2023; ahora insiste en impulsar la reducción de los gastos destinados a las campañas y a los partidos políticos.

En esta reforma, López Obrador apuesta por la disminución de regidores en los gobiernos municipales para evitar "excesivas” estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales.

Impulsa, además, una reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 el número de senadores; también, como había adelantado, propone reducir de 40 a 30% la proporción de participantes en las consultas populares para hacerlas válidas y vinculantes. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación de mandato.

Además, el presidente pretende la renovación de los consejeros del INE, que éstos se elijan mediante el voto popular y reducir la estructura electoral actual.

Otras reformas de AMLO

A decir de López Obrador, su paquete de reformas pretende cambiar el contenido de los artículos incluidos en la Constitución durante el periodo neoliberal.

El objetivo es establecer derechos constitucionales y plasmar los ideales de su gobierno y partido político, a los que ha denominado humanismo, justicia, honestidad, austeridad y democracia.

Estos cambios a la Constitución y a las leyes, según el presidente, ayudarán a concretar el éxito de su autodenominada Cuarta Transformación y a evitar un futuro “retroceso antipopulista”.

Las 16 iniciativas restantes buscan reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas; reafirmar el derecho a la Pensión de Adultos Mayores con aumentos anuales; garantizar la atención médica de manera gratuita; prohibir el maltrato a los animales; impulsar que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, y prohibir el fracking.

Además, otorgar becas a todos los estudiantes pobres; no otorgar concesiones mineras en zonas con escasez de agua; prohibir los vapeadores y el fentanilo, y garantizar que el aumento al salario mínimo sea siempre por encima de la inflación anual.

El presidente también envió iniciativas para que el salario de maestros, policías y personal de salud no sea menor al del promedio de los trabajadores registrados ante el IMSS; propuso revertir las reformas de pensiones aprobadas en 1997 y 2007 y crear un fondo semilla con 64,619 millones de pesos, que irá incrementando, para compensar a los trabajadores afectados por esas modificaciones.

Con sus reformas, López Obrador busca que se mantengan los programas sociales Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida; regresar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica, y consolidar la austeridad republicana, con el mandato constitucional y “más claro” de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

La mayoría de las 20 reformas se insertan en medidas que, de alguna manera ya fueron intentadas por el presidente, pero no pudo concretarlas, ahora, quedaron asentadas en su revancha final.