Una denuncia por violencia familiar no basta para quitarte a tu hijo: la Suprema Corte fija nuevos criterios de custodia

Por qué resolvió esto la SCJN

Al resolver el amparo en revisión 85/2026 , el Pleno de la Suprema Corte determinó que cualquier decisión que implique cambiar las condiciones de vida de una niña, niño o adolescente debe sustentarse en una evaluación de los posibles riesgos, con atención al interés superior de la niñez y la aplicación conjunta de las perspectivas de infancia y género.

El asunto surgió de una controversia familiar en la que ambos progenitores habían acordado un esquema de guarda y custodia compartida.

El convenio establecía que el niño viviría habitualmente con su madre, mientras que su padre tendría un régimen de convivencias.

Sin embargo, surgieron desacuerdos relacionados con el cuidado del menor y ambos presentaron denuncias por posibles hechos de violencia familiar.

A partir de la denuncia formulada por el padre, una persona juzgadora ordenó provisionalmente que el niño permaneciera bajo su cuidado.

La madre impugnó la decisión al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que representara un riesgo para su hijo y justificar el cambio de custodia.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre las denuncias por violencia familiar?

Al analizar el caso, la SCJN explicó que las autoridades tienen la obligación de proteger a niñas, niños y adolescentes ante posibles situaciones de violencia. Sin embargo, también deben justificar las medidas que modifican de manera significativa sus condiciones de vida.

En ese sentido, precisó que una carpeta de investigación o las medidas de protección emitidas por el Ministerio Público son elementos relevantes para evaluar una posible situación de riesgo, pero no demuestran automáticamente que los hechos denunciados sean ciertos.

Por ello, las autoridades familiares tienen la obligación de realizar una evaluación independiente, objetiva y contextualizada, sin limitarse a tomar como prueba suficiente la existencia de una denuncia.

En el caso revisado, la Suprema Corte advirtió que no se verificó si la carpeta de investigación presentada por el padre contenía elementos objetivos suficientes para demostrar que el niño enfrentaba un riesgo real atribuible a su madre.

¿Cuándo pueden cambiar la custodia de un menor?

La Suprema Corte señaló que cualquier medida provisional que implique separar a una niña, niño o adolescente de alguno de sus progenitores debe superar un análisis estricto de tres criterios:

• Necesidad: determinar si realmente es indispensable modificar el régimen de custodia para proteger al menor.

• Idoneidad: verificar si la medida elegida sirve para evitar o atender el riesgo identificado.

• Proporcionalidad: evaluar si el beneficio de la medida justifica las afectaciones que puede provocar en la vida del niño o adolescente.

Además, las autoridades deben considerar alternativas menos restrictivas que permitan proteger a los menores sin romper innecesariamente sus vínculos familiares.

La resolución también establece que los jueces deben aplicar de manera conjunta las perspectivas de infancia y género.

Esto implica analizar las posibles relaciones asimétricas de poder, las situaciones de violencia y las desigualdades en la distribución de las labores de cuidado, sin recurrir a estereotipos ni favorecer automáticamente a la madre o al padre.

¿Qué pasó con la custodia del niño en este caso?

Al revisar la controversia, el Pleno concluyó que los elementos presentados en la carpeta de investigación del padre no eran suficientes para acreditar que la madre representara un riesgo para su hijo.

También consideró que las autoridades no valoraron integralmente el contexto familiar ni las afectaciones emocionales que la separación había provocado en el niño.

Por ello, la Suprema Corte ordenó dejar sin efectos la medida provisional y restablecer el convenio original de guarda y custodia compartida, conforme al cual el menor debía residir habitualmente con su madre.

Sin embargo, debido al tiempo que había transcurrido desde la separación, determinó que el regreso al domicilio materno no debía realizarse de manera inmediata, sino gradual y segura, con acompañamiento especializado.

Para ello, una persona perita del Centro de Convivencia Familiar Supervisada deberá diseñar un plan de reintegración que proteja la estabilidad emocional y psicológica del niño.