La decisión se tomó luego de que trabajadores del Poder Judicial manifestaran su preocupación por la posibilidad de que este mecanismo permitiera evaluar de manera discrecional el desempeño de alrededor de 32,000 secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales. Entre sus principales demandas estaban la claridad en los criterios de evaluación, la estabilidad laboral y la imparcialidad del proceso.
El Poder Judicial señaló que el acuerdo se alcanzó en conjunto con los Comités Ejecutivos Nacionales de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, reconoció “la invaluable labor que día a día realiza la base trabajadora como un pilar fundamental del sistema de justicia”.
Entre los principales cambios se establecerá expresamente que la evaluación del desempeño tendrá como objetivo fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia. Además, se derogarán todas las referencias que puedan interpretarse como una facultad para imponer sanciones o separar de su cargo a los trabajadores como resultado de estas evaluaciones.
También se eliminará la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares de los órganos jurisdiccionales y se modificarán los porcentajes asignados a los aspectos que puedan involucrar factores de subjetividad.
Los trabajadores habían advertido que las evaluaciones, previstas para diciembre de 2026, puede utilizarse de manera "discrecional y punitiva" para justificar su separación de los cargos.
