Con menos granos y más sequías, el campo mexicano se prepara para enfrentar los efectos de El Niño

La sequía, han denunciado productores del país, ya ha golpeado distintas regiones, que aunado a la falta de financiamiento, seguros agrícolas, infraestructura y certidumbre para comercializar las cosechas, limita su capacidad para enfrentar otra temporada adversa.

Ante ello, los efectos de El Niño representan un riesgo adicional para el campo mexicano, particularmente en las regiones que dependen de las lluvias para sus cultivos.

El deterioro productivo que arrastra el campo mexicano se refleja en las cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que apuntan a que entre 2018 y 2026, la producción nacional de granos y oleaginosas pasó de 40 millones a 33.6 millones de toneladas, una reducción de 16%. En el mismo periodo, la superficie sembrada disminuyó de 12 millones a 10.8 millones de hectáreas.

La caída también alcanza a cultivos básicos. La producción de maíz pasó de 27 millones a cerca de 23 millones de toneladas (Mt), mientras que la de frijol bajó de 1.2 millones a 930,000 toneladas, de acuerdo con el organismo.

Para Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del GCMA, este retroceso responde a una combinación de sequía y falta de condiciones para producir, entre ellas problemas de comercialización, financiamiento, seguros y asistencia técnica.

72% depende se las lluvias

La vulnerabilidad del campo mexicano también está relacionada con el tipo de agricultura que predomina en el país. Juan Fernández del Valle, asesor senior en evaluaciones estratégicas de la FAO en México, estima que alrededor de 16.5 millones de las 24 millones de hectáreas que conforman la frontera agrícola son de temporal. Es decir, cerca de 72% depende de las precipitaciones para producir.

A esta exposición se suma el limitado acceso a herramientas financieras que tienen los productores agrícolas. Anaya refiere que, con base en cifras del INEGI, apenas 3% de los productores cuenta con seguro agrícola y 8% tiene acceso a financiamiento.

Para Álvaro López Ríos, representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el campo enfrenta una doble presión: los efectos del cambio climático y un mercado en el que los productores mexicanos deben competir con granos de países que cuentan con mayores subsidios y apoyos.

“Si no hay subsidios, si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, pues estamos frente a un fenómeno que yo podría catalogar como de abandono casi total de parte del gobierno hacia los agricultores de este país”, afirma.

Un campo expuesto a la irregularidad de las lluvias

La llegada de El Niño se convierte en un riesgo adicional para un sector donde buena parte de la producción depende directamente del comportamiento de las precipitaciones.

De acuerdo con Juan Fernández del Valle, asesor senior en evaluaciones estratégicas de la FAO en México, alrededor de 16.5 millones de las 24 millones de hectáreas que conforman la frontera agrícola nacional son de temporal, es decir, dependen de la lluvia.

Esto equivale a cerca de 72% de la superficie agrícola. Por ello, las variaciones en la cantidad, distribución y oportunidad de las precipitaciones pueden modificar las condiciones de siembra y cosecha.

“Muchas veces no nada más es si no hay agua, es que también hay exceso de agua”, advierte Fernández del Valle.

El impacto, explica, no será igual en todas las regiones: dependerá de cuándo y dónde se presenten las anomalías climáticas, así como de los cultivos y las condiciones de cada zona.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) identifica que el periodo de octubre de 2026 a marzo de 2027 será ventana crítica para anticipar acciones en agricultura, agua y energía.

"Se espera que El Niño alcance su máxima intensidad entre noviembre y diciembre de 2026. Esto no implica que sus mayores impactos ocurran justo entonces: su temporalidad varía según la región y algunos efectos pueden acumularse o prolongarse durante los primeros meses de 2027", informó la OEA a través de una nota técnica informativa.

El documento estima una probabilidad de 100% de que El Niño se mantenga en categoría muy fuerte hacia diciembre, y de 75% de que el episodio supere registros históricos desde 1950.

Para México, la advertencia incluye temperaturas por encima del promedio y riesgos de estrés hídrico y sequía agrícola en regiones del centro-norte y el Pacífico. Sin embargo, los pronósticos de lluvia también muestran variaciones regionales, por lo que no se puede asumir un impacto uniforme en todo el territorio.

El impacto en el campo y en las familias productoras

Las regiones con agricultura de temporal y unidades productivas pequeñas enfrentan una exposición particular. En el centro-norte, por ejemplo, estados como Zacatecas, Durango y San Luis Potosí dependen de las lluvias para cultivos como maíz y frijol, además de la disponibilidad de pastos para el ganado.

En el Bajío y el occidente conviven zonas de riego con superficies de temporal. Ahí, las alteraciones en el clima también pueden elevar los costos de producción y alimentación del ganado. En el sur y sureste, los sistemas de milpa —que combinan maíz, frijol y calabaza— pueden resentir tanto la falta de agua como las precipitaciones excesivas.

En Guerrero, la preocupación ya está presente entre los productores. Marco Antonio Reyes Campos, del Frente Guerrerense para el Rescate del Campo Mexicano, afirma que la sequías ya afectan a más de la mitad de la superficie agrícola de la entidad, que cuenta con más de 500,000 hectáreas destinadas a la actividad.

El representante estima que el estado produce habitualmente alrededor de 1.5 millones de toneladas de maíz y que entre 60% y 70% se destina al consumo de las propias familias productoras. Por ello, una menor cosecha no solo representa una pérdida económica, sino también menos alimentos para los hogares y recursos para alimentar a sus animales.

A la presión climática se suma la falta de instrumentos para enfrentar pérdidas. Anaya Castellanos refiere que, con base en cifras del INEGI, apenas 3% de los productores cuenta con seguro y 8% tiene acceso a financiamiento. La ausencia de estas herramientas limita la capacidad de los agricultores para recuperarse de una mala temporada y preparar el siguiente ciclo.

El gobierno garantiza el maíz blanco, pero persisten otros riesgos

Ante las preocupaciones por el abasto, la Secretaría de Agricultura sostuvo el pasado 4 de noviembre que la soberanía alimentaria de maíz blanco para consumo humano está garantizada y que existe suficiente oferta para mantener estables los precios de la harina y la tortilla.

La dependencia argumentó que las lluvias en el noroeste favorecieron el almacenamiento de agua en presas para el riego en Sinaloa y el sur de Sonora, lo que permitiría compensar reducciones locales. También destacó las reservas estratégicas, los esquemas de acopio de Alimentación para el Bienestar y los apoyos a productores.

En el caso de Guerrero, Agricultura reportó una cosecha de 1.5 toneladas de maíz en 2025 y aseguró que las tiendas comunitarias permiten mantener el suministro de grano.

La garantía oficial, sin embargo, se refiere al maíz blanco destinado al consumo humano, lo que no elimina los riesgos que enfrentan otros cultivos, como el frijol, ni resuelve las dificultades de los productores para sostener sus ingresos y financiar las siguientes cosechas.

Además, la dependencia del exterior sigue siendo relevante en otros granos, pues México importa alrededor de 70% del trigo, 80% del arroz y 97% de la soya, de acuerdo con los datos de GCMA.

Anticiparse para reducir las pérdidas

Aunque todavía no es posible calcular cuánto afectará El Niño a cada cultivo o región, los especialistas coinciden en que la respuesta debe comenzar antes de que avance el ciclo agrícola. Para la FAO, la capacidad de anticipación es uno de los factores que puede reducir la vulnerabilidad.

“Cuando el cultivo ya está instalado, cuando la cosecha ya está cerca, ya no hay nada que hacer. Hay que prender veladoras. Ahorita es cuando se puede hacer algo”, plantea Fernández del Valle.

Entre las medidas que propone están utilizar información agroclimática para decidir qué y cuándo sembrar, recurrir a variedades de ciclo más corto, evitar resiembras que eleven los costos y adaptar los cultivos a las condiciones de cada región. También considera necesario rehabilitar la infraestructura hidroagrícola, mejorar la eficiencia del riego y recuperar la humedad y fertilidad de los suelos mediante prácticas agrícolas y ganaderas regenerativas.

La OEA recomienda facilitar semillas resistentes a la sequía y al estrés hídrico, ampliar el acceso a seguros agroclimáticos y financiamiento, y fortalecer los sistemas de alerta temprana. El organismo también plantea movilizar recursos antes de que ocurran las pérdidas, en lugar de concentrar la respuesta en la atención de emergencias.

Anaya Castellanos coincide en la necesidad de recuperar instrumentos que den certidumbre a los productores: seguros agrícolas, crédito accesible, asistencia técnica, innovación, semillas mejoradas y mecanismos como la agricultura por contrato y las coberturas de precios. También plantea modernizar los sistemas de riego y evaluar los programas públicos con indicadores de producción y productividad.

El representante del GCMA considera además que la tecnología y la innovación deben formar parte de la adaptación climática.

Desde la UNTA, López Ríos pide una política de fomento a la producción nacional, un programa de sustitución de importaciones y un sistema de acopio que permita contar con reservas de alimentos. Plantea que México produzca al menos 65% de los alimentos que consume y disponga de reservas técnicas para tres meses, objetivos que atribuye a las recomendaciones de la FAO.

Los agricultores también reclaman respuestas inmediatas para la próxima cosecha. Reyes Campos pide un plan integral contra la sequía, infraestructura para almacenar agua y apoyos que lleguen a las zonas afectadas.

El reto, por tanto, no consiste únicamente en anticipar los efectos de El Niño, sino en fortalecer un sector que ya enfrenta problemas productivos y económicos.

Como resume Fernández del Valle, México cuenta con herramientas de monitoreo, pero necesita convertirlas en decisiones oportunas.

“Este es un tema que nos preocupa. Debiera ser un tema que nos ocupe”, apunta.