Profepa suma 24 institutos tecnológicos para asesorar a empresas en materia ambiental

El programa contempla un proceso de acompañamiento de 12 meses por parte de dichas instituciones, en donde las empresas participantes deberán comenzar con un autodiagnóstico para revisar su nivel de cumplimiento y detectar posibles riesgos relacionados con el uso del agua y la energía, el manejo de residuos y el control de emisiones.

“Las empresas van a revisar dónde están paradas, cuáles son sus riesgos y qué tienen que corregir”, explicó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, durante la firma del convenio.

“A partir de ahí se construirá una ruta de cumplimiento”, agregó.

Con base en los resultados del diagnóstico, cada establecimiento deberá definir un plan de acción para atender las irregularidades identificadas y avanzar hacia mejores prácticas ambientales. La estrategia busca que las empresas actúen antes de que una descarga, emisión o manejo inadecuado de residuos derive en daños mayores, sanciones o responsabilidades legales.

La secretaria informó que actualmente 392 empresas de sectores con alta incidencia ambiental han manifestado interés en participar en este programa.

“Cuando un río ya está contaminado, restaurarlo cuesta años y muchos recursos”, afirmó Bárcena. “Por eso es mucho más importante prevenir que llegar después a remediar”, agregó.

Aunque el programa busca fortalecer la prevención y facilitar el cumplimiento ambiental, la participación de las empresas no las eximirá de cumplir con la legislación ni limitará las facultades de inspección de la Profepa.

Al respecto, la procuradora ambiental, Mariana Boy Tamborrell, aclaró que la capacitación tampoco impide que la autoridad realice visitas de inspección o imponga sanciones cuando detecte infracciones.

“Este programa no significa que se suspendan las facultades de inspección de la Profepa”, puntualizó. “Si hay incumplimientos, la autoridad actuará conforme a la ley”, dijo.

La colaboración con los tecnológicos pretende ofrecer a las empresas información técnica para identificar problemas y aplicar medidas correctivas, pero los resultados dependerán de que los planes de acción se cumplan y puedan verificarse.

Tecnológicos aportarán laboratorios y especialistas

El actual convenio incorpora a 20 nuevos planteles del TecNM, que se sumarán a otros cuatro que ya participan en este programa. En total, la red contará con 24 institutos tecnológicos.

Las instituciones según se dio a conocer, pondrán a disposición de la estrategia sus laboratorios, especialistas e investigadores para apoyar diagnósticos ambientales y documentar posibles daños. La información también podría aportar elementos técnicos a procedimientos administrativos de la Profepa y a carpetas de investigación por probables delitos ambientales.

“Los tecnológicos tienen una capacidad instalada muy importante, tanto en infraestructura como en conocimiento”, afirmó Boy.

“La idea es que ese conocimiento pueda ayudar a fortalecer los expedientes y a contar con información técnica más sólida”, dijo.

La funcionaria explicó que las instituciones participantes cuentan con más de 1,000 investigadores que podrían colaborar con análisis especializados. No obstante, todavía debe definirse cómo se incorporarán formalmente esos estudios a los procedimientos de la autoridad y bajo qué criterios se garantizará su validez técnica y jurídica.

Para las empresas, esta capacidad podría representar una fuente de apoyo para detectar riesgos y diseñar medidas de prevención. Para la Profepa, el objetivo es contar con información más precisa para evaluar el cumplimiento y determinar si existen daños o infracciones.

Empresas podrán construir rutas de cumplimiento

El programa también busca modificar la relación entre la autoridad ambiental y el sector industrial. Además de inspeccionar y sancionar, la Profepa pretende acompañar a las empresas en la identificación de problemas y en la adopción de medidas correctivas.

La asesoría estará enfocada en que los establecimientos conozcan sus obligaciones, revisen sus procesos y establezcan acciones concretas para reducir sus impactos ambientales.

Esta estrategia también se relaciona con los trabajos de saneamiento que ya se realizan en los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, considerados prioritarios por el gobierno federal. Según Bárcena, México invierte alrededor de 20,000 millones de pesos en acciones relacionadas con la restauración de estas tres cuencas.

La funcionaria señaló que los centros regionales podrían contribuir a extender las acciones preventivas a otras zonas con problemas de contaminación, como las cuencas de los ríos Sonora, Tijuana y Nogales.

Estudiantes apoyarán la prevención ambiental

Los convenios también permitirán que estudiantes realicen prácticas profesionales, servicio social y residencias vinculadas con la prevención y la gestión ambiental.

“Queremos que los estudiantes tengan contacto directo con los problemas ambientales de sus regiones”, señaló Boy.

Otra posibilidad es la creación de comités de vigilancia ambiental participativa, integrados por habitantes de las zonas donde se identifiquen posibles irregularidades. Estos grupos podrán reportar a la Profepa situaciones que ameriten una revisión.

Además, la procuraduría y el TecNM analizan incorporar contenidos sobre sistemas de gestión ambiental en los programas académicos, con el objetivo de acercar la formación profesional a las necesidades de las industrias y de las autoridades ambientales.

El Tecnológico Nacional de México cuenta con 254 planteles en total, por lo que los 24 institutos incorporados a esta estrategia representan una primera etapa de colaboración.