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Así operaba la red que clonaba voces de políticos para extorsionar

Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas de Michoacán, es señalado de encabezar una red que clonaba voces con inteligencia artificial para suplantar a políticos y empresarios, obtener información confidencial.
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Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas y Administración durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa (2012-2014).

Se le señala como presunto líder de una red de extorsión que suplantaba la identidad de servidores públicos mediante la imitación de voces . En el operativo también fueron detenidos un escolta y tres familiares, quienes presuntamente se hacían pasar por funcionarios de alto nivel, incluidos ministros, gobernadores, presidentes municipales e integrantes de la Presidencia de la República.

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El grupo presuntamente contactaba a políticos, funcionarios y empresarios para obtener información y posteriormente extorsionarlos. Tras su detención, los implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Miranda Contreras tenía antecedentes por peculado y había sido inhabilitado en Michoacán por esa acusación. Las autoridades lo señalan de presuntamente encabezar las actividades de suplantación de identidad y extorsión junto con su esposa, Liliana “N”, y sus dos hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”.

La SSPC identificó como centro de operaciones del grupo una residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, Estado de México.

El modus operandi

Según la dependencia, el grupo aprovechaba las relaciones personales que Miranda Contreras construyó durante sus años como tesorero general y secretario de Administración en Michoacán para generar confianza entre sus posibles víctimas.

A través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, presuntamente obtenía información confidencial sobre personas, dependencias y otros funcionarios, así como datos relacionados con operaciones políticas y económicas. Posteriormente, el grupo habría utilizado esos datos para suplantar la identidad de servidores públicos y realizar extorsiones.

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La SSPC detalló que, para obtener información, los integrantes del grupo también se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios o figuras de alto nivel político y económico. Bajo ese pretexto, solicitaban actualizar agendas o facilitar el contacto con sus supuestos jefes mediante mensajes como: “Mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”.

En una segunda etapa, las víctimas recibían una llamada del supuesto funcionario, quien aseguraba tener instrucciones de sus superiores para solicitarles apoyo. Este podía consistir en entregar dinero en efectivo para una supuesta operación política o para agilizar pagos, gestionar la incorporación de personas a estructuras administrativas o recomendar la contratación de servicios con determinadas personas o empresas.

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Durante las conversaciones, los implicados presuntamente utilizaban expresiones y un lenguaje previamente estudiados para generar confianza. También configuraban los números telefónicos con fotografías de perfil, íconos de llamadas, logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas, con el fin de hacer más creíble la identidad que suplantaban.

Además, recurrían a herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de políticos y empresarios. También elaboraban conversaciones ficticias, mediante mensajes de texto o audios, en las que simulaban intercambios con supuestos funcionarios y posteriormente las compartían con sus víctimas para reforzar el engaño.

Como ejemplo, la Secretaría de Seguridad señaló que cuenta con una conversación del primer contacto del grupo con representantes de una importante empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para emitir documentos de identidad de alta seguridad. Presuntamente, los implicados intentaron engañarlos al ofrecerles un contrato a cambio de una suma considerable de dinero en efectivo.

Antecedentes por peculado

Luis Miranda Contreras fue detenido en 2017 por la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán, acusado de peculado por el presunto uso indebido de más de 26 millones de pesos destinados al pago de proveedores por servicios de asesoría y gestión administrativa, de los cuales no había documentos que acreditaran el gasto.

Tras su detención, fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. Sin embargo, días después, un juez le permitió continuar su proceso en libertad tras el pago de una fianza de 53 millones de pesos.

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