Un día antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum visitara Guanajuato, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre lo que parecía ser el mayor decomiso de hidrocarburos del sexenio: 59 millones de litros incautados en el municipio de San José Iturbide.
La historia cambió horas después. Gas Natural del Noroeste, la empresa a la que se aseguró el combustible, afirmó que la terminal de almacenamiento es lícita y que opera bajo supervisión de autoridades federales.
El caso recayó en manos del gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum, quien debe informar los detalles de la investigación del que podría ser el decomiso más grande en lo que va de la administración actual, que ya superó las incautaciones de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
La institución a cargo de Ernestina Godoy informó que se habían asegurdado 33 millones 504,067 litros de gasolina Regular, 7 millones 266, 813 litros de gasolina Premium y 18 millones 265,989 litros de Diésel, de los que no acreditarse la propiedad y trazabilidad, se buscaría acreditar delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Después, en Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, prometían detenciones y revelaban que había una línea de investigación distinta a los otros golpes atestados al huachicol en Altamira, Tamaulipas, y Ramos Arizpe, Coahuila meses atrás.
Sin embargo, la compañía operada por Grupo Simsa, de la familia Issa Tafich, emitió un comunicado en el que aseguró no había huachicol ni ninguna irregularidad en la planta.
“La operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales. Cabe señalar que dichos permisos y autorizaciones se encuentran disponibles para consulta pública en las páginas oficiales del Gobierno de México, del estado de Guanajuato y municipio de San José Iturbide, Guanajuato”, informó.
La Fiscalía General de la República señaló que hasta ahora la empresa no ha mostrado documentación que acredite la licitud del origen del combustible.
“Se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”, informó en un comunicado.
En dos años, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum casi triplicó el decomiso de huachicol que incautó su antecesor Andrés Manuel López Obrador y además, se convirtió en la administración que más aseguramiento de hidrocarburos ha realizado.
A 23 meses de iniciada su gestión, el gobierno de la presidenta Sheinbaum reporta alrededor de 129 millones de litros de hidrocarburo asegurados, entre ellos dos golpes históricos: 15 millones en Coahuila y 59 millones en Guanajuato.
En todo el sexenio de su antecesor fueron alrededor de 46.1 millones de litros de huachicol.
Desde el primer año del actual gobierno el decomiso de huachicol se elevó. En 2024, último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador se reportó el decomiso de 15 millones 338,833 litros, pero en 2025 fueron 61 millones 34,659 litros, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal.
En tan solo el 2025 se decomisó más hidrocarburo ilegal que en todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con el acumulado, la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en la que más huachicol se ha decomisado en el país.
En el gobierno de la presidenta Claudia el decomiso de hidrocarburos tomó especial relevancia. Antes de cumplir seis meses de su gestión, en Altamira, Tamaulipas se reportó la incautación de 10 millones de litros, el cual en ese momento fue considerado como un histórico golpe por el gabinete de seguridad.
Cuatro meses después, vendría un golpe mayor: 129 carrotanques y 15 millones de litros de combustibles en dos operativos realizados en Coahuila.
El tercer golpe, de confirmarse el delito de huahicol, sería el de la semana pasada en Guanajuato, el estado con más homicidios en el país.
En la entidad que estaba por visitar la presidenta Sheinbaum como parte de su gira fueron asegurados 59 millones de litros durante un operativo realizado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
Aunque esos son los tres golpes más grandes al huachicol, durante estos casi dos años, hay otros decomisos como el de 8 millones en Ensenada, Baja California en marzo de 2025, 3 millones de litros en Tabasco en mayo de 2025, 2 millones en Coahuila en junio de 2025, de 1.2 millones en Nuevo León en junio, 250,000 litros en Veracruz en noviembre de 2025, 4 millones en Reynosa, Tamaulipas en julio pasado.
Para México, el fenómeno del huachicol no es nuevo ni reciente, pero ha ido modificándose y tomando fuerza en el país.
En la década de los años 90 se identificó el robo de combustible (huachicol) en el que estaban principalmente involucrados trabajadores de Pemex. Sin embargo, en los siguientes años el fenómeno evolucionó a la perforación de ductos para llenar bidones y venderlos de manera ilegal.
Al robo directo en México, se sumó el ingreso de combustible al país sin que paguen los impuestos correspondientes, lo que es conocido como huachicol fiscal.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció un Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Pemex para combatir el robo de combustible, para lo cual anunció el despliegue de 10,000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal.
De acuerdo con el artículo “ Huachicol . Un desafío de Seguridad Nacional”, de la periodista Ana Lilia Pérez, como parte de ese operativo se identificó que varias gasolineras tenían actividad irregular en la compra-venta de combustible.
“Mediante operativos y verificaciones contables y fiscales en gasolineras, también se identificó que en 19 entidades había gasolineras que presentaban compras atípicas: habían reducido significativamente sus compras a Pemex y tampoco compraban a importadores autorizados, sino que comercializaban producto robado. A 103 se les revocaron sus permisos”, plantea.
Por ese comportamiento irregular, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea una estrategia de “trazabilidad” en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para seguirle la ruta al combustible desde su adquisición hasta su venta final.
