Un buque, dos almirantes y un exgobernador: las redes de huachicol en la mira del gobierno de Sheinbaum
Vía marítima y terrestre se ha detectado el ingreso de combustible a México que es declarado como otra sustancia para evadir impuestos. El daño al erario es millonario.
El Challenge Procyon zarpó el 16 de marzo desde Texas con destino hacia Tamaulipas. Fue una de las claves para descubrir la red de huachicol que implica a la Marina.(Foto: Semar.)
Más allá de la perforación de ductos y el robo de combustible mediante pipas de Pemex, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene como uno de sus principales objetivos el combate al huachicol fiscal , una modalidad delictiva que opera a través de complejas redes marítimas y terrestres en las que participan empresarios, políticos y servidores públicos.
Aunque el término huachicol fiscal comenzó a cobrar relevancia desde alrededor de 2010, esta práctica adquirió mayor notoriedad durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de los focos de atención de la administración de Claudia Sheinbaum desde sus primeros meses.
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¿Cómo se detectó la red de huachicol fiscal?
A diferencia del robo de combustible directamente de ductos o del saqueo de pipas de Pemex, el huachicol fiscal opera mediante el contrabando de combustibles importados, que ingresan al país bajo declaraciones falsas o clasificaciones distintas para evadir total o parcialmente el pago de impuestos.
De acuerdo con una estimación de la entonces Procuraduría Fiscal de la Federación, difundida en octubre de 2025, esta práctica —que consiste, entre otros mecanismos, en registrar combustibles como mercancías con una menor carga tributaria— habría provocado un daño al erario superior a 600,000 millones de pesos.
Uno de los casos que puso bajo los reflectores esta modalidad fue el del Challenge Procyon, un buquetanque con bandera de Singapur que zarpó de Texas el 16 de marzo con rumbo a Tamaulipas.
A su llegada a un puerto mexicano, la embarcación presentó documentación que señalaba que transportaba aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, durante la inspección, las autoridades detectaron que en realidad llevaba cerca de 21 millones de litros de diésel.
El aseguramiento abrió una investigación que escaló rápidamente y que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio, debido a que las indagatorias alcanzaron a integrantes de una de las instituciones con mayor respaldo y confianza entre la población: la Secretaría de Marina.
En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete… pic.twitter.com/zYOZydGYir
El aseguramiento del Challenge Procyon se convirtió en una pieza clave para seguir el rastro de una presunta red de corrupción vinculada con el huachicol fiscal. A partir de ese caso, las investigaciones comenzaron a alcanzar a empresarios y funcionarios relacionados con las aduanas, así como a integrantes de la Secretaría de Marina.
Entre los nombres señalados en las indagatorias aparecen los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante, y Fernando Farías Laguna, contralmirante, ambos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El descubrimiento del buque puso bajo los reflectores una operación que habría generado un daño millonario a las finanzas públicas y que, por sus dimensiones, ha sido considerada por especialistas como uno de los posibles mayores esquemas de defraudación al erario en México.
“Quizá es la trama más grande de desfalcos en la historia de las finanzas públicas de México”, plantea Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad pública y delincuencia organizada.
La dimensión del negocio puede entenderse a partir de los impuestos que deja de pagar cada litro de combustible. Un litro de diésel debe cubrir alrededor de siete pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Sin embargo, cuando el combustible ingresa al país declarado como otra sustancia o mercancía con una carga tributaria menor, el pago de impuestos se reduce y las pérdidas para el gobierno mexicano pueden alcanzar cifras millonarias.
¿Quiénes están implicados en la red de huachicol fiscal?
El caso del buquetanque permitió dimensionar la compleja red de complicidades que, de acuerdo con especialistas, resulta necesaria para que el huachicol fiscal pueda operar a gran escala.
“No es un esquema sencillo. Primero hay que conseguir el combustible y encontrar la forma de transportarlo; después, desembarcarlo en México y superar los controles de las aduanas, tanto marítimas como terrestres, sin levantar sospechas”
Hugo Alberto Michel Uribe, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara.
“Luego viene otro desafío: dónde almacenarlo y cómo colocarlo en el mercado cuando se trata de cantidades enormes de combustible. Para que una operación así funcione, se necesita una red de complicidades”, detalla.
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Por este caso, las autoridades realizaron inicialmente 14 detenciones: tres empresarios, cinco elementos de la Marina en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.
Sin embargo, la investigación no terminó ahí. Entre los detenidos estuvieron dos altos mandos de la Secretaría de Marina, señalados por las autoridades como presuntos líderes de la red. Manuel Roberto Farías Laguna fue el primero de los dos hermanos en ser aprehendido. Meses después, su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina y posteriormente trasladado a México para enfrentar el proceso judicial.
Ambos exmandos navales permanecen detenidos en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras enfrentan acusaciones por delincuencia organizada vinculada con el contrabando de combustibles.
¿Hay políticos involucrados en la red de huachicol fiscal?
La trama del huachicol fiscal también ha alcanzado a políticos y funcionarios mexicanos. Entre los nombres que han quedado bajo el escrutinio público se encuentra el del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, debido a que la presunta red de contrabando de combustibles habría operado durante los años en los que estuvo al frente de la dependencia.
Para Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana, el caso también pone en entredicho la decisión adoptada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de otorgar a la Marina el control de las aduanas, bajo la premisa de que las Fuerzas Armadas eran instituciones menos susceptibles a la corrupción.
“Hemos visto que las Fuerzas Armadas también tienen esquemas de corrupción, que en muchas ocasiones no están preparadas ni deberían asumir funciones de administración de servicios públicos. Hoy, por ejemplo, tienen el control de las aduanas y esto ha permitido esquemas de criminalidad como el huachicol”, sostiene el especialista.
No obstante, Rafael Ojeda Durán ha sido defendido públicamente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos han señalado que fue el propio almirante quien detectó y reportó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las irregularidades relacionadas con el contrabando de combustibles dentro de la institución.
De esta manera, el caso coloca a la Marina en una posición contradictoria: por un lado, algunos de sus mandos aparecen señalados dentro de las investigaciones; por otro, la versión oficial sostiene que fue precisamente desde la institución donde se alertó sobre la existencia de la red.
Epigmenio Mendieta, abogado defensor del excontralmirante Fernando Farías Laguna, solicitó que el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán acudiera a declarar dentro del caso. Sin embargo, de acuerdo con el abogado, no fue posible localizarlo.
Ojeda Durán no es el único personaje político mencionado en torno a la investigación. Durante la audiencia de vinculación a proceso de Farías Laguna, salieron a relucir los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y del senador Adán Augusto López Hernández.
Según Mendieta, ambos políticos fueron señalados en relación con presuntas gestiones para facilitar el tránsito de embarcaciones en instalaciones portuarias vinculadas con el traslado de combustible.
Para Hugo Alberto Michel Uribe, especialista en seguridad pública y delincuencia organizada, la investigación podría alcanzar a otros actores políticos, aunque advierte que los señalamientos deberán ser respaldados con pruebas.
“Es muy factible que aparezcan acusaciones a políticos, digamos, fuera de los militares que hoy están como acusados. Hay que ver qué tanto se pueden acreditar todos los dichos, porque es muy fácil señalar una cabeza de una operación y no probarla. Entonces, el verdadero lío es encontrar los vínculos”, plantea.
Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) no mantiene abierta ninguna investigación contra López Beltrán ni contra Adán Augusto López Hernández.
El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, presuntamente fue mencionado durante la audiencia de Fernando Farías Laguna.(Foto: Isaac Esquivel Monroy/Cuartoscuro.)
¿Ernesto Ruffo está involucrado en huachicol fiscal?
La vía marítima no es la única en la mira del gobierno mexicano, también hay una línea de investigación que involucra el ingreso de combustible por tierra a través de ferrotanques, y en la cual está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General De la República en la Zona Río de Tijuana el pasado 16 de julio. (Foto: Cuartoscuro/Chris Noyola Martínez)
En julio de 2025 autoridades federales aseguraron alrededor de 15 millones 480,000 litros de combustible en 129 carrotanques en Coahuila.
La FGR ha señalado a la empresa “Ingemar”, de la que Ernesto Ruffo es socio mayoritario, de ser una pieza clave en el esquema e contrabando de combustible.
La empresa “Ingemar” es señalada de ingresar combustible desde Estados Unidos. En las aduanas de México declaraba volúmenes inferiores a la capacidad de los carrotanques y así evadir el pago correspondiente de impuestos.
Cada carrotanque reportaba cargamentos de 10,000 litros pero el volumen realmente era de 110,000 litros de gasolinas o diésel.
Ruffo, quien fue el primer gobernador de oposición que derrotó al PRI hegemónico en el siglo pasado, está preso por el caso. Políticos de oposición, principalmente del PAN, señalan que su involucramiento es solo un golpe político del gobierno morenista para desviar la atención de los señalamientos que hay sobre sus integrantes.
