El nombre de ambos cobró relevancia por su relación familiar con el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fernando y Manuel son sobrinos de Ojeda Durán.
De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy, la organización comenzó a ser investigada desde 2024, luego de que la Secretaría de Marina transmitiera al entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, indicios sobre las operaciones de una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima.
El esquema quedó confirmado en marzo de 2025, cuando fue asegurado en Altamira, Tamaulipas, un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde otro buque había ingresado ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible.
El combustible llegaba en buques tanque
La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada permitió reconstruir el funcionamiento de la organización. Según Godoy, la primera etapa consistía en utilizar buques tanque que arribaban a puertos como Tampico o Ensenada con grandes cantidades de hidrocarburos.
Sin embargo, al momento de realizar los trámites de ingreso al país, el producto era reportado de manera indebida como aceites o aditivos, una maniobra utilizada para evadir los impuestos correspondientes. De esta manera, el combustible ingresaba al territorio nacional bajo una clasificación distinta a la que realmente correspondía.
La red manipulaba los controles aduaneros
La operación requería también la participación de servidores públicos deshonestos y agentes aduanales corruptos, quienes facilitaban el ingreso y la descarga de los hidrocarburos.
