La nueva Corte baja su productividad en un año: resolvió 18% menos asuntos que los ministros anteriores

La caída en la productividad

Lo ministros de la nueva Corte, electos por voto popular, prometieron mejorar la productividad en la Corte; no obstante, resolvieron 18% menos asuntos que sus antecesores en sus primeros 11 meses de trabajo.

De acuerdo con una revisión que hizo Expansión Política, se detectó que de septiembre de 2025 a julio de este año, los ministros solventaron 2,355 casos, mientras en los últimos 11 meses de la anterior conformación, fueron 2,860, pese a que aseguraron que los cambios en la Corte no afectarían su rendimiento.

En septiembre de 2025 inició un nuevo periodo en el máximo tribunal de justicia al ser la primera generación de ministros electos por votación ciudadana, lo que fue acompañado por la disminución en el número de togados y de la eliminación de la Primera y Segunda Sala y del Consejo de la Judicatura Federal.

Ese día el ministro presidente Hugo Aguilar sentenció: “Los ministros que hoy integramos la nueva Corte tenemos un mandato claro: sanear la Suprema Corte, se va a acabar la corrupción, el nepotismo y deshonestidad”.

No obstante, a decir de expertos, esta nueva Corte no sobresalió por ser independiente o productiva, tampoco por ser competente, pues durante las discusiones en el Pleno del máximo tribunal de justicia evidenciaron deficiencias de sus integrantes.

Menos productividad, pero más trabajo

El informe de Integralia "El nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño" señala que la reducción de los asuntos resueltos se debe a la eliminación de las salas y la concentración de todos los asuntos en el Pleno, lo que no solo ralentiza la atención de los casos, sino que también reduce la profundidad del estudio jurídico.

El académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, coincide que la nueva Corte fue menos eficiente por la desaparición de las salas y por la falta de experiencia de los ministros.

Explica que ahora se resuelven menos asuntos, pese a que los ministros trabajan más “en buena medida” por la eliminación de las salas.

“Las salas eran los dos grandes motores de la Corte, porque permitía a las salas dividir los asuntos en dos grupos de cinco y era más ágil la discusión, votación y resolución; discutir todo en el Pleno ha demostrado que es mucho mas difícil”, detalla.

La caída en la productividad provocó que, en mayo de 2026, legisladores de Morena presentaran una reforma para regresar las dos Salas, pero bajo el nombre de “Secciones”.

Entre los pendientes que heredaron de la anterior Corte está la discusión de la constitucionalidad y aplicación de la prisión preventiva oficiosa y diversos asuntos fiscales, como el de la doble tributación como el caso Samsung, que mantiene una disputa legal por 6,714 millones de pesos que el SAT reclama por concepto de IVA no retenido entre 2019 y 2023.

Austeridad prometida

En 2024, al impulsar la reforma al Poder Judicial, Morena prometió que la nueva Corte sería más austera, ya que tendría menos ministros –al pasar de 11 a 9– y se establecería que estos tendrían un salario menor al que recibe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, prometió hacer “ajustes” en el máximo tribunal desde eliminar seguros médicos privados, revisar los gastos en la alimentación de los togados y el arrendamiento de vehículos.

No obstante, esto duró poco, ya que a los cuatro meses de tomar protesta como integrantes del Poder Judicial, adquirieron nueve camionetas blindadas, cuyo costo individual superó el millón de pesos.

Ante las críticas de “falsa austeridad”, los ministros aseguraron que no las usarían y que los vehículos serían entregados a los jueces y magistrados que enfrentan mayores riesgos en su labor.

Cercanía con el oficialismo

En este primero año también se mostró cierta cercanía entre los ministros y Morena. En este periodo, los integrantes de la Corte validaron reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y acudieron a eventos políticos del partido oficialista. En mayo de este año, participaron en un mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum y este 1 de septiembre acudieron a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Según Integralia, el gobierno federal demandó 196 asuntos, y en 53 se determinó la invalidez de lo impugnado, lo que significó que el gobierno morenista ganó su reclamación, y en 11 casos se consideró validez o validez parcial, donde el gobierno perdió o perdió parcialmente.

Mientras, en 36 de 117 asuntos en los que el Congreso de la Unión –integrada en su mayoría por Morena y aliados– o alguna dependencia del Ejecutivo fue demanda, los ministros negaron la protección a los demandantes. En ambos, Morena fue la mayor beneficiada.

Juan Manuel Ureiro, consultor especializado en el Poder Judicial en Integralia, señala que por el momento no se puede hablar de una subordinación por parte de los ministros hacia el Gobierno Federal, pero considera que sí existe una “tendencia favorable" hacia ciertos intereses del Poder Ejecutivo y de gobierno estatales de Morena.

Al hablar de la cercanía entre estas dos instituciones, comenta que se observa cuando los ministros asisten abiertamente a mítines del partido oficialista.

“No cuidan las formas por parte de los ministros en términos de lo que debe ser una sana distancia y un debido equilibrio. Si esto lo traducimos en estas señales de deferencia de la Corte hacia los intereses jurídicos del gobierno, pues se va afianzando una cierta tendencia”, declara.

Curva de aprendizaje

Una de las principales críticas que enfrentaron los ministros de esta nueva Corte fue que en la mayoría de los casos no tenían experiencia en temas relacionados con el Poder Judicial. De los nueve que ingresaron, seis carecían de ella.

Por ello, se habló que los togados pasarían por una curva de aprendizaje de tres meses a un año para familiarizarse con el funcionamiento de la Corte. No obstante, a un año de la integración, aún los ministros han tenido “tropiezos” al votar, al dar sus posicionamientos y hasta en defender sus posturas.

Entre los ministros que más “traspiés” tuvieron fue Lenia Batres, quien a pesar de que venía de la anterior integración al entrar en diciembre de 2023, todavía se confunde al votar o los asuntos a discutir.

Uno de ellos fue en enero de 2026 cuando daba su posicionamiento sobre reproducción asistida, pero este asunto se había retirado con antelación. En esa ocasión, el ministro presidente Hugo Aguilar la interrumpió para aclararle que estaban discutiendo otro tema.

Otro de los ministros que tuvo errores fue María Estela Ríos, quien antes de llegar a la Corte fue consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En constantes ocasiones se confundió al votar o tuvo declaraciones polémicas.

En marzo durante la discusión de un asunto en el que hablaban del alcance de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, la magistrada hizo un comentario sobre las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.

“No hay un estereotipo de las mujeres, cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido invitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”, mencionó en aquella ocasión.

Para Javier Martínez Reyes, abogado constitucionalista, esta nueva Corte fue menos organizada y competente, pues recuerda que algunos ministros han demostrado “deficiencias enormes” en materia constitucional, que en su experiencia son cuestiones elementales.

Pelea por la presidencia de la Corte

La presidencia de Corte es el nuevo conflicto que enfrentarán los ministros. Aunque falta al menos un año para elegir a quien suplirá a Hugo Aguilar, ya hay disputa sobre quién encabezará al máximo tribunal de justicia, debido a que existe una contradicción en la Constitución, lo que ha generado tensiones.

En el artículo 94 se señala que la presidencia de la Corte debe durar dos años y deberá designarse al ministro que haya obtenido mayor votación en las urnas. En este caso le tocaría a Lenia Batres, lo que generó incertidumbre en el sector empresarial, que ha externado su preocupación por su postura en asuntos relativos a la iniciativa privada.

Mientras, en el artículo 97 se estipula que la presidencia durará cuatro años y debe ser elegida de manera autónoma con el voto interno de los ministros del Pleno. En este caso, la mayoría de los ministros considera que es la mejor vía y plantea que sea Yasmín Esquivel.

El primer año de la nueva Suprema Corte deja así un balance marcado por retos institucionales que van más allá de la cantidad de asuntos resueltos. La Corte deberá demostrar en los próximos meses si puede recuperar capacidad de respuesta, mantener su independencia frente al poder político y consolidar una conducción que dé certeza sobre el rumbo del máximo tribunal, mientras sus ministros enfrentan decisiones que pondrán a prueba la confianza depositada en esta nueva etapa del Poder Judicial.