Segalmex nació con la promesa de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país, pero en apenas unos años terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción y desvío de recursos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cinco años después de que comenzaron a destaparse las irregularidades, el caso sigue abierto y arrastra 2,700 millones de pesos aún sin aclarar.
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creada en enero de 2019 y encabezada entonces por Ignacio Ovalle, acumuló irregularidades que involucraron compras simuladas, empresas fachada y presuntos desvíos de recursos. La magnitud del caso llevó a compararlo con “La Estafa Maestra”, uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A más de siete años de su creación, el caso permanece abierto: hay investigaciones, detenidos y procesos penales, pero no sentencias definitivas y tampoco se ha recuperado la totalidad de los recursos señalados como parte del daño patrimonial. El propio López Obrador terminó reconociendo el caso como el principal episodio de corrupción de su gobierno.
“El fraude que se cometió el Segalmex, que consideramos el único caso de corrupción que lamentablemente se nos presentó en el gobierno, y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo sustraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”, dijo en una de sus últimas conferencias el entonces presidente.
Antes de tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que fusionaría Liconsa y Diconsa, una decisión que dio origen a Segalmex.
Las primeras alertas sobre la operación del organismo surgieron poco después. Entre las irregularidades detectadas estuvieron la adjudicación del 70% de los contratos, pagos por productos que nunca fueron entregados y presuntos desvíos de recursos.
Las anomalías fueron detectadas a partir de ejercicios de fiscalización realizados por la Auditoría Superior de la Federación, que en las cuentas públicas de 2019 y 2020 observó posibles daños patrimoniales por alrededor de 9,500 millones de pesos.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo, de ese monto observado, 4,700 millones de pesos fueron aclarados; 2,100 estaban en proceso de análisis para ser acreditados y 2,700 definitivamente no fueron aclarados.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que Segalmex entregó 797 millones de pesos (mdp) a una red de empresas fachada, pero esa no fue la única irregularidad detectada.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que mantenía abierta una investigación por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios de Segalmex.
El entonces presidente López Obrador defendió a Ovalle y aseguró que era un funcionario honesto, pero que fue engañado.
“Yo siento que a él lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y del antiguo régimen y él les dio entrada. Pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla”, dijo en abril de 2022.
Ese mismo mes, Ovalle dejó el cargo. El presidente en turno nombró a Leonel Cota Montaño, exgobernador de Baja California, como nuevo titular del organismo.
Por las irregularidades relacionadas con el daño patrimonial comprobado por 2,700 mdp en Segalmex, se presentaron alrededor de 150 denuncias en contra de exservidores públicos y particulares.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Fiscal, a partir de esas denuncias se investigó a 47 personas, para las cuales se obtuvieron órdenes de aprehensión.
En 26 casos se dictó vinculación a proceso penal: nueve exservidores públicos y 17 particulares. Los delitos atribuidos fueron delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.
Entre los servidores públicos detenidos estuvieron René Gavira Segreste, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas; Manuel Lozano, director Comercial de Segalmex; Jorge González, extitular del Área de Operaciones de Diconsa, y Hugo Buentello, subdirector de Liconsa.
El caso de Gavira fue uno de los más mediáticos debido a que presuntamente autorizó la compra, en junio de 2020, de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos. Se presume que usó recursos públicos de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa.
Ante la falta de novedades en el caso, senadores de la República presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República un informe público sobre los resultados de las investigaciones relacionadas con Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Los legisladores solicitaron conocer el número de carpetas de investigación iniciadas, judicializadas y concluidas; el número de personas imputadas, vinculadas a proceso, detenidas y sujetas a medidas cautelares; las órdenes de aprehensión solicitadas, concedidas y cumplimentadas; así como las sentencias, criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios.
También pidieron información sobre los bienes, cuentas, valores o recursos asegurados, decomisados y recuperados, así como aquellos sujetos a reparación del daño. Sin embargo, el punto de acuerdo quedó en comisiones.
Reforma reveló este 31 de agosto que la FGR podrá utilizar 15 pruebas en contra de los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, investigados por la operación irregular de 800 millones de pesos de la extinta Segalmex. Un tribunal confirmó que los elementos aportados por la Fiscalía y Hacienda permanecerán en el proceso.
Según los reportes, los recursos fueron destinados a la compra de bonos privados con la promesa de rendimientos de 11%. Sin embargo, las operaciones estaban respaldadas por fideicomisos sin recursos y constituidos por empresas de los Dávila sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La investigación señala que la empresa de los Dávila, Corafi, recibió los 800 millones entre 2019 y 2020 mediante el fideicomiso CIC/3050. Los recursos –añade- fueron autorizados por René Gavira Segreste, entonces funcionario de Segalmex.
Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Segalmex se fusionó con Diconsa, dando origen a Alimentación para el Bienestar , organismo que actualmente está a cargo de María Luisa Albores González.
La mandataria federal asegura que en este caso de desvío y corrupción “no habrá impunidad”.
