En 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo de México, anunció que al iniciar su gobierno fusionaría las empresas Diconsa y Linconsa, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para crear así el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual fue puesto en marcha en 2019.
Las primeras advertencias sobre lo que pasaba en Segalmex saltaron en septiembre de 2019, cuando medios de comunicación informaron que la dependencia otorgó cientos de millones de pesos en contratos sin licitar.
En junio de 2020, René Gavira Segreste presentó su renuncia como director de Administración y Finanzas de Segalmex, luego de que fue señalado como el presuntamente responsable de haber otorgado dichos contratos de forma irregular.
Ese mismo año, en agosto, la bancada de Morena en el Congreso de Zacatecas —estado donde Segalmex tiene sus oficinas centrales— denunció que "altos funcionarios" del organismo habían repartido 5,000 toneladas de semilla de frijol basura a 110,000 campesinos.
La polémica por los presuntos actos de corrupción en Segalmex creció aún más luego de que en julio de 2021, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la dependencia otorgó 797 millones de pesos (mdp) a una red de empresas fachada que incumplieron con entregar herramientas como pesticidas, costales y lonas que servirían para proteger y almacenar granos como el maíz y el frijol.
En tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que ya investigaba al organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, adjudicaciones directas a empresas fantasma y faltantes en inventarios.
En agosto de 2021, MCCI ventiló una nueva polémica. De acuerdo con su investigación, el organismo había contratado como nuevo gerente de operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.
A esto se suma que en febrero de 2022, en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2020, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Segalmex— por primeras vez— encabezó las irregularidades detectadas, que ascendían en ese entonces a 8,636 millones de pesos.
Ante ello, López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) había emprendido una serie de investigaciones por malos manejos de funcionarios de Segalmex, supuestamente desde antes de que la ASF presentará su informe.
