En materia de desapariciones, las fiscalías acordaron acciones para difundir el protocolo actualizado y capacitar y certificar al personal ministerial, pericial y policial encargado de su aplicación.
También se acordó fortalecer las Fiscalías Especializadas en la materia y prever recursos específicos en los presupuestos de 2027, con el objetivo de que las labores de búsqueda y la atención a las familias cuenten con instituciones con personal e infraestructura suficientes.
En materia forense, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acordaron dar seguimiento a la información que integra el Banco Nacional de Datos Forenses, fortalecer sus registros y mejorar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.
En el marco de la Asamblea, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró también la adopción de un protocolo especializado para investigar delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos.
La ONU-DH documentó que, entre 2016 y 2025, 184 personas defensoras de derechos humanos fueron privadas de la vida y otras 43 fueron desaparecidas en posible relación con su labor.
El protocolo especializado busca que las autoridades identifiquen desde las primeras etapas de una investigación si un delito puede estar relacionado con la labor de defensa de derechos humanos de la víctima.
Además, establece que cuando existan indicios de esa relación, las autoridades deberán analizar de manera prioritaria y agotar las líneas de investigación vinculadas con la labor de defensa.
