El funcionario agregó que durante mayo de 2026 el Gabinete de Seguridad recibió nuevas denuncias contra Lavin Romero y recordó que el alcalde ya había sobrevivido a un ataque armado el 31 de enero de este año.
"Ha habido otra serie de eventos violentos en contra de él y de su familia y la principal línea de investigación es, obviamente, una rivalidad delincuencial que tenía su grupo, su célula delictiva, con otra célula", sostuvo.
El operativo Enjambre
Harfuch precisó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde mediados de abril se reforzó la estrategia de seguridad en Morelos para combatir la corrupción, desarticular las redes de protección institucional de la delincuencia organizada e impedir que servidores públicos favorezcan actividades criminales.
Como resultado de estas investigaciones fueron ejecutadas órdenes de cateo y de aprehensión contra servidores públicos, exservidores públicos, empresarios y particulares presuntamente vinculados con redes de protección a grupos criminales.
Hasta ahora, como parte del operativo Enjambre, entre los detenidos figuran los expresidentes municipales Irving "N" y Agustín "N"; al alcalde de Cuautla, Jesús "N", detenido en Acapulco por delincuencia organizada; al exalcalde de Ayala, Antonio "N"; y a Roberto "N", identificado como operador financiero y logístico de una organización criminal.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un operativo para investigar de manera generalizada a todos los alcaldes del país y afirmó que las indagatorias únicamente se abren cuando existen denuncias y elementos de prueba.
"Lo que no puede hacer el Gabinete de Seguridad es ponerse a investigar a todos los presidentes municipales; esa no es su función. Ahí donde hay denuncia de la ciudadanía, del gobierno del estado o de alguna autoridad que muestra pruebas de que un presidente municipal o presidenta municipal está vinculado, se hacen las investigaciones", afirmó.
La mandataria explicó que las carpetas de investigación son integradas por las fiscalías estatales o por la Fiscalía General de la República y que cualquier acción penal requiere la autorización de un juez.
"Donde hay pruebas se abren carpetas de investigación por parte de las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República y se procede, con orden de juez, a la detención o al citatorio por parte de las autoridades correspondientes", señaló.
