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Autoridades detienen a Alejandro Álvarez Puga en la zona hotelera de Cancún

La detención derivó de la omisión del pago del ISR en 2016, que generó un daño al fisco federal de más 4.6 millones de pesos.
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Alejandro Mario Álvarez Puga fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México. (Foto: X y SSC)

Elementos policiales detuvieron a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, en la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo. Fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Aunque su nombre es mencionado en las investigaciones de la Fiscalía General de la República de la presunta red de operaciones financieras en las que está señalado su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa la conductora Inés Gómez Mont, la detención derivó de la omisión del pago del ISR en 2016, el cual generó un daño al fisco federal de más 4.6 millones de pesos.

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La Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión, pero aclaró que es un evento distinto al que se investiga respecto a su hermano.

“La orden de aprehensión que existía en contra de Alejandro “N”, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina)”, detalló la FGR en un comunicado.

La aprehensión se ejecutó en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Alejandro Álvarez fundó junto con su hermano el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de consultoría jurídica con presencia en México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica, especializada en materia civil, jurídica y mercantil.

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A Víctor Manuel, hermano del detenido, se le acusa junto con su esposa de liderar una presunta organización dedicada a la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía indica que ambos habrían encabezado un esquema para simular operaciones comerciales y de servicios falsos mediante empresas fachada, utilizando contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Según la investigación, el objetivo habría sido lavar dinero y encubrir recursos de origen ilícito, dificultando su rastreo.

Se presume que la organización desvió 2,950 millones de pesos a través de contratos con centros penitenciarios federales.

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