Los fiscales afirman que las pruebas demuestran que García Luna colaboró con el Cártel de Sinaloa; facilitó sus operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos millonarios.
En febrero de 2024, tras un juicio de cinco semanas en una corte federal en Brooklyn, un jurado declaró culpable al exfuncionario de cinco cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.
Los fiscales destacaron que la condena fue respaldada por testimonios y evidencia documental que probaban su vinculación con la organización criminal. El 18 de octubre de ese mismo año, el juez Brian Cogan le impuso una pena de 38 años y tres meses de prisión, con fecha estimada de liberación en 2052.
García Luna, quien ya fue trasladado en varias ocasiones, actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.
A pesar de la sentencia, la defensa de García Luna presentó una apelación ante la Corte, pues argumenta diversas irregularidades, como el supuesto perjurio de algunos testigos, fallos en la entrega de pruebas y la admisión de evidencia patrimonial innecesaria. Además, se alegó que hubo limitación en los contrainterrogatorios y que no pudieron acceder a pruebas clasificadas.
No obstante, los fiscales rechazaron estos argumentos, pues aseguran que el proceso cumple con todos los requisitos de transparencia, además de que más de un millón de documentos fueron entregados a la defensa como parte del procedimiento judicial.
En respuesta, el gobierno solicitó que la apelación sea desestimada y que la condena sea ratificada. Corresponde al tribunal de apelaciones evaluar los argumentos de ambas partes. En función de esto, se puede confirmar la sentencia, ordenar un nuevo juicio o, en un escenario menos probable, anular la condena.
