Ante el auge inmobiliario y la contaminación de granjas, Yucatán impulsa nuevo modelo de conservación ambiental

Además de recursos públicos que el gobierno estatal, el Ayuntamiento de Mérida y organizaciones aliadas deberán igualar “peso a peso”. En total, el esquema prevé movilizar más de 20 millones de dólares para proteger más de 581,000 hectáreas del territorio yucateco.

El crecimiento inmobiliario y la presión sobre el agua

En entrevista, la secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Neira Silva Rosado, reconoció que el crecimiento urbano acelerado y desordenado ya genera impactos visibles sobre el agua, los manglares y las reservas naturales del estado.

“Este boom de crecimiento inmobiliario ya ha venido a desatar diferentes problemas. La verdad es que ahí tenemos ya problemas con el agua. Hay algunas zonas donde ya hay escasez de agua porque no nos da para poder sacar tanta agua, sobre todo cuando existen desarrollos inmobiliarios como edificios y todo lo que genera el crecimiento de una población de manera desorganizada o de manera tan rápida que no nos permite crecer a la par toda la parte de la infraestructura”, afirmó.

La funcionaria señaló que la expansión inmobiliaria y la especulación sobre terrenos costeros también están detrás de parte de la degradación de manglares en Yucatán.

“Lo que tiene que ver es esta parte del crecimiento inmobiliario, de la especulación de poder tener casas en esa zona. Eso ha generado toda esta parte de afectación. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo se regula el crecimiento humano y el desarrollo que se está teniendo en esta zona”, dijo.

Silva Rosado admitió, además, que las autoridades ambientales suelen llegar tarde a las zonas con desmontes o tala ilegal.

Esto ocurre debido a la falta de vigilancia permanente por parte de las autoridades correspondientes.

“De repente, cuando entran a talar, cuando nosotros nos enteramos, ya pasó un día, ya pasaron dos días, porque no podemos tener esa permanencia en las áreas naturales protegidas. Entonces, proyectos como éste nos permiten tener gente que esté en campo, que esté apoyando todo el tiempo y fortaleciendo capacidades”, explicó.

En Yucatán, para el período de 2016 a 2025, el Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal (SICAMFOR) estimó una pérdida de cobertura forestal de 180,967 hectáreas. Resalta el municipio de Tizimín, que tuvo una pérdida neta de 3,374 hectáreas de terrenos forestales, debido principalmente a la expansión de la agroindustria y la ganadería.

Por ello, uno de los principales objetivos de “Herencia Maya”, según se dio a conocer, será financiar guardaparques, brigadas permanentes contra incendios, sistemas de monitoreo y acciones de restauración ambiental en zonas como el Anillo de Cenotes y la Reserva Biocultural del Puuc.

Granjas porcícolas, otro foco rojo ambiental

Además del crecimiento inmobiliario, la industria porcícola es, al día de hoy, uno de los sectores bajo mayor vigilancia ambiental en Yucatán debido al manejo de aguas residuales y al impacto que esas aguas tienen sobre cenotes, acuíferos y comunidades.

Hace apenas unas semanas atrás, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificó el retiro total de 41,570 cerdos de la granja Santa María, operada por Pecuaria Peninsular, en el municipio de Santa María Chi, tras la clausura definitiva impuesta en septiembre de 2025 por incumplimientos ambientales reiterados.

De acuerdo con la Profepa, la empresa descargaba aguas residuales sin autorización y omitió la caracterización de lodos, además de incumplir medidas correctivas. La clausura derivó también en una multa por más de 18.6 millones de pesos.

El caso se convirtió en uno de los conflictos ambientales más visibles de la península luego de años de denuncias de comunidades mayas y organizaciones civiles que acusaron afectaciones al agua y a la salud derivadas de la operación de la granja.

La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, sostuvo que el retiro de animales y el proceso de remediación representan una respuesta a reclamos históricos de las comunidades.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Sustentable aseguró este martes que el gobierno estatal también mantiene acciones de supervisión sobre granjas porcícolas y trabaja con el sector para modificar procesos de operación y manejo de residuos.

“Una de las acciones es, obviamente, la supervisión y clausura de todas esas granjas que no estaban haciendo un tratamiento adecuado de sus aguas residuales. La otra es también junto con la industria empezar a ver cuáles son sus sistemas y qué mejoras pueden hacer para evitar alguna eventualidad de contaminación”, explicó.

Silva Rosado confirmó que actualmente solo una de las 157 granjas que se estima hay en el estado ha sido cerrada de manera definitiva, aunque, dijo, existen otros procesos abiertos para que instalaciones regularicen incumplimientos ambientales detectados durante inspecciones.

“Ahorita ya totalmente cerrada sí tienes una, que es la que ya se dijo. Hay otras granjas que cuando se hizo su revisión no estaban cumpliendo con algún detalle y lo que se hace es pedir que solucionen para que puedan tener la mejora del tipo de operación”, indicó.

La funcionaria también adelantó que el estado desarrolla un sistema de monitoreo permanente de calidad del agua para detectar puntos críticos de contaminación.

“No podemos hablar de que la contaminación está en todo. Tenemos focos rojos, tenemos que empezar a buscar dónde están esas zonas con contaminación puntual y trabajar en esas zonas. Lo que estamos haciendo es justamente buscar sistemas de monitoreo del agua en tiempo real”, señaló.

Manglares y cenotes, en riesgo

En toda la península de Yucatán, la expansión agrícola, la urbanización, el turismo y otras actividades humanas también están contaminando las aguas subterráneas y cenotes, impulsando la sobreexplotación y degradación de manglares, poniendo en peligro las poblaciones de fauna silvestre y amenazando con borrar un legado cultural ancestral.

El propio gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, reconoció este martes, durante la presentación del programa, que durante años existió deterioro ambiental en la entidad, aunque aseguró que su administración busca impulsar un modelo distinto de crecimiento.

“Durante muchos años los recursos naturales fueron vistos como algo inagotable. Hubo deforestación, deterioro ambiental. Nosotros decidimos cambiar esa visión. Este gobierno tiene claro que el desarrollo no puede darse destruyendo el patrimonio natural de Yucatán. Al contrario, queremos crecer cuidando lo que le pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos”, afirmó.

El mandatario informó que, desde 2024 a la fecha, ya se han sembrado más de 500,000 árboles y anunció una meta de 1.2 millones durante su administración.

“No se trata solo de plantar árboles, se trata de recuperar selva, generar vida, capturar carbono y asegurar que las próximas generaciones disfruten de un estado verde lleno de riqueza natural”, sostuvo.

También aseguró que se buscan terrenos fuera de zonas de manglar para construir vivienda en puertos yucatecos.

“Nos ha autorizado la presidenta Claudia Sheinbaum la construcción de viviendas para los puertos de Yucatán buscando terrenos después de los manglares para quitar el pretexto de la invasión de manglares a causa de que se necesitan espacios para vivienda”, indicó.

En tanto, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, advirtió que la reserva ecológica de Kúxtal, que provee el 50% del agua de la ciudad de Mérida y es hogar de 168 especies de aves, también enfrenta presiones permanentes derivadas del crecimiento urbano irregular.

“Todos los días recibimos denuncias de desmontes, denuncias de que se están construyendo viviendas que a todas luces no cuentan con ningún permiso. La ciudad está creciendo y, por supuesto, es una amenaza permanente”, sostuvo.

Destacó así que el crecimiento de la capital yucateca no puede desvincularse de la protección ambiental.

“Mérida no puede crecer sin Kúxtal y Kúxtal no puede sobrevivir sin una ciudad decidida a cuidarla de manera consciente”, expresó.

Patrón Laviada subrayó que las reservas naturales no pueden depender únicamente de la voluntad política de cada administración.

“Una reserva natural no puede sobrevivir a saltos de proyectos, ocurrencias de administración en administración. Necesita permanencia y necesita guardianes que no cambien cada tres años”, afirmó.

Al respecto, la directora de WWF México, María José Villanueva Noriega, agregó que la degradación de manglares, ecosistemas costeros vitales que funcionan como una barrera natural contra huracanes y la erosión, no solo está relacionada con la tala directa, sino también con alteraciones en los flujos hídricos provocadas por infraestructura, carreteras y desarrollos urbanos en Yucatán.

“Muchas veces el manglar se muere porque se obstruyen esos flujos con construcción de carreteras, con construcciones de casas”, explicó.

Villanueva subrayó así que los manglares dependen de todo el sistema hídrico subterráneo de la península, por lo que cualquier contaminación o modificación tierra adentro termina impactando la costa.

“Tenemos que entender que el manglar es el último eslabón de toda la cuenca. Aquí los ríos son subterráneos y toda el agua que se produce en la región termina saliendo a los manglares. Todo lo que pasa en medio hay que cuidarlo para que no se contamine”, sostuvo.

Añadió que la restauración de manglares es un proceso complejo y de largo plazo, ya que recuperar un ecosistema funcional puede tardar entre cinco y 10 años o incluso más.

“Muchas veces el trabajo no es sembrar plantas, sino abrir canales para que vuelva a fluir el agua. Es como destapar una arteria”, explicó.

Por ello destacó que "Herencia Maya" representa el primer modelo estatal de Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP, por sus siglas en inglés), implementado en México, un mecanismo internacional que busca asegurar recursos de largo plazo para conservación ambiental, así como reforzar la protección y gestión de más de 275 kilómetros de la costa norte de Yucatán, y más de 54,000 hectáreas de manglares.

“Generalmente, los PFP ocurren a nivel nacional o con áreas protegidas federales. Por eso 'Herencia Maya' es tan especial, porque es el primero que se avienta un gobierno estatal. Eso es muy positivo”, sostuvo en entrevista.

Empresas entran al financiamiento ambiental

En el financiamiento del programa "Herencia Maya" participan también empresas privadas. Bepensa, —grupo empresarial mexicano fundado en el año 1946 en Mérida, conformado por más de 40 compañías agrupadas en cinco divisiones de negocios: bebidas, motriz, industrial, spirits y servicios financieros—, y The Coca-Cola Foundation, aportarán más de 2 millones de dólares al fondo ambiental.

La participación empresarial fue presentada por los organizadores como uno de los pilares para sostener el modelo de conservación de largo plazo y garantizar recursos más allá de los presupuestos públicos.

Agustín Menéndez Reyes, director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Bepensa Bebidas, en entrevista, resaltó la intervención del sector privado debido a que, sostuvo, la seguridad hídrica es estratégica tanto para la industria como para las comunidades de Yucatán.

“Estamos hablando del sistema hídrico subterráneo más extenso del mundo. Entonces no solo le estás dando a Yucatán la oportunidad de conservar mejor sus áreas naturales protegidas, su biodiversidad, su flora y su fauna, sino que contribuyes a un impacto positivo en términos generales del entorno y del medio ambiente”, afirmó en entrevista.

El empresario sostuvo que las 11 áreas naturales protegidas incluidas en el programa abarcan cerca del 15% del territorio estatal y aseguró que el esquema permitirá mantener acciones permanentes de conservación.

“Hoy nosotros queremos, y nos sentimos muy orgullosos, con toda la responsabilidad que esto conlleva, de liderar junto con WWF esta primera etapa de 'Herencia Maya'. Entendemos que somos una empresa que puede contribuir a que este tipo de proyectos existan y tengan verdaderamente un impacto positivo en el entorno”, dijo.

Menéndez Reyes también defendió la necesidad de que más compañías participen en este tipo de proyectos ambientales.

"Necesitamos juntarnos, necesitamos tener un llamado a la acción colectiva para que los esfuerzos puedan dar su mejor versión, porque si los esfuerzos se aíslan y se vuelven individuales, el impacto se reduce a nada”, agregó.

En este mismo sentido, la directora general de WWF México también hizo un llamado al sector privado para que más empresas se sumen a esquemas de financiamiento ambiental de largo plazo como “Herencia Maya”, al considerar que la conservación de ecosistemas estratégicos no puede sostenerse únicamente con recursos públicos.

Villanueva señaló que uno de los mayores retos para concretar este tipo de proyectos fue, precisamente, la recaudación de fondos y convencer a empresas y fundaciones de participar en mecanismos permanentes de conservación ambiental.

"Necesitamos que más empresas pongan financiamiento para mantener esa naturaleza intacta y que ellos puedan seguir trabajando".

La ambientalista sostuvo que México tiene las condiciones económicas y empresariales para replicar modelos similares en otras entidades del país, especialmente en estados con alta biodiversidad y presión ambiental.

“Yo estoy convencida de que México tiene la economía que se necesita y tiene el liderazgo de las empresas para hacerlo. Esperemos que este inicio, donde había cierto escepticismo, muestre lo contrario”, dijo.