Rumbo al T-MEC, agroexportaciones de aguacate y berries quedan bajo lupa por certificación laboral y deforestación

En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajo, fueron promulgados por la presidenta, diversos cambios legislativos que incorporan mecanismos de verificación laboral y ambiental en la producción agrícola destinada a exportación por lo que faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para emitir un Certificado Laboral para la Agroexportación, que acredite el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social a lo largo de la cadena productiva.

Su objetivo es que el comercio agroalimentario se desarrolle "bajo estándares verificables de cumplimiento laboral y libre de deforestación”, alineando la política comercial con compromisos internacionales como el propio T-MEC, cuyos capítulos laboral y ambiental, obligan a garantizar derechos laborales y protección de los recursos naturales.

El viernes pasado también fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Comercio Exterior.

La Secretaría del Trabajo ya trabaja sobre dichas disposiciones y se prevé que la construcción dos meses esté lista Velagro, la plataforma digital mediante la cual se emitirán estos certificados.

La plataforma y el certificado comenzarán a operar bajo un programa piloto con las empresas agroexportadoras de aguacate, el cual tendrá una duración de 12 meses, para favorecer el diálogo constante y acompañamiento a la industria en el desarrollo de esta nueva certificación.

Posteriormente, se realizará, de manera paulatina, la incorporación de otros productos en los cuales México destaca como potencia agroexportadora.

Cada producto sujeto a regulación no arancelaría contará con su respectiva normativa y un programa piloto para acompañar al sector productivo en el cumplimiento.

El compromiso de las autoridades es que su emisión será mediante plataforma, sin tramites presenciales y sin costo para las empresas y sujetos obligados.

Deforestación, agua y expansión agrícola

De acuerdo con datos de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la agroindustria mexicana ascendió en el segundo trimestre de 2025 a 3.27 billones de pesos corrientes, lo que representa el 9.1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Dentro de este sector, el aguacate y los frutos rojos —fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos— se han consolidado como productos estratégicos.

El aguacate, por sí solo, genera exportaciones superiores a los 3,500 millones de dólares anuales, con Estados Unidos como destino de más del 80% del volumen.

A esto se suma el crecimiento sostenido de las berries, cuya producción supera el millón de toneladas anuales, concentrada principalmente en Michoacán, Jalisco y Baja California y cuyo mercado principal de exportación es Estados Unidos, pero también a países de Medio Oriente, Sudeste Asiático y de la Comunidad Europea.

Si bien la derrama económica es trascendental, cabe resaltar que sus impactos ambientales también lo son y es que conforme a datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, cerca del 22% de la pérdida de ecosistemas forestales entre 2001 y 2024 se debe a la conversión de terrenos a uso agrícola, equivalente a más de 44,000 hectáreas deforestadas por año.

A ello se suma el alto consumo de recursos. De acuerdo con autoridades ambientales, un árbol de aguacate puede consumir el equivalente hídrico de 14 pinos, lo que agrava la presión sobre el agua en regiones productoras. En este contexto, la trazabilidad ambiental y laboral es no solo un requisito normativo, sino también comercial.

Un análisis elaborado por especialistas del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM también reveló recientemente que la superficie de cultivo aumentó 20 veces entre 1974 y 2024, al pasar de 13,045 hectáreas a 266,109 en ese lapso, lo que ha causado deforestación de bosque.

Capacidad operativa y costos

Desde el sector empresarial, las preocupaciones se han centrado en la implementación y los costos de la certificación.

Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió previo a la aprobación del dictamen, que el volumen de productores que deberán certificarse es considerable: “vas a tener una cantidad muy grande de productores mexicanos que se van a tener que certificar para poder exportar”.

Esto, explicó, implicará no solo procesos administrativos, sino también capacitación, adecuación de prácticas productivas y cumplimiento de auditorías.

En particular, Esteve señaló que los esquemas de certificación incluyen verificaciones mediante herramientas como imágenes satelitales para comprobar la no deforestación, lo que puede dejar fuera a productores con antecedentes de cambio de uso de suelo, incluso si actualmente cumplen con la normativa.

En tanto, Luis Fernando Haro, director general del CNA, coincidió en que existe una “preocupación real con el sector” ante la falta de claridad en los protocolos y la capacidad institucional para operar el sistema de certificación.

“No vaya a ser un tema de una barrera… no va a haber capacidad del gobierno para atenderlos”, advirtió.

En temporadas altas, explicó, miles de cargamentos cruzan diariamente las fronteras, lo que dijo, también se tienen dudas sobre la viabilidad de exigir certificaciones sin generar cuellos de botella logísticos.

Otro de los puntos críticos, apuntaron, es la complejidad de la cadena productiva. A diferencia de otros sectores, en la agroexportación intervienen múltiples actores: productores, intermediarios, empacadores y exportadores.

Haro subrayó que la responsabilidad de cumplimiento no está claramente delimitada, lo que complica la implementación. “En muchos casos, el exportador no es el productor directo, lo que obliga a certificar a todos los eslabones del proceso”, dijo.

A ello se suma un problema estructural en materia de seguridad social, pues los productores señalaron que el sistema presenta deficiencias que desincentiva el cumplimiento.

El presidente del CNA señaló que, en muchos casos, las empresas cumplen con las contribuciones, pero los trabajadores no reciben servicios adecuados debido a la falta de infraestructura médica o insumos.

Incluso, advirtió que esto genera un doble costo para los empleadores: por un lado, el pago obligatorio al sistema de seguridad social, y por otro, el gasto directo para atender necesidades de salud de sus trabajadores ante la insuficiencia de los servicios públicos.

Frente a este escenario, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) firmaron apenas en abril un convenio con la industria aguacatera para frenar la deforestación, que incluye:

-Detener cambios ilegales de uso de suelo.
-Implementar prácticas sustentables.
-Establecer esquemas de compensación ambiental.

No obstante, especialistas advierten que estas medidas son insuficientes para revertir los problemas estructurales causados por la agroindustria.

Josefina Cendejas Guízar, investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aseguró en entrevista que el impulso a la certificación responde principalmente a presiones externas y que no buscan resolver los daños socioambientales, sino mejorar la imagen del aguacate mexicano en mercados internacionales, sin atender la evidencia científica existente.

Desde su perspectiva, el diseño actual de los instrumentos regulatorios privilegia la lógica de cumplimiento para exportación —es decir, mantener acceso a mercados— por encima de la atención de impactos acumulados en territorio.

En ese sentido, advirtió que la certificación corre el riesgo de convertirse en un mecanismo reputacional más que en una herramienta efectiva de regulación.

Además, expuso, la certificación presenta limitaciones estructurales, pues dijo que al ser voluntaria, no es vinculante y, por lo tanto, no implica sanciones ni una vigilancia activa realmente por parte del gobierno.

La especialista explicó que esto implica que los productores que incumplen pueden mantenerse fuera del esquema sin consecuencias inmediatas, mientras que aquellos que sí cumplen asumen costos adicionales sin que exista necesariamente un piso parejo en el mercado.

La investigadora consideró que hay también una ausencia de instrumentos robustos de reparación ambiental, además, aunque los nuevos acuerdos contemplan compensaciones, apuntó no existe un sistema claro y obligatorio para restaurar los daños ya ocasionados por el cambio de uso de suelo.

En tanto que tampoco se establecen límites explícitos a la expansión de la frontera agrícola, lo que deja intacto uno de los motores principales de la deforestación.

Este crecimiento, insistió la investigadora, no ha sido homogéneo ni ordenado, sino que alertó también está asociado a procesos de cambio ilegal de uso de suelo, presión sobre fuentes de agua y conflictos en comunidades rurales, como ella misma lo ha constatado en sus investigaciones en el campo de Michoacán.

Advirtió también que los impactos no son únicamente ambientales, pues la expansión agroindustrial también ha modificado dinámicas sociales y económicas locales, generando procesos de concentración de tierras, desplazamiento de actividades tradicionales y, en algunos casos, condiciones de violencia vinculadas al control de territorios productivos.

Desde esta perspectiva, resaltó, la certificación resulta insuficiente si no se acompaña de políticas de ordenamiento territorial, vigilancia efectiva y fortalecimiento institucional.