“Nos dicen que siguen investigando, que siguen buscando, pero nosotros seguimos sin saber dónde están nuestros hijos. No vamos a dejar esta lucha hasta llegar a la verdad”, afirmó.
Por su parte, otros padres acusaron al gobierno federal de mantener protegidos a funcionarios que consideran clave para el esclarecimiento de los hechos y criticaron que se criminalicen las protestas de familiares y colectivos de búsqueda.
Organizaciones y Amnistía Internacional condenan criminalización
A las denuncias de los padres y madres de Ayotzinapa se sumaron colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y centros de investigación, quienes acusaron un patrón de obstaculización y criminalización contra familiares de personas desaparecidas durante actividades realizadas en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026.
A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que entre el 4 y el 11 de junio familias buscadoras de distintas entidades aprovecharon la atención internacional generada por el Mundial para visibilizar la crisis de más de 134,000 personas desaparecidas en México. Sin embargo, denunciaron que la respuesta de las autoridades consistió en cercos policiales, encapsulamientos y acciones para impedir o desalentar las manifestaciones.
El posicionamiento fue respaldado, entre otros, por los colectivos Huellas de la Memoria, Glorieta de las y los Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Red Regional de Familias Migrantes, Fundación para la Justicia, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Las organizaciones también criticaron las declaraciones realizadas por autoridades federales sobre el financiamiento de las movilizaciones de familias buscadoras provenientes de Jalisco, al considerar que esos señalamientos contribuyen a la estigmatización de quienes exigen verdad y justicia.
Por ello, exigieron el cese de cualquier acción que criminalice o inhiba la protesta social, garantías para el libre ejercicio del derecho a la manifestación, el esclarecimiento de la retención del contingente de Ayotzinapa y una respuesta institucional efectiva a las demandas de búsqueda, verdad y justicia.
"En lugar de cuestionar quién financia los traslados de las familias, el Estado debería responder a la emergencia humanitaria que representa la desaparición de más de 134 mil personas en México", señalaron las organizaciones.
Amnistía Internacional pide garantizar la protesta pacífica
Ante estos hechos, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades federales y de la Ciudad de México para garantizar plenamente el derecho a la protesta pacífica.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que las autoridades tienen la obligación de facilitar las manifestaciones y evitar cualquier forma de intimidación, represión o uso innecesario de la fuerza.
La organización subrayó que las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones y para impulsar acciones de búsqueda, identificación y acceso a la justicia.
Asimismo, sostuvo que las demandas de las víctimas deben poder expresarse libremente, especialmente en un contexto de alta atención pública como el generado por el Mundial 2026.
