Las organizaciones insistieron en que el fracking y su discusión no es solo un problema técnico, sino de fondo político y que la única forma de que este comité tenga credibilidad es que su mandato no esté sesgado de origen, con la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, con apertura a tener deliberaciones públicas, sin excluir a las comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial.
En ese sentido, la solicitud lanzada desde la Alianza es que el comité tenga la facultad explícita de evaluar todos los escenarios posibles, incluida la prohibición de la técnica.
También han planteado la necesidad de transparentar los criterios de selección de sus integrantes, así como posibles conflictos de interés y las fuentes de información que sustentarán sus conclusiones.
Las organizaciones coincidieron en que, de confirmarse en los próximos días, el comité deberá operar bajo principios básicos de apertura.
“Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking”, apuntó el comunicado.
Hace unos días, en entrevista, Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, expresó preocupación por la forma en que se integrará el comité.
“Nos preocupa la independencia de este grupo de científicos… que venga directamente de presidencia nos hace pensar en que no habrá tanta independencia en los dictámenes”, apuntó.
En tanto que Beatriz Olivera, directora de Engenera, subrayó que el debate no puede centrarse únicamente en la viabilidad técnica.
“Me parece muy bien que se forme ese comité… pero creo que este comité debería… evaluar qué tanto hay otras alternativas para evitar hacer fracking”, dijo.
Olivera apuntó que el comité podría ser útil solo si amplía su enfoque. “Que no solamente sirva para saber si se puede o no se puede hacer… sino evaluar qué tanto hay otras alternativas para evitar hacer fracking”.
Mientras que desde la academia, el economista Antonio Ruiz Porras, académico de la Universidad de Guadalajara, en entrevista, explicó que el fracking, es una técnica que ya se utiliza en México desde hace más de 10 años en estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, "particularmente en Pemex para efectos de extraer gas natural”, debido a que responde a una necesidad estructural, dado que “México es completamente dependiente del gas… ese es el principal problema”, coincidió en que el debate está mal planteado, particularmente en torno al papel del comité técnico anunciado por el gobierno.
El especialista subrayó así que el principal argumento a favor de esta técnica es la alta dependencia energética del país. “México es completamente dependiente del gas… entre 65 y 70% de lo que se consume se produce en el extranjero”, dijo.
Por lo que advirtió que eliminar el fracking implicaría costos significativos, pues además de que el país seguiría siendo completamente dependiente de la importación de gas, también implica el riesgo de perder inversiones en fracking estimadas en 32,000 millones de dólares.
“Si no hubiera fracking… seguiríamos siendo completamente dependientes… y se perderían inversiones como por 32,000 millones de dólares”, apuntó.
En ese sentido, insistió en que el eje central no debe ser aprobar o rechazar la técnica, sino anticipar sus efectos.
“Más que estar discutiendo sobre el sí o no… por razones económicas y energéticas, yo creo que la respuesta es sí, pero la discusión debe ser sobre el cómo prevenir potenciales problemas asociados al fracking, y eso es lo que no se ve”, dijo.
Sobre la integración del comité, Porras consideró también que es indispensable que no se limite a un grupo reducido de especialistas.
“Debe ser un comité interdisciplinario… se necesitan geólogos, especialistas en recursos hídricos, abogados… e incluso debe ser un asunto médico, debe haber especialistas en medicina, en derecho, en geología, en energéticos”.
Además, cuestionó la falta de apertura en su diseño. “No se ha visto una mayor participación de la sociedad… más bien parece que se está limitando el acceso a la participación social a partir de la idea de justificar un comité que hasta este momento no ha quedado bien definido”, dijo.
"Si no hubiera fracking, no habría razones para innovar en términos de regulación. ¿A qué me refiero con regulación? regulación medioambiental, regulación del agua, de los usos del agua, regulación en términos de salud . O sea, no habría ningún incentivo. Yo creo que el fracking genera la la oportunidad de mejorar las regulaciones en esos ámbitos, pero pues si no hay fracking, no va a haber ningún incentivo", agregó.
"Sí hay costos bastante fuertes, que debemos señalar si no hubiera fracking, o sea, por una parte es un problema energético y económico, indudablemente. Por otra parte, es un problema de falta de mejora en las regulaciones nacionales y además, obviamente teníamos un problema de dependencia", agregó.
En ese sentido, el especialista advirtió que posponer decisiones en materia energética podría resultar más costoso a largo plazo. No obstante, insistió en que avanzar sin planeación ni regulación adecuada podría derivar en consecuencias sociales y ambientales graves.
“El reto es encontrar un equilibrio entre la seguridad energética y la protección de los recursos naturales. Esa es la discusión que realmente se debe dar”, concluyó.
