Sobre los argumentos presentados por el gobierno en los que enumera un listado de 10 acciones, leyes y reformas, señalaron que aunque en papel suenan bien, en la práctica “no encuentran a nadie”.
Para los colectivos, la decisión del CED confirma que “la crisis ha superado la capacidad del Estado” y la disputa por el diagnóstico no les devuelve a sus hijos. Es por ello que plantearon cuatro exigencias.
Reconocimiento de responsabilidad: Que el Estado asuma el carácter grave y sistemático de la crisis, tal como los señala el CED.
Cooperación sin condiciones: Aceptar la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata.
Justicia real: Acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y el fin de la “limpieza” de cifras en el Registro Nacional.
Diálogo sin descalificaciones: Nuestra exigencia de verdad no tiene partido ni agenda oculta, nuestra única agenda es encontrarles.
Los colectivos señalaron que no aceptarán que se les siga tratando como un “problema incómodo” que se resuelve a través de comunicados indignantes. Además advirtieron que las desapariciones no son cosa del pasado que requiere de compromiso y acciones y “no ponerse a la defensiva”.
A esta condena también se sumó el colectivo “Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León”, una organización surgida en el año 2012, que señaló que la respuesta del gobierno mexicano “muestra que su interés no es la búsqueda” de sus seres queridos.
