Dania Ravel: Nuevos consejeros deben de ser personas con criterios jurídicos y operativos, no políticos

En entrevista con Expansión Política, la maestra en Derechos Humanos por la Universidad Juárez reconoce que la situación se resume en una frase: “El INE con el que llegué es muy distinto al INE con el que me voy”.

La ley a la que se refiere la consejera es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) reformada en octubre de 2024 y a través de la cual se modificaron las facultades de la Junta General Ejecutiva para que pudiera tomar acuerdos, sin necesidad de pasar por el consejo.

“Vimos la merma en el Consejo General como máximo órgano de dirección”, dice la consejera y recuerda que aunque las modificaciones que dotaron de “super facultades” a la consejera presidenta fueron impugnadas, ahora están en firme.

Esta merma ya había comenzado tiempo atrás. En 2023, con el cambio de consejerías –que incluyó la salida de Lorenzo Córdova – se presentó una renuncia masiva de la Junta General Ejecutiva, lo que incluyó la Secretaría Ejecutiva.

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“A mí me parece que de eso no se ha levantado por completo el instituto.

“Más allá de la pérdida de conocimientos técnicos especializados, de la experiencia de las personas que se fueron, pues es evidente que ahorita todavía no podemos tener todas las titularidades”, expone.

En la actual conformación del INE, detalla, persisten 10 áreas con encargados de despacho, seis en las direcciones ejecutivas y cuatro en las unidades técnicas.

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Avances en inclusión en riesgo

Más allá de los retos institucionales, Ravel Cuevas destaca la capacidad del INE para evolucionar y adaptarse a una nueva realidad política. Algunos hitos que demuestran este potencial son la organización de elecciones en contexto de pandemia y la consolidación de acciones afirmativas en materia de paridad e inclusión.

Programadas para celebrarse en junio de 2020, los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, para renovar el Congreso y 84 ayuntamientos, respectivamente, sirvieron de prueba para la organización del proceso electoral de 2021, en el que se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados.

Además de los protocolos de bioseguridad, durante estos comicios se aceleró la adopción de tecnología en la organización electoral, particularmente con el uso de urnas electrónicas. Según datos del INE, esta modalidad generó confianza en 7 de cada 10 votantes en 2020.

Este modelo de votación volvió a implementarse en Jalisco y Coahuila en la elección intermedia de 2021 y para 2024, marcó un hito histórico al utilizarse por primera vez en unos comicios presidenciales. Se instalaron 300 urnas electrónicas en Ciudad de México, Nuevo León y el extranjero.

Los cambios no han sido solo a nivel técnico, Ravel Cuevas destaca las acciones afirmativas encaminadas a una mayor inclusión, entre estas están, que las personas puedan acceder a una credencial con el género que se identifican, la inclusión en las candidaturas de personas afroamericanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de personas migrantes.

Con estos antecedentes, la consejera considera crucial que quien ocupe las posiciones que dejarán vacantes ella misma, la consejera Claudia Zavala y el consejero Jaime Rivera, a partir del 3 de abril, se cubran con los perfiles idóneos.

“Deben de ser personas con conocimiento técnico y con un perfil, con un prestigio que convenza a todas las fuerzas políticas de que son personas que van a actuar correctamente, con criterios jurídicos y no políticos, operativos y técnicos y no políticos”, dice.

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Para Ravel Cuevas, la visión de quienes ocupan una consejería “puede cambiar el rumbo de decisiones fundamentales”, como ocurrió con la reforma de paridad en todo de 2019. Aunque los consejeros que no estaban de acuerdo, el consenso entre las consejeras y el voto de un consejero recién llegado se logró el cambio.

“En las conversaciones internas el (nuevo) consejero Martín Faz, luego, luego, dijo ‘yo voy con eso’. Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz (recién designadas) también. Más las tres que estábamos Adriana (Favela), Claudia (Zavala) y yo, y éramos seis. Con eso ya teníamos la mayoría del Consejo”.

Sin embargo, todos esos avances puedes diluirse. Para Ravel Cuevas, el INE debe proseguir la defensa de su autonomía presupuestal, pues los recortes realizados durante los últimos años a la par del aumento de facultades como la organización de consultas de revocación de mandato o de elecciones judiciales afectan las conquistas.

Un ejemplo que destaca es la elección judicial de 2025. La consejera señala que no solo no se garantiza lo avanzado, sino que hubo una regresión ya que se afectaron los derechos políticos de las y los mexicanos.

“(El recorte) implicó que no pudiéramos tener voto de personas en prisión preventiva, voto de personas mexicanas residentes en el extranjero, que no pudiéramos tener material específico para que las personas con discapacidad visual pudieran votar. Tuvimos que poner menos casillas”, dice la consejera.

Ese año, la Cámara de Diputados aplicó un recorte presupuestal de 13,476 millones de pesos al INE, lo que obligó al árbitro electoral a realizar ajustes para evitar afectaciones en la calidad del proceso. Además de que, a decir de la consejera, es violatorio de tratados internacionales.

“Si no puedes por falta de recursos garantizar la inclusión, garantizar temas de derechos humanos para grupos en situación de discriminación, pues eso no abona al principio progresividad”, apunta.

Los desafíos durante ese proceso no solo fueron por falta de recursos, ya que durante la organización de la elección judicial se tuvieron que emitir reglas para subsanar vacíos. Sobre todo porque la labor del INE es garantizar la certeza y mantener la confianza ciudadana.

“En plena implementación de la reforma tuvimos problemas con el marco geográfico que no se ajustaba en lo absoluto con el marco geográfico electoral, con el registro de candidaturas (función) que se no se dio al INE y generó listas incompletas, con errores ”, afirma.

Libertad de voto en riesgo

Ravel Cuevas, quien además es experta en transparencia y acceso a la información pública, al igual que su compañera Claudia Zavala no deja el INE del todo, pues en conjunto con el consejero Jaime Rivera, están en medio de un proceso abierto por el Órgano Interno de Control (OIC) por el sentido de un voto.

Esto es a raíz de una denuncia presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, por la decisión del INE de posponer la organización del ejercicio de revocación de mandato como consecuencia del recorte presupuestal de 2022.

“Lo más grave y lo que más debe de preocupar (es) que se inicia un procedimiento por el sentido del voto, por la opinión que tuvimos varias consejerías basadas en cuestiones técnicas, operativas, jurídicas y que expresamos la justificación, la fundamentamos en una sesión pública y en un documento”, dice.

Las consecuencias son institucionales e individiales, dice. Por un lado "merman la autonomía" de las consejerías al no poder decidir en libertad y por el otro, es una afectación al prestigio de los consejeros y manda un mensaje a quienes les sucederán en el cargo de que sus decisiones podrán ser objeto de sanción.

“Además de la injusticia, porque también es un desprestigio a tu nombre, porque a final de cuentas se ve que se tiene ahí un procedimiento de responsabilidad administrativa, en lo que se aclara, hay un señalamiento y una afectación al prestigio”, dice.

El OIC debe además pronunciarse sobre los argumentos del INE, que en su momento salió en defensa de los consejeros durante la investigación. Sin embargo, el organismo lleva casi cuatro meses con el asunto congelado.

Esto implica también una afectación a sus derechos laborales, ya que según los manuales del INE, al estar abierto el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra esto les impide acceder a una liquidación, explica la consejera.

Ravel Cuevas expone que todas las decisiones son impugnables ante el Tribunal Electoral pero pretender sancionar por el voto emitido es grave.

“Hacerlo así, me parece que tiene un impacto directo sobre la libertad del voto.

“(Esto) merma la autonomía del instituto porque le resta independencia la actuación a las consejerías electorales. Por eso como precedente, es muy peligroso y es pésimo”, indica.