Los proyectos que fueron presupuestados como si no representaran ningún gasto son precisamente tres estrechamente vinculados con derechos al voto que es la actividad fundamental del INE: el Proceso Electoral Federal, dos de Procesos Electorales Locales y uno para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual o laboral.
Además sólo se presupuestó el pago del primer semestre del año para personas trabajadoras del INE pero que están por honorarios, y que en promedio tienen 7.4 años de antigüedad, pero algunas tienen hasta 26 años sirviendo al Instituto.
En el caso del presupuesto precuatorio para la consulta popular (que ya no se necesitará), el INE también había acordado, con el voto de la mayoría, no incluir gasto para el voto anticipado, el voto en presión preventiva, el voto desde el extranjero y derechos laborales de trabajadores temporales del Instituto.
“La planeación sin recursos asignados convierte los objetivos en simples declaraciones imposibles de materializar y carentes de eficacia institucional. En suma, planear sin dinero es planear para el incumplimiento”, había alertado entonces Faz Mora.
Pero con voto dividido, el INE avaló esa estrategia. La consejera presidenta de la Comisión de Presupuesto, Norma Irene de la Cruz, presumió en agosto que era posible un presupuesto racional y hasta ahorros.
En el pleno del Consejo General del INE también se discutió la solicitud de gasto adicional para la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, a cargo de José Luis Arévalo Romo, quien hace unos meses decidió mandar a 20 personas de su plantilla al Órgano Interno de Control del INE, supuestamente en aras de la eficiencia.
Pero ahora a través del presupuesto de la cartera institucional de proyectos, esa Unidad pidió 39 millones de pesos más que en 2025, por lo que la austeridad y eficiencia no habrían sido reales.
“Y este presupuesto está destinado en un 90% a la contratación de personal, por lo que no sólo recupera el monto requerido para operar en 2025 que ya tenía asignado, sino que también por lo que podemos ver parece que se facilita, incluso se triplica la asignación correspondiente”, explicó la consejera Rita Bell.
“Solicité una aclaración y que se justificara sobre la necesidad de la contratación de estas plazas, que tuviéramos mucha claridad cuántas personas, con qué sueldos y qué iban a hacer específicamente, pero pues esta solicitud no se atendió de manera concreta. Me mandaron una tarjeta, pero me parece no cumple y para mí no justifica todavía lo que requerimos”, dijo.
El consejero Arturo Castillo incluso reveló que tareas de días, la Unidad de Transparencia las convierte en meses y son los consejeros los que al final corrigen y hacen el trabajo, por lo que se requiere evaluar la eficiencia del personal.
La consejera Claudia Zavala terció: “la Unidad de Transparencia, que si bien tiene una atribución nueva o unas atribuciones nuevas con motivo de la reforma, pues no está plenamente justificado cómo llega a necesitar un 70% adicional de personal, cuando antes lo que señaló es que el pasar plazas al OIC y a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral le permitía funcionar con lo que tenía”.
