En términos de recursos humanos, el panorama también reflejó retrocesos, y es que según dijo, el número de personas dedicadas a la seguridad pública municipal ha disminuido en los últimos años: 5.5% menos respecto a 2022 y más de 13% en comparación con 2020.
Mientras que en el caso de las policías preventivas, el crecimiento ha sido prácticamente nulo en una década, pese al aumento poblacional y a la transformación de los delitos.
Franco sintetizó este desfase al señalar que “mantener el mismo número de policías en 10 años nos obliga a preguntarnos si no existe un rezago importante en las policías preventivas municipales”.
Añadió también que tanto la población como los fenómenos delictivos han cambiado, lo que dijo, exige una revisión de fondo en la capacidad operativa de las corporaciones locales.
Mientras que el ámbito cualitativo, los datos también evidenciaron áreas de oportunidad, pues solo seis de cada 10 policías cuentan con el Certificado Único Policial, requisito básico para su desempeño, mientras que siete de cada 10 tienen evaluaciones vigentes de control y confianza. Esto, indicó, demanda esfuerzos coordinados entre municipios, estados y federación para fortalecer la profesionalización.
El análisis también mostró una reducción superior al 20% en los presuntos delitos registrados en puestas a disposición ante ministerios públicos entre 2022 y 2024. No obstante, este descenso podría estar vinculado a cambios en la dinámica delictiva, con un incremento en ilícitos como fraude, extorsión y amenazas, que requieren nuevas capacidades policiales.
Finalmente, Franco enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones municipales desde múltiples frentes: aumentar el número de elementos, mejorar su formación y adaptar sus funciones a los nuevos patrones delictivos.
“Requerimos fortalecer nuestras capacidades policiales municipales”, concluyó.
