Inequidad y uso de recursos públicos, los riesgos del "Plan B" por la autopromoción de Sheinbaum
Expertos electorales alertan de falta del principio de neutralidad si la presidenta hace campaña para promocionarse en el marco de la revocación de mandato, al mismo tiempo que las elecciones intermedias transcurren.
El "Plan B" da oportunidad a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar en campaña en el periodo electoral 2027.(Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)
Yared de la Rosa y Carina García
Además de su presencia en las conferencias mañaneras y los spots que cada año se difunden por su informe de gobierno, el "Plan B" electoral abre la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga otro espacio para promover su imagen: la consulta de revocación de mandato.
La iniciativa presentada por la mandataria establece que el ejercicio se pueda solicitar una sola vez durante los tres meses posteriores al segundo o tercer año de gobierno. En el caso de que la presidenta se someta a este ejercicio el siguiente año, coincidiría con las elecciones 2027 , lo que especialistas electorales advierten que puede perjudicar el principio de equidad.
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“La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”, dice la iniciativa que ya desató cuestionamientos de la oposición.
De acuerdo con expertos y exconsejeros electorales, la propuesta traerá consigo la ruptura del principio de neutralidad que deben tener las autoridades de los gobiernos cuando hay elecciones en curso, además de que “constitucionaliza la intervención gubernamental” en los comicios.
El exconsejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, señaló que las reformas electorales previas habían sido en el sentido de que las competencias fueran más equitativas y sin intervención del gobierno, pero ahora se plantea ir en sentido inverso.
“Es una mala decisión y traerá consigo una ruptura de la equidad".
Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE.
Por su parte, el constitucionalista Javier Martín Reyes consideró que la propuesta de que los procesos sean simultáneos, le daría ventaja a la presidenta en medio de las elecciones federales, pues podría usar las mañaneras, los actos oficiales, inauguraciones de obras públicas para decir “voten por mí".
"Puede aprovechar la cobertura mediática y el aparato gubernamental”, dijo el catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por lo que la considera una propuesta "riesgosa y tramposa".
Para Arturo Espinosa Silis, director del think thank Laboratorio Electoral, es preocupante que se proponga romper el principio de neutralidad y que la presidenta pueda participar activamente en las elecciones, pues aunque se habla de figuras como democracia directa y democracia participativa, en la realidad no se empodera a los ciudadanos.
“Lo que buscan es un uso político de estas figuras. No buscan empoderar a la ciudadanía (…) y eso me parece muy peligroso puede impactar en la gobernabilidad del país de una manera muy fuerte”.
Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
Al respecto, la presidentarechazó que en la promoción de la revocación de mandato se vayan utilizar recursos públicos y afirmó que su propuesta de reforma busca terminar con la prohibición de que el titular del Ejecutivo federal no puede referirse al ejercicio de democracia participativa, como está estipulado en la Constitución.
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El exconsejero electoral Valdés Zurita explicó que el hecho de que un proceso de revocación sea después de concluido el tercer año de una administración tiene una razón de ser y, de dejarse como está en la iniciativa, dejaría un cabo suelto.
“Habría una complicación mayor porque si no se modifica la Constitución y ganara la revocación de mandato implicaría una nueva elección presidencial”, indicó exintegrante del órgano electoral.
Recordó que actualmente si la vacante se produce dentro de los primeros cuatro años de gobierno se debe hacer una elección para el nuevo presidente o presidenta que terminará el mandato, mientras que si esa vacante se produce después del cuarto año, el Congreso elige a la persona que terminará los últimos dos años del mandato.
La revocación impulsada por AMLO
La consulta de revocación de mandato tiene una historia morenista, pues se incorporó en la Constitución en 2019, a iniciativa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador institucionalizó el proceso de revocación de mandato. (Mario Jasso/Cuartoscuro)
El primer ejercicio se realizó en abril de 2022 durante la presidencia de López Obrador. Para analistas, este proceso sirvió como un ejercicio de promoción política, ya que la petición para que se realizara vino de la recién creada organización “Qué Siga la Democracia”, la cual era encabezada por la ahora diputada morenista Gabriela Jiménez.
La consulta no tuvo la participación que esperaba Morena, pues solo acudió 17.7% de las personas registradas en la lista nominal, por lo que quedó muy lejos del 40% para ser vinculante. De los que participaron más de 90% de los votos fue para que AMLO continuara como mandatario federal.
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El PT da apoyo a medias
El fin de semana, y antes de que la presidenta diera a conocer los detalles de la iniciativa los aliados de Morena, el PVEM y PT, respaldaron el nuevo“Plan B”. Se tomaron la foto para dejar en claro que esta vez iban juntos a diferencia de la primera iniciativa electoral que no contó con sus votos por las listas de plurinominales y la intención de cortar el financiamiento a partidos.
No obstante, ahora que la iniciativa llegó al Senado, las dudas de los legisladores y líderes del partido encabezado por Alberto Anaya se hicieron presentes, luego de que no están en total acuerdo con la promoción de la presidenta por la revocación.
El fin de semana, Morena y sus aliados anunciaron el respaldo al Plan B electoral anunciado por la presidenta. (Cuartoscuro)
Benjamín Robles, líder de este partido en Oaxaca, comentó que durante las reuniones con la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para construir este “Plan B”, el PT expresó su descontento con que la consulta se haga en periodo electoral y se acordó que ese punto quedaría afuera.
“Para mí fue una sorpresa cuando veo que la iniciativa que manda la presidenta, la contempla, porque no hubo un acuerdo en ese sentido. Vamos a buscar convencer a los aliados de Morena de que esto no es equitativo electoralmente, no es democrático”, declaró.
Robles impulsó la revocación del mandato del gobernador morenista Salomón Jara, de Oaxaca, a quien acusó de promoverse ilegalmente, usar recursos públicos y operar un “fraude” en el proceso, en el que 38% de los votantes pidieron su cese, de ahí que no está a favor de que el Ejecutivo pueda promoverse en procesos revocatorios.
Los votos del PT son necesarios para que pase estos cambios constitucionales, debido a que sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada; solo en el Senado es necesario 86 votos, y Morena y el PVEM tienen 81, por lo que necesitan cinco del PT.
PVEM no ve necesidad para la consulta
A diferencia del PT, el líder del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, aseveró sin titubeos que su bancada respaldará el “Plan B”, pero enfatizó que no hay necesidad de realizar la revocación de mandato de la presidenta, ya que cuenta con buenos números de aceptación.
“Nosotros apoyamos la iniciativa, tenemos coincidencias en todos los puntos. Creo que tenemos una presidenta que está dando resultados sobre todo en materia de seguridad”, declaró.
El senador aseguró que al menos 13 de los 14 senadores del PVEM apoyarán con su voto a favor de la iniciativa presidencial, pues dijo que convencerá a su compañero de bancada Luis Armando Melgar para que respalde la propuesta.
La oposición adelanta voto en contra
De parte de la oposición, adelantaron su voto en contra para evitar que la presidenta Claudia Sheinbaum se autopromocione.
El presidente del PAN, Jorge Romero, acusó que se está usando para que una persona en particular, con todo el aparato de poder, pueda hacer campaña.
Por su parte, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó a esta iniciativa como “Ley Maduro” (por el nombre del mandatario venezolano encarcelado en EU) pues argumentó que es para acaparar más el poder.
A su vez, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, mencionó que la propuesta sobre revocación de mandato, se debe revisar “con mucha puntualidad”.
El dirigente del partido, Jorge Álvarez Máynez, comentó que no están a favor de que la propuesta de mover la fecha de revocación de mandato a 2027, pues consideró que podría puede provocar “inestabilidad”.
La reforma a la Constitución será analizada el próximo lunes 23 de marzo en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado para que el miércoles 25 sea votada en el Pleno del Senado.
Para que aplique en el siguiente proceso electoral, la propuesta necesita ser avalada en el Congreso de la Unión y en los 17 congresos estatales, a más tardar en mayo.
