IMSS Bienestar no pudo comprobar el destino de 413.2 millones de pesos que transfirió a centros de salud en 2024, a través de La Clínica es Nuestra.
Este programa entrega desde 400,000 pesos hasta 1.2 millones a las unidades médicas, según cuántos consultorios tengan. El apoyo es administrado por un comité de ciudadanos y se debe invertir en equipo médico o en mejoras a la infraestructura.
Pero de algunas clínicas beneficiarias se desconoce cómo usaron los recursos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que la información del gasto de 448 centros de salud estaba incompleta en la plataforma digital del programa, habilitada para reunir los expedientes de todos los beneficiarios.
Los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, llamados Facilitadores Autorizados, deben cargar esta información. Pero no subieron los documentos que comprueban el destino de los recursos de esos cientos de clínicas, que, en conjunto, recibieron 413.2 millones de pesos.
La ASF también detectó que en 3,680 clínicas no se comprobaron ni se devengaron los recursos por un monto total de 74,573 millones de pesos.
Así que en febrero de 2025 se bloquearon las cuentas bancarias de los comités que administraban ese dinero. El monto fue reintegrado a la Tesorería de la Federación dos meses después, tras la intervención de la ASF.
Este auditoría correspondiente a la tercera fiscalización de la Cuenta Pública 2024, demuestra que este programa carga con los mismos problemas de transparencia de La Escuela es Nuestra, vigente desde el sexenio anterior.
Ambos funcionan de manera similar: el gobierno federal transfiere recursos a los planteles o centros de salud sin intermediarios. La ciudadanía, a través de un comité, administra el dinero, decide en qué se gasta, qué obras se realizan y, en teoría, reporta a las autoridades el destino de los recursos.
Pero el propio diseño de los programas limita su transparencia, como identificó la ASF desde 2020 en el caso de la Escuela es Nuestra, que también opera sin la debida comprobación del gasto.
Pese a ello, el gobierno anterior copió el modelo de este programa y creó La Clínica es Nuestra en 2024. Con esto, los problemas de transparencia ahora se repiten y extienden al sector salud.
En la auditoría 414, la ASF, organismo de la Cámara de Diputados que fiscaliza el presupuesto federal, identificó otras faltas.
A la Clínica es Nuestra no se le asignó presupuesto en 2024, pero, tras una serie de adecuaciones, el IMSS Bienestar le destinó 6,439 millones de pesos. De esa cifra, 98,549 pesos fueron para cubrir los servicios del Banco del Bienestar, encargado de la dispersión del dinero, la entrega y reposición de tarjetas bancarias a los beneficiarios.
En un principio se ordenó transferir recursos a 11,849 tesoreros, una de las nueve figuras que conforman el Comité de Salud para el Bienestar (Cosabi) de cada clínica beneficiaria. Ese órgano es el responsable de administrar el dinero y se constituye con ayuda de los Servidores de la Nación.
Sin embargo, la ASF identificó que 41 de esos comités no cumplieron la normativa del programa, por lo que tuvieron que regresar los recursos. Las clínicas del estado de Colima no ejercieron una parte del apoyo y, además, nunca se depositó el dinero de los centros de salud de Guerrero.
Así que estos montos fueron devueltos. Al final, solo 11,801 clínicas continuaron en el programa y recibieron un monto conjunto de 6,340 millones de pesos.
La ASF revisó algunos expedientes de las clínicas beneficiadas, donde los comités detallan las actividades que realizaron y proporcionan la documentación que compruebe en qué se gastó el dinero.
Se observó que 448 Expedientes de Actividades electrónicos no contenían la comprobación de los recursos",
De las clínicas que no comprobaron el gasto en la plataforma del programa, IMSS Bienestar no determinó si les debía cancelar los apoyos y aplicarles medidas administrativas o penales correspondientes.
Por la intervención de la ASF, la institución emitió una nueva normativa al respecto e implementó mecanismos para atender la observación. Sin embargo, la Auditoría solicitó a la Secretaría de Bienestar investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que omitieron cargar la documentación en la plataforma.
El organismo también detectó que 108 expedientes del mismo número de clínicas no contenían el Formato de Rendición de Cuentas Bimestral y en 161 no existía el informe final de las acciones realizadas con los recursos del programa.
Entre otras faltas, 118 expedientes no contenían los informes de los Vocales de Transparencia y Contraloría Social. En 66 no estaba disponible el Plan de Trabajo, un requisito para decidir en qué obras se invierte el dinero.
La elaboración de estos expedientes es responsabilidad de los comités de cada clínica de salud. Este aspecto ha sido cuestionado desde La Escuela es Nuestra, porque traslada la responsabilidad de la rendición de cuentas a los ciudadanos.
Para mejorar, La Clínica Nuestra designó un Comité Técnico del programa, encargado de formular trimestralmente un reporte de los avances en la aplicación de los recursos. Pero este órgano no se instaló ni funcionó en 2024.
Igual que el programa escolar, La Clínica es Nuestra tiene fallas desde sus reglas de operación. Las de 2024 no establecieron que las unidades médicas beneficiarias debían presentar informes de los bienes o servicios adquiridos por sus comités.
Las reglas omitieron describir los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de la administración de los recursos, necesarios para ajustar, modificar o cancelar el subsidio en caso de irregularidades.
También faltó incluir las fechas máximas para que los comités de las clínicas reintegren los recursos sin ejercer.
IMSS Bienestar incluyó estas recomendaciones en unos nuevos lineamientos del programa, que aplicaron a partir de 2025.
