La reforma electoral representa una oportunidad para frenar de manera el definitiva el financiamiento y la participación de la delincuencia organizada en las elecciones.
Legisladores de oposición consideran que como no se ha logrado impedir que el crimen organizado se infiltre en la política se deben adoptar otras medias como la anulación de las elecciones y la cancelación del registro de partidos, cuando se compruebe la participación del crimen.
En el caso del PAN, la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, impulsa este tipo de medidas.
“Debe avanzarse a la nulidad de elecciones vinculadas a recursos criminales, no hay de otra, pues no se puede permitir que el crimen organizado, en que los cárteles no sean los que definan las elecciones”, dice en entrevista.
El líder de los legisladores del PRI, Rubén Moreira, señala que es viable aumentar las causales de nulidad de las elecciones e incorporar la vinculación con la delincuencia “ante estos alarmantes escenarios que ponen en riesgo a la democracia mexicana”.
Por eso propuso desde marzo de 2023 una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer en el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales la causal “por violaciones graves, dolosas y determinantes también sean por la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales”.
Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los líderes de Somos México, organización que aspira a convertirse en partido político, no solo coincide con esta medida, también plantea que cuando se compruebe que se recibieron recursos ilícitos, el partido pierda su registro.
“Un partido así no merece estar con registro”, indica el exlegislador del PRD.
Actualmente la nulidad de elecciones procede por violaciones graves, dolosas y determinantes en caso de que se exceda el gasto de campaña en un 5% del tope o bien se compren tiempos en radio y televisión.
También procede si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esas violaciones deberán comprobarse y además acreditarse que fueron determinantes en el resultado, y cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.
En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también se establece que procederá si no se instalan el 25% de las casillas instaladas o cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible.
Se prevé asimismo la invalidez de una elección por irregularidades graves, plenamente acreditadas, e irreparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para su resultado Además de lo que prevé la Constitución y la Ley, el TEPJF puede declarar la nulidad de una elección por la vulneración de principios constitucionales, cuando determina que hubo violación grave y sistemática de los principios constitucionales.
Hasta el momento, las elecciones locales de 2021 fueron en las que más se ha denunciado la presunta participación del crimen organizado en los comicios de Sonora, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Pero solo el último caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante el que se denunció que grupos armados se presentaron en las casillas y marcaron los votos.
El TEPJF concluyó que “en diversas secciones de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho se presentaron hechos de violencia e incidencia de personas armadas o señaladas como parte del crimen organizado”.
Por tanto anuló las casillas en esos municipios, pertenecientes al distrito 22, con lo que se eliminaron 46,953 votos. De ellos solo en Múgica se habían marcado a favor de Morena más de 31,000 votos.
Sin embargo los magistrados descartaron que esa situación se haya presentado de forma generalizada en el estado, por lo que no fueron determinantes en el resultado y se confirmó la victoria del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
Al año siguiente en 2022, se denunció también infiltración del Cártel del Noreste (CDN) y de recursos del huachicol en las elecciones de Tamaulipas, sin embargo, el Tribunal Electoral descartó esa vinculación.
En 2021 el TEPJF ordenó al INE a realizar diversas acciones para frenar posibles infiltraciones del crimen. Algunas son comunes en las elecciones, como convenios de coordinación con las autoridades de seguridad pública y electorales o celebrar foros y consultas con expertos en la materia de seguridad, así como ”generar mapas de riesgo”.
Pero otras medidas están en la cancha del Poder Ejecutivo o del Legislativo y no se han concretado. Es el caso de la petición de que se creen “filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas” y un protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y del electorado.
Incluso se propuso que fuera el INE (a falta de regulación legal) la que estableciera “la facultad de atracción preferente” para que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal con riesgo de violencia por parte de grupos criminales. Esas disposiciones no han prosperado.
En la mesa están otras propuestas para evitar que el "dinero sucio" llegue a las elecciones y entre estas están mantener el financiamiento público a los partidos políticos, pues consideran que su eliminación puede
“Se debe rechazar la eliminación total del financiamiento público para evitar la captura de la política por grupos de poder, incluyendo el crimen organizado”, plantean organizaciones del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE).
El modelo de financiamiento público genera equidad entre los partidos y es el mejor blindaje “ante la amenaza latente de grandes donantes privados, corporaciones y, en el peor de los casos, grupos delictivos”, considera el think thank, integrado por expertos de México Evalúa, Laboratorio Electoral, Práctica Laboratorio para la Democracia y Di-Sentir.
El observatorio admite que un recorte al dinero de los partidos es popular entre la ciudadanía y en el mejor de los escenarios acercaría a las fuerzas políticas con sus electores, pero “en el peor escenario” más bien los vincularía a intereses privados o criminales.
Esta postura coincide con el PAN y el PRI, que consideran que reducir drásticamente el financiamiento público, quitar su permanencia anual o dejar solo al financiamiento privado de militantes y simpatizantes, sería contraproducente.
“Yo prefiero que el dinero que se ejerza para tener un país democrático sea del erario y no sea de los delincuentes”, sostiene López Rabadán al afirmar que quitar el dinero que reciben los partidos del erario, los alentaría a otras fuentes de recursos.
Es una salida muy peligrosa (quitar financiamiento a los partidos) porque entonces ¿quién va a pagar las campañas?, lo peor es que las termine pagando el crimen organizado
“Se necesita certeza de que el crimen organizado no se meta a las elecciones, no defina candidatos, no apueste a campañas, no financie campañas, porque si no, después, quien va a ser el jefe de esos políticos no va a ser el pueblo de México, va a ser quien les pagó las campañas”, expone la panista.
El líder de los senadores del PRI, Manuel Añorve, considera que la narrativa del gobierno es que el recurso de los partidos prácticamente debe desaparecer y anticipa que no se aceptará una modificación del modelo de financiamiento.
“Han inventado que los partidos cuestan mucho. Ellos lo que quieren es que los financie el narco, o que nada más los ricos puedan hacer campaña, los grandes oligarcas, o que sea el gobierno el que financie las campañas. Quieren debilitar a los partidos”, acusa Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI.
