El 17% de la población que consumió drogas en el último año tiene un problema de dependencia a las sustancias, pero solo 6.8% accedió a tratamiento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.
Se trataron principalmente en rehabilitación o residencia terapéutica especializada (81.5%) y una gran cantidad también acudió a centros de rehabilitación “manejados por exusuarios de drogas o padrinos” (71.9%).
Esta última opción también es la principal entre los usuarios de sustancias que fueron a tratamiento en los últimos 12 meses, aunque sin reportar dependencia. El 83.4% acudió a estos lugares. La proporción sube a 94% para las personas con dependencia al alcohol.
Los resultados de la encuesta arrojan que solo 7.3% de las personas con dependencia al alcohol y drogas declararon que buscaron atención con un profesional de la salud. Pero, al preguntarles por el tipo de proveedor, 82.9% dijo que lo buscó en grupos de ayuda mutua.
29% también acudió con consejeros espirituales, 12.9% con un médico y 46.6% buscó ayuda con un especialista en salud mental.
Los datos de la Encodat 2025 confirman una realidad mexicana preocupante: la asistencia a centros de rehabilitación que operan sin regulaciones y mediante métodos coercitivos o violentos, como se detecta en algunos centros conocidos como anexos.
Muchas familias mexicanas de ingresos bajos acuden a esos espacios para atender un consumo problemático de sustancias porque no pueden pagar una residencia especializada o porque internan a sus familiares sin su consentimiento.
Además se convierten en una opción ante la poca oferta de centros especializados, ya que solo 376 establecimientos residenciales de atención o acompañamiento para personas consumidoras de sustancias contó con reconocimiento de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) en 2025.
También existen los Centros de Integración Juvenil, una asociación civil incorporada al sector salud que cuenta con 107 Centros de Prevención y Tratamiento a nivel nacional, así como 10 unidades de hospitalización.
Sin embargo, este tipo de servicios son los menos usados por los consumidores. Según la Encodat, el tratamiento ambulatorio (consulta externa) y la hospitalización fueron las opción menos reportadas (32.2%) entre las personas con dependencia.
El resto de centros de rehabilitación, a los que más acuden los usuarios de drogas, operan en la clandestinidad y no ofrecen un tratamiento integral en contra de las adicciones, como identificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En una auditoría de 2019 halló que de los 2,118 establecimientos residenciales especializados en adicciones que se encontraban en operación, solo 27.8% estuvo registrado en la entonces Comisión Nacional de Adicciones (Conadic), convertida después en Conasama.
Incluso con ese registro, solo la mitad de ellos contaron con el reconocimiento de la dependencia “al no tener ningún reporte de prácticas negativas y cumplir con al menos el 80% de los criterios evaluados en los rubros de infraestructura, recursos humanos, servicios de alimentación, organización, proceso de atención y satisfacción del usuario”.
Distintas investigaciones periodísticas y estudios académicos documentan que las personas son víctimas de lesiones y malos tratos en los anexos. Incluso, algunos de los llamados “padrinos” piden una mejor regulación para cerrar los ilegales.
En noviembre de 2025, la Fiscalía de Jalisco aseguró una supuesta clínica de rehabilitación llamada “Vikingos”, en el municipio de Tonalá, tras la muerte de uno de los internos.
El hombre ingresó al anexo el 3 de noviembre y su familia perdió el contacto con él, por lo que denunció su desaparición. Los encargados del anexo dijeron que el interno se fugó, pero la Fiscalía encontró el cuerpo en una inspección. Estaba al interior del anexo, semienterrado y con huellas de severos golpes.
Después del aseguramiento del anexo, otros internos denunciaron la violencia que sufrían, como baños con agua fría, falta de alimentación a manera de castigo, severos golpes y actos de tortura.
En septiembre del año pasado, cinco hombres que manejaban un anexo fueron detenidos en Mérida, Yucatán, acusados de privación de la libertad y agresiones por golpear a un hombre y amarrarlo de pies y manos para internarlo de manera obligada en su anexo. Este es un método común en varios anexos.
También en ese mes de 2025, las autoridades del Estado de México rescataron a 15 mujeres, tres de ellas menores de edad, del centro de rehabilitación femenil “La cuna”, tras detectar que podían ser víctimas de trata.
Y en Puebla, la Secretaría de Seguridad local prometió verificar los anexos tras recibir una denuncia de agresión sexual en contra de un hombre internado en el centro de rehabilitación “Fuente de vida, luz, fe y esperanza”.
Ahí, en esa misma entidad, el exdiputado federal del PAN Osiel Castro fue secuestrado en 2019. Las autoridades lo encontraron maniatado en un anexo del municipio de Ajalpan.
En Guanajuato ocurrieron algunos de los casos más violentos en anexos. En 2020, un grupo armado irrumpió en el Centro de Rehabilitación “Buscando el camino a mi recuperación”. Se trata de un anexo instalado en una vivienda de dos plantas del municipio de Irapuato.
Uno de los atacantes preguntó por un hombre en específico y, aunque no lo encontró, disparó en contra de los internos y mató a 27.
Un análisis de la Universidad Iberoamericana de León identificó que ese ataque fue el cuarto que se cometió en contra de anexos del mismo municipio en solo 6 meses. Las autoridades investigaron la masacre y detuvieron a los tres responsables, quienes recibieron sentencias de 29 años por cada homicidio.
Sin embargo, hechos similares se siguen registrando. En octubre de 2024, un ataque a balazos en un anexo de Salamanca dejó cuatro muertos. Y en septiembre de 2025, otro grupo armado atacó un centro de rehabilitación de Dolores Hidalgo y mató a tres hombres.
En abril del año pasado, otro grupo armado ingresó por la fuerza en una vivienda adaptada como clínica de rehabilitación, llamada Clínica Shaddai, en Culiacán, Sinaloa. El ataque a balazos dejó nueve personas muertas y cinco heridas.
Los casos se extienden por todo el país, igual a los anexos que, pese a las irregularidades, delitos y violencia, continúan operando.
