Historial de renuncias
No es la primera vez que el INE enfrenta una salida masiva de personal experto en los diversos aspectos de las elecciones. En los programas de retiro de los años 2010, 2012, 2015 y 2016, en promedio, se inscribían alrededor de 60 empleados que decidían dejar el Instituto.
Sin embargo, tras el triunfo de Morena en 2018 y con la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como la promulgación de la Ley de Austeridad, se eliminaron para los funcionarios públicos algunas prestaciones, como el seguro de gastos médicos mayores y los fondos de ahorro.
Aunque estas medidas no afectaron directamente al INE debido a la promoción de amparos y la interposición de controversias constitucionales, la preocupación por una posible reducción de las condiciones laborales persiste desde entonces.
En 2017, el INE experimentó el primer recorte presupuestal de una serie de nueve que afectaron su funcionamiento, lo que generó un clima de incertidumbre entre la base trabajadora por los recortes de plazas y beneficios laborales.
Como resultado, en octubre de 2018 las solicitudes de retiro anticipado aumentaron drásticamente, con más de 600, aunque al final fueron 498 los empleados que se retiraron. Para generar ahorros tras el recorte presupuestal, sus plazas fueron congeladas, lo que afectó la estructura del INE durante el siguiente año.
El presupuesto inicialmente destinado a cubrir esos pagos, de 228 millones de pesos, terminó incrementándose a 300 millones de pesos debido a las liquidaciones, el reconocimiento especial y las vacaciones no disfrutadas de los trabajadores que se fueron.
En 2021, solo 33 trabajadores decidieron retirarse, pero en 2022, con la promoción de la reforma electoral por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que planteaba la extinción de los OPLES y la compactación de áreas dentro del INE, alrededor de 200 trabajadores decidieron abandonar la institución.
Algunos de los que se fueron en 2022 eran fundadores del instituto. El presupuesto destinado para esas liquidaciones ascendió a 320 millones de pesos.
Este año, además de los retiros voluntarios, también se dieron renuncias de otros funcionarios clave que decidieron dejar el INE, algunos de los cuales ocupaban mandos altos designados por la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Tras las elecciones judiciales, Miguel Ángel Patiño Arroyo, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia, aunque permaneció en el INE. Fue sustituido por Roberto Carlos Félix López, quien es cercano a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.
En julio, también dejó su puesto Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES, quien se desempeñó en diversas funciones dentro del organismo durante varios años. En junio, María Elena Cornejo, quien ocupaba la dirección de Capacitación Electoral, renunció para iniciar su proceso de prejubilación.
Además, Hugo Patlán, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y cercano a Taddei, también dejó su cargo. En octubre, Carmen Urías, coordinadora de Comunicación Social del INE y designada en esa posición por Taddei, igual presentó su renuncia.
