El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del recorte a su presupuesto en este 2023, el cual asciende a 4,475 millones de pesos.
El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, planteó que ese ajuste al gasto que el organismo solicitó a la Cámara de Diputados atenta en contra de la autonomía presupuestal del organismo y así se estableció en la Corte durante el 2022.
Córdova Vianello recordó que la reducción al gasto del INE se da en el contexto de la “embestida” desde el poder contra el organismo, que tiene como objetivo –acusó– desacreditarlo y mermar su eficacia operativa por la vía financiera.
Sin embargo reconoció que el impacto a ese ajuste podrá ser absorbido por el INE, ya que ese recurso solicitado y no autorizado era para el eventual caso de que se solicitara la realización de una consulta popular este año, lo que nadie solicitó.
La Cámara de Diputados autorizó un total de 13,987 millones 856,733 pesos, lo que implicó un recorte de 4,475 millones 501,178 pesos, respecto de los 18,463 millones solicitados inicialmente.
De nueva cuenta, en su recurso el INE estableció que el recorte ordenado por el Legislativo no tenía motivación o justificación e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad.
Desde 2018, la Cámara de Diputados le ha recortado al órgano electoral autónomo el monto solicitado. En ese año, la reducción fue de 800 millones de pesos; en 2019, de 950 millones; para 2020 subió a 1,071 millones; en 2021, se ubicó en 870 millones, y para 2022 alcanzará una cifra histórica de 4,913 millones de pesos; el total de esos recortes es de 8,604 millones de pesos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que de entrar en vigor el llamado “Plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, las curules ocupadas actualmente por personas de grupos discriminados históricamente, pasarían de 65 a 25, lo que implica una regresión en materia de inclusión.
“Limita los espacios en el Congreso para personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual y topa a estas curules en 25”, dijo su titular Lorenzo Córdova.
En la 22 Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), Córdova llamó a las otras instituciones que lo conforman: el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a la ciudadanía, a defender los logros alcanzados en favor de la igualdad de las mujeres que se ponen en entredicho con la reforma electoral.
“Las pérdidas en clave democrática que provocarían la entrada en vigor del llamado Plan B no son menores; por todo ello, es importantísimo que cada institución y persona integrante de este Observatorio se sume a la que ahora está llamada a ser la más importante batalla para defender la democracia y los logros democráticos que hemos hasta ahora conseguido”, destacó.
El titular del INE expuso que, durante más de ocho años, integrantes del Observatorio han aportado conocimientos, experiencias y competencias que permitieron generar sinergias y propuestas administrativas o resoluciones jurisdiccionales, que ayudaron a mejorar las condiciones para que las mujeres y los grupos prioritarios, participen en los asuntos públicos.
En la sesión en la que el INE entregó la presidencia y secretaria técnica del Observatorio al INMUJERES, su presidenta Nadine Gasman refrendó su responsabilidad con la ciudadanía para lograr una democracia representativa, donde las mujeres, incluidas las que viven formas múltiples e interseccionales de discriminación, representen y sean representadas.
“Conseguir que las mujeres puedan ejercer poder político en igualdad de condiciones y oportunidades, es un objetivo que nos convoca a todas y todos quienes integramos estos Observatorios, tanto el nacional como los locales”, enfatizó.
Reyes Rodríguez, magistrado presidente del TEPJF, consideró indispensable generar condiciones para construir una agenda política que incorpore los intereses de las comunidades, la cual debe emanar de la sociedad, a fin de incorporar de manera exitosa las demandas de las mujeres y de los integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad.
