La mitad de las adolescentes y mujeres mexicanas sufren violencia sexual al menos una vez en su vida. El acoso y el abuso sexual son tan comunes en el país que se ejercen sin distingo. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido víctima .
Tras sufrir esa agresión en noviembre pasado, en el centro de la Ciudad de México, la mandataria federal lanzó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, una estrategia nacional para hacer frente a esta violencia de género.
La medida es muy necesaria, pero se centra en la tipificación del abuso sexual como delito grave y en la promoción de la denuncia, en un intento de mejorar el acceso a la justicia.
Estos aspectos, sin embargo, poco contribuyen a prevenir las violencias, de acuerdo con dos organizaciones feministas consultadas que analizaron la estrategia.
De las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, nueve de cada 10 no denuncian y no acuden a ninguna institución pública por ayuda. Muchas tienen miedo a ser revictimizadas, avergonzadas, o a que las hagan sentir culpables. A no ser creídas.
Los temores no son infundados. Sobra evidencia de la falta de sensibilidad en las fiscalías y ministerios públicos. También hay datos de la enorme impunidad.
Por eso, exigir la denuncia penal en ese contexto pone la responsabilidad en las víctimas.
“Es problemático, porque refuerza la idea de que solo si denuncias te pueden brindar atención y protección”, dice Tania Hernández, coordinadora en Equis, Justicia para las Mujeres. Y aclara: “Eso es incorrecto, totalmente falso”.
Bajo el principio de debida diligencia reforzada , las instituciones tienen la obligación de actuar ante cualquier caso de violencia o riesgo de violencia, independientemente de si hay o no una denuncia de por medio, como establece la Suprema Corte de Justicia.
Para ambas organizaciones, este análisis no representa ir en contra de las denuncias penales. Esa vía es válida y se debe garantizar un trato digno y la investigación debida a quienes, como la presidenta, opten por ella.
El señalamiento se encamina a hacer notar que también son necesarias otras formas de justicia y reparación, que estén disponibles para las mujeres que no quieren denunciar.
“Hemos escuchado mujeres que lo que quieren es que les crean, lo que quieren es atención psicológica, atención médica, la restitución de su sensación de seguridad”, plantea Tania Hernández.
Y eso, en muchas ocasiones, el sistema de justicia penal no te lo da, no te lo ofrece. Y las instituciones que sí tienen la obligación no lo están haciendo.
El Senado aprobó el 9 de diciembre tipificar como delito grave el abuso sexual en el Código Penal Federal. Todavía falta el aval de la Cámara de Diputados a esta reforma, que propone castigos de entre tres y siete años de prisión, incluso hasta nueve años si se suman agravantes.
Esta medida sigue la tendencia del sexenio pasado de apostar a disminuir las violencias, en este caso la de género, solo a través de la vía penal y sin priorizar acciones de prevención, indica Estefania Vela, directora de Intersecta.
“Están priorizándose acciones enfocadas a la atención, pero muy pocas o prácticamente nulas a las que buscan prevenir: formación desde educación básica o identificación de riesgos para evitar que la violencia escale”, agrega.
Esto no ha dado los resultados esperados. Por ejemplo, delitos como el acoso y hostigamiento en los espacios públicos, tipificado en la Ciudad de México, no han disminuido.
Hay instrumentos valiosos que urge mejorar, como la orden de protección. Centrarse en ese esfuerzo haría la diferencia, porque salvan la vida de las mujeres en riesgo.
El plan contra el abuso sexual también propone capacitar al personal de los ministerios públicos, fiscalías, jueces y autoridades judiciales.
Además de a los conductores de transporte público para saber cómo actuar ante denuncias y prevenir situaciones de riesgo.
Durante años, organismos internacionales han recomendado eso a México. Y se ha hecho. Miles de pesos y horas en capacitación. Sin efectividad.
Las personas juzgadoras continúan dictando condenas plagadas de estereotipos sexistas y misóginos, sin perspectiva de género, revela un análisis de Equis Justicia a 100 sentencias.
Ahí el reto es lograr que esas capacitaciones sean relevantes y que cumplan con sus objetivos de sensibilización.
Para eliminar la violencia hacia las mujeres se necesita un cambio cultural. La presidenta propone difundir campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público, dirigidas fundamentalmente a los hombres.
Así como lanzar campañas de concientización contra las violencias, dirigidas a la sociedad en general y a las mujeres para fomentar la denuncia contra el abuso sexual.
Las especialistas dicen que las campañas de sensibilización sí pueden ayudar a impulsar un cambio cultural que modifique los patrones machistas. El reto será su diseño y presentación.
En 2016, recuerdan, el gobierno capitalino lanzó una polémica campaña ante el aumento de acoso sexual en el Metro. Se llamó “Tu denuncia es tu mejor defensa” y sus mensajes reforzaban, una vez más, que las mujeres son responsables de denunciar. Los pocos mensajes que sí iban dirigidos a los hombres replicaban estereotipos racistas bajo el lema “No es de hombres”.
“Es súper importante, pero la campaña es apenas una parte de lo que implicaría este cambio cultural”, menciona Hernández.
