En Isla Aguada, Campeche, el Comité de Manejo de la Zona de Refugio Pesquero Punta del Tigre advirtió que “la contaminación por hidrocarburos nos obliga a destinar tiempo y recursos a la limpieza constante de lanchas y redes manchadas de crudo”.
Santiago Puch, integrante del comité, recordó que en octubre de 2024 se registró un arribo de crudo entre “La Barrita” y el Refugio Pesquero. Aunque las autoridades lo atribuyeron a chapopoteras naturales, los pescadores sostienen que provino de operaciones cercanas y redujo drásticamente la actividad pesquera.
“Desde 2021 se han denunciado estos derrames y no hay solución. En 2024, con evidencias, no le dieron la importancia”, expresó.
El Consejo Consultivo de Tortugueros de Campeche, que agrupa nueve campamentos, alertó que el chapopote es visible tanto en playas como en los caparazones de las tortugas, lo que pone en riesgo los esfuerzos de conservación.
A su vez, Ecoguardianes de Laguna de Términos denunció que embarcaciones varadas contaminan de manera constante y aceleran la erosión costera, además de afectar manglares.
Desde Veracruz, la cooperativa de mujeres pescadoras “Las Bonitas” subrayó que enfrentan simultáneamente los efectos del cambio climático y los derrames petroleros “sin compensación ni reconocimiento”.
Ante la brecha entre el discurso institucional y la realidad territorial, los colectivos exigieron una reunión urgente con la Presidencia, Semarnat y otras dependencias clave para construir, de manera conjunta, estrategias de protección del Golfo de México.
“Las acciones de supervisión que menciona ASEA no se reflejan en la realidad. Mientras el gobierno habla de altos estándares, seguimos viendo derrames, embarcaciones varadas y contaminación. No estamos siendo consultados y exigimos participar en las soluciones”, afirmaron.
Las comunidades insistieron en que el gobierno mexicano no puede acudir a foros internacionales sin compromisos reales para erradicar los impactos de la industria petrolera en el Golfo de México.
Recordaron que más de 15 millones de personas habitan los estados costeros y merecen un nuevo modelo de desarrollo que proteja sus territorios, su identidad cultural y la continuidad de sus formas de vida ligadas al mar.