Impulsada por la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Economía Circular la semana pasada. La legislación establece la creación de un sistema productivo que reduzca los residuos y la contaminación.
Se trata de un modelo urgente para hacer frente a la crisis ambiental. Sin embargo, la ley aprobada se quedó corta para cumplir esos objetivos, según el análisis de nueve organizaciones civiles.
La Semarnat considera que la nueva normativa contribuirá a cuidar el medioambiente con la aplicación de nuevos mecanismos para incrementar la vida útil de los productos; minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos.
Sin embargo, las agrupaciones defensoras del medio ambiente califican de preocupantes algunos aspectos. El principal es que, consideran, la ley ofrece “falsas soluciones” para la eliminación de residuos y promueve la termovalorización, un proceso donde se queman los desechos para producir energía.
A decir de las organizaciones, la tecnología para este fin no es limpia ni renovable y produce gases de efecto invernadero, dioxinas y furanos altamente tóxicos.
“Denunciamos esto porque este proceso no es inocuo, genera emisiones de efecto invernadero”, explica Ornela Garelli, directora de Campañas de Greenpeace México.
Asegura que ninguna tecnología, ni las más modernas, evitan esto. Además, indica que al otorgar valor económico a los residuos que ya se generaron, se quitan los incentivos para que las empresas produzcan menos basura.
La visión de las organizaciones es que la ley debió establecer medidas para la no producción de residuos y no solo para su quema, ya que esto no evitará que se sigan creando desechos de manera masiva. Por eso, en una protesta contra la ley acusaron que es como otorgar una “licencia para contaminar”.
Pone un ejemplo. Si se siguen fabricando enormes cantidades de plásticos, aunque se termovaloricen, continuará el daño ambiental. El 99% de los plásticos proviene de combustibles fósiles que, al quemarse y convertirse en energía, emitirán gases tóxicos. Así se agrava la crisis climática.
“Cuando nos dicen que buscan estos procesos para combatir el cambio climático, realmente no es así, por eso decimos que es una falsa solución”, afirma Garelli.
Garelli agrega que la termovalorización también genera tóxicos que acaban en los suelos, agua y aire. Sus efectos dañan el ambiente y la salud pública. Por eso, los habitantes de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula de Allende votaron en contra de la construcción del Parque Ecológico y de Reciclaje en estas comunidades de Hidalgo.
Este y otros proyectos se vinculan con la Ley General de Economía Circular. En ese parque se instalarían plantas de termovalorización, que requieren miles de residuos para producir energía.
Los habitantes dijeron “no” al Parque este domingo, ante el temor de que llegaran residuos de otros estados y municipios a sus comunidades para alimentar la planta y que eso aumentara la contaminación de la zona.
Ante los resultados de la consulta pública, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se buscará otro lugar para construir el Parque Ecológico.
Aunque la ley incluye el principio de responsabilidad extendida del productor, la activista apunta que no establece con claridad que las empresas deban priorizar el rediseño de sus productos para que sean buena calidad, estén libres de tóxicos y tengan un ciclo de vida largo, que se puedan reparar, reacondicionar o actualizarse.
Sin estos criterios, subraya, se mantendrá la producción masiva de artículos con obsolescencia programada, caso de los aparatos tecnológicos, o de obsolescencia percibida, como la ropa que se desecha porque ya no está de moda.
Los esquemas de economía circular de Europa, compara, incluyen métodos de reutilización de productos a gran escala.
“Ese enfoque falta en la Ley General de Economía Circular, que se enfoca más en valorizar residuos ya generados en lugar de atender el origen del problema”.
Una vez que se promulgue esta ley, lo siguiente será la emisión de diversos instrumentos legales: un reglamento, un Programa Nacional de Economía Circular y la Norma Oficial Mexicana de Economía Circular, entre otros.
Las organizaciones como Greenpeace México, Acción Ecológica, El Poder del Consumidor, Fronteras Comunes, Asociación Ecológica Santo Tomás y No Es Basura esperan que se les permita participar en esos procedimientos.
Ya que, antes de la aprobación de la legislación de economía circular, no se consideró su visión, a pesar de que el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, obliga a consultar a la sociedad civil en temas ambientales.
La especialista dice que Semarnat les permitió leer la iniciativa cinco días antes de su aprobación. Incluso se manifestaron en la Cámara de Diputados, pero eso no impidió que se votara, consideran, en fast track y sin una revisión profunda.
