En junio próximo el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará la producción de credenciales de elector. Estará a cargo de Cosmocolor, en participación conjunta con lcards Solutions y Talleres Gráficos de México, sin embargo, advierten que hay dudas sobre el manejo de la información.
De acuerdo con el titular del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, ni la empresa pública ni las privadas responsables del nuevo contrato tendrán acceso a los datos del padrón.
Sin embargo, los consejeros Arturo Castillo y Carla Humphrey expresaron sus reservas y pidieron información sobre los alcances de la participación gubernamental en la producción de millones de micas, así como su sustento jurídico.
Esta sería la primera vez en la que el gobierno federal tendría participación –aún no se conoce en qué fase del proceso– en la fabricación de millones de credenciales de elector. Se estima que pueden ser hasta 91.4 millones de micas en los próximos seis años.
Y las dudas surgen porque durante décadas la lucha de los partidos opositores y la sociedad civil fue para que el gobierno sacara las manos del padrón y de la lista de electores.
El pasado 10 de diciembre el INE emitió el fallo en el proceso de licitación para la producción de las credenciales durante los próximos seis años.
Las empresas que resultaron adjudicadas fueron las que integran la alianza formada por Cosmocolor, S.A. de C.V., en participación conjunta con lcards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México (TGN), esta última dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Talleres Gráficos de México se define como “el instrumento del gobierno federal para atender y satisfacer las necesidades de la AFP (Administración Pública Federal) y organismos autónomos en materia de impresión y digitalización de documentos”.
En materia electoral, Talleres Gráficos de México se hace cargo de imprimir millones de boletas electorales en casi todas las elecciones.
Aunque para la producción de credenciales de elector las firmas fabricantes tienen acceso a datos de los ciudadanos y a materiales para la producción de micas para votar, el pasado lunes el titular del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa, aseguró que los datos de los mexicanos están resguardados.
Explicó que la información se les entregará mediante archivos cifrados con algoritmos estándar que se descodificarán a través de una herramienta que proporcionará diariamente el INE y solo contiene la información necesaria para la producción diaria de la credencial.
Los datos de los archivos de producción máximo permanecerán 24 horas, pues la orden de fabricación será de 90,000 micas diarias y los proveedores estarán obligados a resguardar la confidencialidad de las información; habrá restricciones para el acceso al centro de producción y videograbación, entre otros controles.
“En ningún momento se está entregando información que tenga que ver con los datos que contiene el padrón electoral", comentó y apuntó que los fabricantes están obligados a aplicar un proceso de borrado seguro de la información.
Sin embargo, aclaró que la protección de la información es desde el punto de vista técnico y operativo, tanto para la producción como para los candados de seguridad de las credenciales. La validación de la parte jurídica le corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE.
El contrato multianual por seis años implicará que el INE destine de 62 a 68.8 millones de dólares para la producción de un mínimo de 84.9 y un máximo de 94.1 millones de credenciales para votar.
Cada mica tendría un costo de 13.72 pesos y se estima que el año previo a las elecciones presidenciales de 2030 se llegue a un pico de fabricación de hasta 20 millones de credenciales de elector.
El contrato se firmará a principios de enero.
En reunión de la Comisión del Registro Federal de Electores, la presidenta de ese grupo, Carla Humphrey, requirió información específica y por escrito para conocer los tramos de responsabilidad que tendrá cada una de las tres empresas ganadoras.
Expresó que se requiere más información, incluso legal, sobre el sustento jurídico de la contratación de una empresa descentralizada adscrita al Ejecutivo Federal.
Aunque Talleres Gráficos de México está como aliada y la principal es otra empresa, se necesitan datos, dijo.
“Hay una preocupación porque una empresa desconcentrada pues del gobierno está ahora participando con la empresa que ganó la licitación y que eso pues ha generado un tema de preocupación y creo que tenemos que ser muy claros y generar la certeza y la transparencia”, comentó.
De lo que se trata, agregó, es de que las y los electores “tengan pleno conocimiento de que sus datos no podrán ser utilizados por nadie que no sea el INE".
También expuso que llama la atención que el compromiso era dar a conocer el resultado del fallo el 12 de diciembre y se adelantó dos días, además de que los consejeros se enteraron por un comunicado de prensa que, contrario a las normas internas, no fue consultado con los consejeros previamente.
Demandó además la respuesta a un análisis de riesgos del proceso de licitación de la credencial para votar que fue solicitado hace tiempo y sobre el cual no hay respuesta.
"(Hay) la preocupación por el manejo de los datos personales y creo que pues será mejor contar por escrito con este informe para que todas y todos podamos revisarlo, leerlo y, en caso de que haya algún cuestionamiento o alguna duda adicional, pues también tengamos la posibilidad de preguntarlo”, comentó Humprey.
El consejero Castillo también pidió a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE explicar si efectivamente la asignación a un organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación no representa riesgo para los datos personales de los ciudadanos.
En su observación, dijo, debe clarificarse también si no se verían afectadas la integración del padrón electoral y la Lista Nominal de Electores, así como la confidencialidad de sus datos.
Esta información sería útil para entender qué implica la participación de un organismo público descentralizado dependiente del Ejecutivo en las tareas de fabricación de las micas.
“Tiene que quedar muy claro cuáles son las responsabilidades o cómo se establece la distribución de responsabilidades entre las tres empresas que están involucradas en esta licitación”, dijo Castillo.
Luis Mena, representante del PRI en la Comisión del Registro Federal de Electores, recordó que esta sería la primera vez en que el gobierno entra (vía Talleres Gráficos de México) a fabricar las micas, pues al parecer no hay antecedentes.
“Nos preocupa mucho que una empresa de carácter descentralizado de la Secretaría de Gobernación sea quien, en conjunto con una empresa privada, vaya a producir la credencial”, comentó.
Morena en cambio, en voz de su representante Jaime Miguel Castañeda, se mostró preocupado, pero porque los requerimientos de información acordados en el seno de la Comisión retrasen el contrato.
