Además, ante la reciente aprobación de las reformas para la simplificación administrativa y digitalización y la reforma a la Ley General de Población, orientada al fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y la CURP biométrica, el INE inició el análisis del impacto de todos esos cambios.
La consejera Carla Humphrey explicó que se trata de ir hacia la interoperabilidad tecnológica, la alineación normativa, pero que se mantenga la autonomía institucional y la confidencialidad de la información.
“Como garantes de la información que la ciudadanía ha confiado al INE, tenemos la obligación de proteger la confidencialidad de sus datos personales. Hoy, con un Padrón de 99 millones de registros, debemos actuar con responsabilidad para salvaguardar su integridad y mantener la confianza ciudadana”, dijo.
Los consejeros acordaron establecer un cronograma para avanzar en cada uno de esos objetivos y la creación de un grupo interdisciplinario para analizar los impactos jurídicos, político-electorales, técnicos y operativos de los proyectos.
En el relativo a la versión beta de la credencial para votar digital, el documento detalla que estaría disponible en el dispositivo de los usuarios y en un inicio sería un complemento de la versión física.
En cada evento de identificación el usuario puede, de forma personalizada desde su dispositivo, decidir los datos que pueden ser visibles.
“En este sentido, la ciudadanía podría optar por obtener la credencial digital de manera adicional a su credencial para votar física, para que después de algunos años y ya que se logre su aceptación como medio de identificación, así como para los mecanismos de participación y procesos electorales locales y federales”, agregó.
En el proyecto de voto electrónico, requerirá reformas legales y el consejero Ucc Kib Espadas adelantó su rechazo.
El voto electrónico es una opción pero no es una obligación legal ni, dijo, debe plantearse como inevitable. Consideró que ese tipo de sufragio es "opaco" y en Mexico, por sus antecedentes de cuestionamiento a los resultados electorales, no brindaría confianza.
“A ver, al día de hoy, hay voces que repiten la misma fantasía sobre fraude electoral, tanto en 2006 como en 2024, a partir de unos análisis bastante fantasiosos y carentes de sistematicidad de los PREP”, agregó.
“Cualquier persona que conozca medianamente el funcionamiento del aparato electoral sabe que esto es materialmente imposible (modificar resultados), pero esto se sigue repitiendo, destacó.
Dijo que es un mito decir que se reducirá el gasto en elecciones. “No es más barato, es una gran mentira, el voto electrónico es mucho más caro que el voto en papel por distintas razones, como el almacenamiento, y que las máquinas son básicamente perecederas”, dijo.
Las consejeras Humprey, Dania Ravel y Claudia Zavala, además del consejero Arturo Castillo, consideraron que el INE está obligado a modernizar sus sistemas y al mismo tiempo garantizar la protección de los datos.
Humphrey y Zavala recordaron que el voto electrónico existe desde hace 13 años en el país, pues lo hay electrónico en urnas electrónicas desde 2006 y por internet en 2011-2012.
“Las y los ciudadanos exigen procesos más eficientes, más transparentes, seguros y accesibles. Por eso, integrar más herramientas tecnológicas en nuestras operaciones cotidianas es fundamental. Automatizar procesos facilita el acceso a la información, mejora la calidad de la atención y optimiza la interacción entre la ciudadanía y las autoridades electorales”, expuso la consejera Ravel.
Además, precisaron que el voto electrónico depende de reformas electorales y de suficiencia presupuestal.
