Las posturas del estadounidense fueron difundidas por la FGR a través de un comunicado de prensa, en el que también explicó los acuerdos alcanzados en la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
"En su intervención, el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América, Mark Coolidge Johnson, señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas", indicó la fiscalía.
"Destacó que, para lograrlo, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos", agregó en el comunicado.
Cobra relevancia la participación del estadounidense en este evento, ya que, según el diario Reforma, no hay un antecedente reciente de que un diplomático de otro país tome la palabra ante la fiscal general y los titulares de las fiscalías estatales.
Darán seguimiento al Registro Criminal de Armas de Fuego
Durante el encuentro, los encargados de la justicia aprobaron a nivel nacional la implementación y seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego.
Ernestina Godoy explicó que esta herramienta fortalecerá fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego y servirá para apoyar de manera eficaz los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal.
"Este registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información, o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine", indicó.
Agregó que también se continuará con el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal, e implementarán las acciones necesarias para implementar la nueva metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.
Así como a conseguir mecanismos de trabajo para la capacitación, intercambio de información y desarrollo de protocolos para la revisión de casos específicos de violencia contra niñas, niños y mujeres.