El escrito, el cual fue firmado por el secretario general de esa organización, Juan Alberto Prado, acusó que “no es posible sostener la operación judicial sin condiciones materiales ni el reconocimiento justo al esfuerzo de las y los trabajadores que sostienen la impartición de justicia federal en el país”.
          Indicó que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) prometió que se resolvería el pago del incremento salarial de forma retroactiva, pero eso no ocurrió en dos meses.
 
           
          En 2024 se realizó la reforma al Poder Judicial y en junio pasado fueron electos la mitad de los jueces y magistrados del país, mismos que asumieron sus cargos en septiembre.
          A partir de su llegada, se modificó la estructura administrativa del Poder Judicial y, según los trabajadores del PJF, una parte de los nuevos juzgadores despidieron al personal, lo cual se sumó, acusaron, a la ausencia de insumos para trabajar.
          Hay, de acuerdo con el escrito del líder sindical, una “grave, carencia de insumos esenciales para el desempeño de las funciones jurisdiccionales –tales como impresoras, hojas, papelería y el suministro de líquido vital (agua), servicio de comedores, sustitución de las plazas de los puestos que fueron desocupadas por los funcionarios que fueron electos por voto popular”.
          Prado demandó que, pese al despido masivo de servidores públicos, y reclamó por “la falta de cumplimiento en el incremento salarial anual; el pago de aumento retroactivo, correspondiente al mismo, cuya entrega ha sido reiteradamente comprometida por el Órgano de Administración judicial, sin resultados a la fecha”.
          Por ello, se llamó a la suspensión total de labores o protesta “de brazos caídos” en los órganos jurisdiccionales de todo el país por "la omisión reiterada de la autoridad administrativa".
 
           
          Según la convocatoria, la protesta implicará el cierre temporal de todas las sedes judiciales y administrativas bajo jurisdicción federal, aunque sí funcionará una guardia “para casos estrictamente urgentes, conforme a los principios de protección a derechos fundamentales”:
          En su mensaje, el sindicato se dijo abierto al diálogo “y a la búsqueda de soluciones institucionales” para evitar la prolongación de las protestas.
          Tanto el Sindicato Renovación, como el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación respaldaron la reforma al Poder Judicial que se concretó en 2024, por lo que prácticamente no se movilizaron en protesta, como sí lo hicieron buena parte de sus agremiados, entre ellos secretarios de juzgado y actuarios, que ahora acusan despidos promovidos por los nuevos juzgadores.