Luego, durante la aprobación de la reforma, en septiembre de 2024, se incluyó en la Constitución el supuesto “blindaje” de protección laboral.
“Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, se lee en el artículo décimo transitorio de la reforma.
La adición se hizo para atender, se dijo, la preocupación de cientos de trabajadores que, con un paro laboral y protestas en las calles, advirtieron no solo riesgos a la independencia judicial de los juzgadores al ser removidos, sino también cancelación de la carrera judicial y afectación a sus empleos.
Tras la inclusión del artículo transitorio, la mayoría de Morena en el Congreso y el Poder Ejecutivo asumieron el compromiso de respeto a los derechos laborales.
Sin embargo, hoy ese régimen transitorio quedó de lado, pues la realidad que viven empleados del Poder Judicial es que, si bien tienen derecho a la permanencia en el empleo, los nuevos juzgadores también pueden reclutar a parte de su personal.
Azul Aguiar Aguilar, investigadora de la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) y presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), sostiene que el relevo no solo de los juzgadores, sino de sus equipos, era uno de los objetivos de la reforma.
Y esa posibilidad se concretó porque, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se introdujo la disposición de que jueces y magistrados puedan conformar sus equipos con el 50% de integrantes de carrera judicial y el otro 50% por designación, personal de confianza.
En esa legislación se estableció, recuerda la investigadora en su estudio La independencia Judicial en Jaque, que los secretarios proyectistas de tribunal de circuito y juzgado de distrito “tendrán el carácter de personas servidoras públicas de confianza”.
"(Eso implica) la flexibilización de las reglas de ingreso y permanencia en puestos estratégicos, como los proyectistas de jueces y magistrados, (eso) abre la puerta para que el nepotismo se siga reproduciendo”, observa la experta.
La llegada a los puestos de trabajo de personas afines y hasta parientes de los nuevos juzgadores está por verse, pero gracias a esas reformas secundarias la posibilidad existe.
El 'fantasma' del riesgo laboral
Para Alan Torres, de la Coalición de Circuitos, los despidos en Veracruz son los más sonados, pero no los únicos.
El caso de Boca del Río, protagonizado por la magistrada Antonia Ahlelí Feria, fue mediático porque sin más, a su llegada pidió la renuncia del personal de base y solicitó al órgano de Administración Judicial (OAJ) actualizar nómina, seguridad social y expedientes laborales.
En dos casos en Xalapa también se exigieron renuncias “voluntarias”, y en uno de ellos el magistrado advirtió a su personal que la "mínima desobediencia" ameritaría actas administrativas y hasta denuncias.
Torres recuerda además que a estos casos deben sumarse otros despidos que ya ocurrieron incluso antes de la elección judicial de junio.
"Esos no son casos únicos, estoy seguro que si nos vamos a otros estados pues vamos a conocer asuntos de ese tipo. Muchos compañeros tienen miedo a hablar, comentar algo, prefieren mantenerse callados, a ver si calladitos y trabajando pues no la agarran contra ellos y no pierden su trabajo”, comenta Torres.
Recuerda, por ejemplo, el caso de Sinaloa, en el que la nueva jueza Delia Quiroa, exlíder de madres buscadoras, despidió al personal que estaba en su juzgado y asumió una postura que califica de hostil.
"Para sacar adelante toda la carga laboral al parecer llegó a imponer ciertas condiciones más allá de los horarios laborales”, comenta.
