"Lo que refleja el proyecto presupuestal 2026 es que el combate a la corrupción no es una prioridad. En realidad, la tendencia general del presupuesto destinado a las instituciones anticorrupción va a la baja”, expone Anaid García Tobón, especialista de Fundar, Centro de Análisis e Investigación Asociación Civil.
Presupuesto para la corrupción disfrazado
El Gobierno federal estrenó un nuevo diseño para el presupuesto destinado a combatir estos ilícitos, con el Anexo 30 denominado “Recursos para la Prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción”, al que se incorporaron 16 dependencias, pero sin claridad de que efectivamente el dinero asignado sea para atajar ese delito.
Este Anexo contempla ahora a la Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente, Cultura, Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente, Cultura, Trabajo y Previsión Social, además de IMSS e ISSSTE, pero con proyectos ambiguos que no están relacionados.
Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural “planeó” combatir la corrupción mediante el "impulso a la sostenibilidad de los recursos pesqueros"; la de Medio Ambiente tendrá 26.7 mdp de este anexo que destinará a “asegurar el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Cambio Climático”, mientras que la Secretaría de Cultura proyecta dedicar 58.4 mdp de este rubro para una estrategia para “fortalecer el posicionamiento de México como referente cultural”.
En tanto que se proponen estrategias de comunicación y difusión internas con este presupuesto, por ejemplo la Secretaría de las Mujeres lo destinará para “Elaborar y difundir estudios, investigaciones, diagnósticos y propuestas con perspectiva de género”; el IMSS planteó “socializar el Código de Ética de la Administración Pública Federal”, mientras que la Secretaría de Trabajo lo contempla para “difusión y capacitación constante”.
En contraparte a esa asignación de recursos sin enfoque claro a la lucha contra la corrupción, las instituciones con tareas especializadas en atajar el desvío de recursos, impedir la opacidad, la impunidad, y a supervisar el buen uso del dinero público, serán desfondadas presupuestalmente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá una reducción de 4.58% en su gasto; la Fiscalía especializada en Materia de Combate a la Corrupción, de 3.21% y el Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA) de 1.82%.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, que articula toda la política en esa materia, sufrirá un recorte de 3.13% en su presupuesto etiquetado.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que anteriormente era la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que tiene una gran cantidad de funciones, sobre todo al sumarse las de organismos desaparecidos como el INAI, presenta una reducción de 2.11% de su presupuesto.
Se propone asignarle alrededor de dos millones de pesos al mes para realizar las tareas que antes de su extinción realizaba el INAI, señala la especialista de Fundar. “Al INAI le daban en promedio 1,000 millones de pesos anuales, y ahora contrasta muchísimo que solamente estén otorgándole 25 millones de pesos", dice.
Es escandaloso que no tenga recursos. La regresividad de la reforma a la Ley General de Transparencia sumada a esta reducción presupuestaria del 98%, pues lo que va a generar es que no se tengan los recursos suficientes ni el personal adecuado para que se pueda cumplir con estas funciones de transparencia y de acceso a la información.
Anaid García Tobón, especialista de Fundar.
La especialista de Fundar insiste que está probado que la forma más efectiva de combatir la corrupción es la transparencia y cerrar el paso a la opacidad, y ni en la ley ni en el presupuesto se aprecia la voluntad de impedir desvíos y vigilar el buen uso de los recursos públicos.
