La sobrepoblación y violencia presionan a más de la mitad de las cárceles mexicanas

En materia de violencia, las cárceles estatales no están mejor. Apenas el 10 de septiembre se reportó la muerte de tres internos tras una riña en el penal Venustiano Carranza, en Nayarit; un día antes un reo fue hallado sin vida en el penal de Goros II, en Ahome, Sinaloa.

El mes pasado también se registraron hechos violentos en cárceles. En el penal de Tuxpan, el 2 de agosto, un motín dejó siete internos sin vida y 11 heridos. Días después, entre el 15 y el 17 de agosto, se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos desde drones hacia el penal.

Una situación similar se vive en el penal de Aguaruto, en Sinaloa, sede de varias riñas este año, la más reciente con un saldo de tres muertos y varios heridos.

Derechos básicos olvidados

Para expertos, la sobrepoblación y los hechos de violencia son síntomas de un sistema colapsado. Así lo ve José Luis Gutiérrez, director de ASILEGAL, sostiene que el problema ya alcanzó dimensiones críticas.

“Estas 252,466 personas están albergadas en 276 centros penitenciarios (estatales y federales) y de esos, en 137 hay sobrepoblación. Estamos hablando de que casi 50% tienen un problema bastante fuerte de hacinamiento”, explica.

El especialista señala que esta saturación se traduce en violaciones a los derechos humanos, lo que repercute directamente en la seguridad y las condiciones de vida de los internos.

De acuerdo con Gutiérrez, muchas riñas y hechos de violencia que se registran en los centros penitenciarios se originan por la escasez de recursos básicos como agua potable o alimentos.

Al respecto, María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, coincide en que, debido a la sobrepoblación, los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, como la salud y alimentación, "ya se vuelven derechos completamente olvidados”.

En entrevista con Expansión Política, Sirvent ejemplifica que en el Estado de México hay una sobrepoblación penitenciaria de alrededor del 150%, mientras que Nayarit e Hidalgo también enfrentan niveles críticos.

Tanto Gutiérrez, de ASILEGAL, como Sirvent, de Documenta, advierten que el impacto de la saturación se refleja directamente en la seguridad de los penales y en violaciones a los derechos humanos de las personas internas.

“Todos estos números se traducen en incidentes al interior de los centros penitenciarios. La sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno, la falta de condiciones adecuadas de higiene, de salud, de alimentos... han involucrado (este año) ya a alrededor de 332 personas privadas de libertad”, dice Gutiérrez.

Además de la precariedad material, Sirvent observa que las cárceles también reproducen desigualdades internas debido, entre otras cosas, a que siguen existiendo los privilegios y "autogobiernos".

“Se vive una situación en la que hay personas que tienen muchos privilegios y otras que enfrentan múltiples violaciones”, apunta.

Ley Nacional de Ejecución Penal, la deuda pendiente

Los especialistas señalan en que uno de los mayores pendientes en la materia es dar plena vigencia a la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), aprobada en 2016, con la finalidad de garantizar un trato digno y la reinserción social.

Si bien la propia norma fijó un plazo de dos años para la transición del sistema penitenciario y la entrada en vigor de todos sus preceptos, a casi una década de su promulgación persisten las problemáticas estructurales en los centros penitenciarios, entre ellas el hacinamiento, la violencia y la falta de condiciones básicas para la reinserción social.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, y ordena implementar los siguientes ejes:

1.- Aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales.

2.- Mejorar la infraestructura penitenciaria.

3.- Fortalecer la estructura tecnológica de los centros.

4.- Consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario.

5.- Estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional.

6.- Desarrollar un sistema integral de reinserción social.

Para Sirvent, esta norma no se ha llevado a la práctica en su totalidad. Uno de los problemas, señala, es que las autoridades penitenciarias ni siquiera tienen claridad sobre quiénes cumplen con los requisitos de preliberación.

“Hay tantas personas privadas de libertad que la autoridad no sabe quiénes tienen derecho a beneficios de preliberación, hay personas que ya podrían salir y no se les avisa a los jueces”, indica.

Por ello, insiste en que los jueces de ejecución deben ir más allá de otorgar beneficios administrativos.

Gutiérrez, por su parte, considera que también es indispensable que jueces, defensorías públicas y fiscalías trabajen de manera conjunta para agilizar preliberaciones y así reducir la presión en los penales.

“Tienen que trabajar en conjunto con las defensorías públicas y las fiscalías especializadas en ejecución para contribuir a la despresurización del sistema penitenciario y garantizar que estas poblaciones pudieran estar obteniendo su libertad”, comenta.

Otro de los focos rojos que ambos especialistas señalan es el uso extendido de la prisión preventiva. De acuerdo con Sirvent, “más o menos el 40% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia”, lo que contribuye de manera significativa al hacinamiento.

“La prisión preventiva debería ser para casos excepcionales, no puede ser posible que tantas personas estén encarceladas sin un proceso concluido”, cuestiona.

En la misma línea, Gutiérrez plantea que los jueces de control también exploren medidas cautelares menos agresivas para evitar un mayor "colapso" del sistema.

Los especialistas subrayan que la crisis penitenciaria no se resolverá con traslados o acciones aisladas, sino con una política nacional integral.

Para Gutiérrez, también es urgente trabajar en un Plan Nacional de Reinserción Social que homologue criterios en todos los estados y garantice la corresponsabilidad de las autoridades.

“Lo que se tiene que determinar es un mecanismo de corresponsabilidad que contribuya a garantizar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Es indispensable diseñar un plan que homologue criterios en todos los estados, que tropicalice por entidad su plan estatal y federal de reinserción social para tener un control más claro de cómo se puede atender a las personas privadas de libertad”, explica.

Sirvent añade que también es necesario analizar el impacto social que tiene la prisión.

“Se debe valorar si la prisión es realmente la solución a los problemas de seguridad del país. Por ejemplo, una mujer que cometió un delito menor termina en prisión y deja a sus hijos afuera ¿Qué impacto tiene y qué costo para la sociedad representa?”, cuestiona.

Más allá de las cifras y propuestas técnicas, la crisis tiene un costo humano innegable. Gutiérrez alerta que el alimento y el agua potable, por ejemplo, muchas veces no son una realidad en centros penitenciarios alejados de las cabeceras municipales, lo que pone en riesgo la integridad física y psicológica de miles de internos.

Tanto él como Sirvent coinciden en que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura deben asumir un papel más activo para vigilar y garantizar condiciones mínimas en los penales.

Espacio suficiente en los federales

A diferencia de lo que pasa en los penales estatales, en los 14 centros de reclusión del gobierno federal, no hay sobrepoblación. “Hay espacio suficiente”, ha resaltado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en varias ocasiones.

Según las cifras oficiales, en los 14 centros federales había 7,862 espacios disponibles al cierre de agosto pasado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que “algunos" centros estatales requieren más apoyo.

"Del Sistema Penitenciario Federal están en buenas condiciones y, obviamente, se está trabajando para mejorar. Recuerda que hay centros penitenciarios estatales y hay federales. Hay algunos centros penitenciarios estatales que requieren mucho más apoyo, incluso los gobernadores en algunos casos están haciendo obras importantes para mejorarlos y nosotros apoyamos ahí donde se puede", expresó Sheinbaum el 9 de septiembre.

En su Primer Informe de Gobierno, la mandataria reportó que, para romper los ciclos de la violencia y la delincuencia, se implementa una estrategia de prevención y reinserción social que se enfoca en la reconstrucción del proyecto de vida de las personas que estuvieron en conflicto con la ley.

Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, la SSPC realizó acciones como:

-Canalizar a 414 personas sentenciadas en libertad a instituciones corresponsables para atender las necesidades relacionadas con alguno de los ejes de reinserción social (trabajo, educación, empleo, salud y deporte).

-Brindar 577 atenciones psicológicas a personas preliberadas y externadas.

-Puesta en marcha la Estrategia Reconecta con la Paz con el objetivo de prevenir la reincidencia de conductas violentas o delictivas en personas jóvenes de 18 a 35 años que cometieron delitos de bajo impacto y se beneficiaron con la suspensión condicional de la pena en libertad.

Sin embargo, para organizaciones como ASILEGAL y Documenta, la raíz del problema está en la falta de aplicación de la ley y en la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el sistema penitenciario.

Es así que, a una década de la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), los problemas estructurales persisten: hacinamiento, violencia, autogobierno, falta de condiciones básicas y ausencia de medidas efectivas de reinserción social.

“No se le ve prioridad por parte de los gobernantes”, lamenta Sirvent, al insistir en que mientras no se atienda de manera integral, la crisis penitenciaria seguirá cobrando vidas y vulnerando derechos en todo el país.