No obstante, organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran que esta figura ha sido usada por morenistas o personas cercanas a ese partido para silenciar, censurar y acallar a periodistas y tuiteros.
Nuevo caso en Campeche
Las acusaciones contra tres periodistas en Campeche se debieron a que en octubre de 2024, en el programa de análisis político La Barra Noticias, hablaron sobre los bailes de Layda Sansores en eventos públicos como senadora y gobernadora.
“El que tiene que ver con el caso de la sentencia del Tribunal Electoral se refiere a las veces que la gobernadora -en público, como en el Senado o en el Estadio Azteca- se puso a bailar de una manera, creo, que no es propia para quien tiene la investidura de gobernadora. Nosotros analizamos esa actitud constante de la gobernadora, lo comentamos y señalamos que tenía alguna fijación con ese tipo de bailes”, dijo el periodista Carlos Martínez, uno de los sancionados, en el programa televisivo.
Tras este comentario, el gobierno de Campeche denunció a los periodistas por violencia de género, y tras dos años de litigio, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) le dio la razón a la mandataria estatal.
Este Tribunal ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali emitir una disculpa pública a Sansores como medida de reparación, al concluir que incurrieron en violencia política en razón de género en su modalidad digital y mediática.
En consecuencia, los tres publicaron un video en Facebook para disculparse por sus expresiones “ofensivas y estereotipadas”.
“En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, porque las expresiones emitidas en un programa de Youtube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, leyeron los tres por separado.
Otros casos
No es la única vez que Sansores ha emprendido acciones legales contra periodistas, pues hace unos meses denunció al comunicador Jorge González Valdez y a su medio de comunicación, Tribuna Campeche, por comentarios sobre ella y su gestión.
La jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a González Valdez, acusado de incitar el odio y violencia contra la gobernadora, y fue sentenciado a pagar dos millones de pesos por presunto daño moral.
También las autoridades designaron a una persona para que revise, apruebe y rechace los contenidos de dicho medio antes de su publicación, con el objetivo de evitar referencias sobre la gobernadora.
Disculpas por 30 días
Un caso similar se dio con la legisladora petista, Diana Karina Barrera, quien denunció a la ciudadana Karla María Estrella de violencia política en razón de género por declaraciones en las que aludió su candidatura como legisladora.
En febrero de 2024, Karla María Estrella publicó un mensaje en redes sociales en el que mencionó una presunta intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, para que su esposa Diana Karina Barreras fuera candidata a diputada.
“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, escribió en aquel momento.
Por este mensaje en redes sociales, Barreras denunció a la ciudadana por violencia política de género y el Tribunal Electoral le dio la razón a la legisladora.
El órgano electoral judicial consideró que dicho comentario afectó la dignidad de Barreras al reducir su candidatura a una influencia masculina sin considerar sus méritos, y ordenó a Karla María Estrella a pedir disculpas por 30 días desde su cuenta de X, plazo que ya se cumplió.
También en Tamaulipas
Lo mismo pasó con el columnista Héctor de Mauleón, quien fue señalado de violencia política en razón de género debido a una publicación que realizó en un periódico de circulación nacional, donde hizo señalamientos que vincularon a la entonces candidata a magistrada, Tania Gisela Contreras López, con el tráfico de hidrocarburos.
En la columna “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, publicada el 1 de mayo de este año, el periodista informó que en 2022 el entonces secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pidió investigar a Juan Carlos Madero Larios, ya que como funcionario de Aduanas presuntamente habría coordinado el contrabando de hidrocarburos.
Por ello, a principios de julio, el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó a Héctor de Mauleón no volver a publicar nada que ligara el nombre de la ahora magistrada electa con el llamado huachicol fiscal, así como eliminar dicha columna y registrar al periodista en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género por cuatro años.
