La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen que impone la "prohibición absoluta" de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
La iniciativa propone penalizar con entre uno y hasta ocho años de prisión la comercialización y promoción de estos productos. También establece la aplicación de multas con montos que van de los 11,000 a los 226,000 pesos aproximados.
Con 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el dictamen se avaló esta tarde en una reunión extraordinaria y en medio de reproches de la oposición. Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que se limitó el debate al no permitir votos particulares y la discusión de reservas hasta que la iniciativa llegue a la Mesa Directiva de la Cámara Baja.
La mayoría de los legisladores de oposición se decantaron en contra de establecer sanciones penales para quienes adquieran vapeadores o cigarrillos electrónicos. Consideraron que esta disposición criminaliza a los usuarios.
En su lugar, propusieron regular los productos o solo prohibir su comercialización –porque sí los consideran dañinos para la salud–, pero sin penas de cárcel como castigo.
Ana Isabel González, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la penalización abre la puerta al mercado negro y la venta clandestina. Aseguró que esto pone en mayor riesgo a los jóvenes y adolescentes, principales usuarios de los vapeadores.
Sin embargo, el legislador del partido oficialista Morena, Fernando Castro, aseguró que la reforma no sanciona la portación y el uso, sino que busca proteger la salud y controlar las tiendas clandestinas.
Desde Movimiento Ciudadano (MC), Juan Ignacio Zavala lo contradijo. Señaló que la iniciativa considera las penas de cárcel, incluso, para quienes adquieran un cigarrillo electrónico.
“Este es uno de los dictámenes más punitivistas que han pasado por aquí. Por eso, en Movimiento Ciudadano votamos en contra de este dictamen que criminaliza”, advirtió.
La diputada del mismo partido, Amancay González, respaldó a su colega. Aunque se dijo a favor de prohibir la venta de estos productos por contener sustancias tóxicas, se negó a avalar las sentencias de lo que llamó "la política criminal contra el vapeo".
Actualmente, aseguró, quien vende cristal o cocaína puede ser castigado con 6 años de prisión, por lo que el castigo para quienes vapean sería mayor, con condenas de hasta 8 años.
“De aprobarse esto, México será el país donde va a ser más peligroso comprar un vape que traficar droga”, apuntó.
