Hablar de lo que pasa es un riesgo. El informe da cuenta de varios defensores del medioambiente amenazados y perseguidos; de despojos y violaciones a derechos humanos.
“Parece que Campeche es un lugar muy tranquilo, pero la verdad es que ya no”, lamentó.
Lázaro Sánchez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, observa que la violencia en el sureste arreció a partir de 2021 y alcanzó a Chiapas, a pesar de que la Guardia Nacional colocó 10 de sus sedes en el estado.
“A la par de que se militariza, a la par de que se incrementa la delincuencia organizada, también incrementa el desplazamiento, las desapariciones, las ejecuciones”, señaló. “Con el disfraz del desarrollo, se sigue despojando a los pueblos”, agregó.
Giovanna Gasparello concuerda. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la segunda institución gubernamental que más promueve el Tren Maya. Sin embargo, reconoce que este megaproyecto se acompaña de una "sistemática violación de los derechos humanos de las comunidades”, sin que existan mecanismos institucionales para quejas o denuncias.
La presencia militar, lejos de producir seguridad a los habitantes, creó un clima de indefensión y mantiene un control de los espacios públicos. Afirmó que las playas, plazas y otros sitios están cercados. La población no accede a ellos sin pasar diversos filtros custodiados por personas armadas.
“Con pretexto de patrullaje y mantener la seguridad, ya hay una presencia de actores armados desde los supermercados hasta las plazas públicas, las playas. Cualquier lugar de espacio público se encuentra militarizado”, declaró.
Sin justicia
Durante la presentación del informe, Viridiana Maldonado, del colectivo Terra Vida, recordó que el proyecto se hizo sin contar con impactos ambientales adecuados. Los que sí se emitieron, fueron hechos de manera fragmentada.
Las decenas de amparos interpuestos no lograron detener la operación del Tren Maya, debido a una serie de obstáculos en la justicia, que van desde atrasar audiencias y perder expedientes hasta ignorar la evidencia.
Con la llegada de los nuevos jueces, elegidos por el voto popular después de la reforma judicial, tampoco ven solución. Ni aunque el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, sea un representante indígena.
Las organizaciones señalan al ministro de contribuir a realizar consultas irregulares sobre el Tren Maya en las comunidades.
“No esperamos realmente nada de él, más con esta reforma judicial. Estamos totalmente abandonados”, dijo Guillermo D’Christy.
Por todos los daños, el grupo de especialistas insiste en que es necesario cancelar el proyecto, que las autoridades buscan extender a Guatemala.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza les da la razón. En septiembre emitió una resolución donde avala la violación al derecho a un medio ambiente sano. Francesco Martone, juez de ese órgano, explicó que la sentencia se envió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medioambiente, Alicia Bárcena, pero no reciben aún comunicación al respecto.
Bárcena declaró hace unos meses que se diseñaría un plan de restauración para las zonas afectadas por el Tren Maya, en diálogo con la sociedad civil. Estas organizaciones no han sido convocadas todavía.
