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El INE analiza bajar a otro juez electo por irregularidades en fiscalización

En la recta final de la fiscalización de las campañas judiciales y de las municipales de Durango y Veracruz concluirá el 28 de julio.
jue 17 julio 2025 10:03 AM
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Imagen ilustrativa. Cierre de casilla en la Colonia de los Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá a los consejeros cancelar otra candidatura ganadora a juez de distrito por incurrir en irregularidades en materia de fiscalización durante su campaña.

Se trata de un juez de distrito de Sinaloa, quien no solo no presentó información alguna sobre eventos, ingresos y egresos, sino que se le detectaron gastos y no pudo ser localizado por el INE; además, se ubicó a otro abanderado que registró ingresos bancarios por 850,000 pesos, sin pasar por el sistema financiero.

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Este viernes la Comisión de Fiscalización del INE conocerá los dictámenes y proyectos de resolución de los 3,400 candidatos a cargos judiciales y de los candidatos a cargos municipales de Durango y Veracruz, los cuales son resultado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de las campañas. Todos deberán ser sometidos a aprobación del Consejo General el lunes 28 de julio.

Las revisiones incluyeron un seguimiento especial a las operaciones de 150 candidaturas, mismas que fueron determinadas con base en el modelo de riesgo que les presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UTF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

La Unidad detectó a cinco candidatos a jueces y magistrados locales que rebasaron el límite de gasto permitido. A nivel federal el límite de gasto fue 220,326 pesos para abanderados a jueces y de 413,111 pesos para magistrados de tribunal colegiado, sumas similares a las que se fijaron a aspirantes a juzgadores locales.

En el caso de la fiscalización de las elecciones locales en Durango y Veracruz, donde se eligieron presidentes municipales, la UTF determinó que tres candidatos rebasaron el tope de gasto establecido.

Sin embargo, solo en uno de ellos puede haber consecuencias, pues el abanderado ganó la elección a alcalde, pero superó 5% el tope de gasto fijado y la diferencia de votos con relación a su más cercano competidor es de menos de cinco puntos, por lo que se propondrá a la Comisión de Fiscalización dar vista al Tribunal Electoral para que determine si pierde su triunfo.

En casos como los referidos, por irregularidades electorales o por gastar en exceso por encima del tope, el INE no puede declarar la nulidad de un triunfo o de la elección, pues solo impone sanciones económicas y da vista al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que analice y decida si se anula un proceso electoral o si se revoca la constancia de mayoría de una candidatura ganadora.

Los hallazgos

Entre lo detectado por la UTF, en el caso de las elecciones judiciales, destaca que hubo seis candidatos a juzgadores que el INE no pudo localizar y ellos tampoco entraron en contacto con el Instituto, por lo que también incumplieron con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Tres de ellos no hicieron erogaciones y tres si realizaron gastos, aunque menores, pero solo uno ganó, que es el caso de Sinaloa.

De acuerdo con las normas de fiscalización, dos de las conductas más graves en esa materia son la recepción de recursos prohibidos (públicos, privados, extranjeros o provenientes de personas morales) o no presentar informes de ingresos y gastos, pues eso obstruye la fiscalización y se considera que es una conducta con dolo e intención de ocultar la revisión.

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Ese caso sería aún más grave, pues en sus Lineamientos para la fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, federal y locales, el INE ordenó que todo candidato a un cargo judicial debía registrarse en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC).

Cada candidatura debió dar información a ese mecanismo sobre su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), CURP, número de cuenta bancaria, declaración de situación patrimonial y de intereses; además de sus declaraciones anuales de los dos últimos años; un informe de capacidad de gasto; cuentas de redes sociales, laborales y personales.

Pero esos seis candidatos, tanto los que hicieron gastos, como los que no lo hicieron, no realizaron ningún registro, no se reportaron ante el INE ni entregaron su informe de ingresos y gastos, ni siquiera en ceros, posibilidad que legalmente existe.

Aunque en enero el INE aprobó que la no presentación de informes de ingresos y egresos no fuera causal de pérdida de la candidatura, como sí lo establece la ley electoral, el 19 de marzo la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó esa decisión.

En congruencia con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), los magistrados ordenaron al INE no condicionar la cancelación del registro solo por una o dos conductas infractoras, como lo hizo, sino establecer que se procedería según la gravedad de la falta, razón por la que se propondrá ahora aplicarla en este caso.

Además se buscará una sanción que puede ser de más de un millón de pesos para un candidato a juez que registró ingresos por 850,000 pesos y, al ser requerido, informó que eran recursos de dos cuentas bancarias que cerró hace años. Dijo tener el dinero en efectivo durante ese tiempo y ahora lo depositó en una cuenta bancaria desde la cual pagó gastos de campaña.

Sin embargo, no todas las faltas detectadas por la UTF fueron de la misma gravedad, por lo que se propondrá a la Comisión de Fiscalización una tipología de faltas con sus posibles sanciones, pues entre los casos detectados también estuvieron fallas atribuibles a la inexperiencia o a errores.

Por ejemplo, una persona aspirante a magistrado de una sala local registró gastos por 15 millones de pesos, pero, además de que eso hubiera excedido el tope, resultó que fue un error pues registró absolutamente todos sus gastos cotidianos y personales.

Para otras candidaturas que no pudieron generar o firmar su informe único, pues el sistema cerró automáticamente a las 12:59 y se quedaron a medias, se analizará si se propone una sanción leve como amonestación o no sancionar en los casos donde se acredite que no hubo intención de incumplir con sus reportes ni de ocultar gastos.

Los errores por inexperiencia proliferaron. Entre mayo y junio la Unidad ya había detectado un error millonario reconocido por un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien por error anotó más de 200 millones de pesos en gastos en vuelos y fue, durante las etapas de notificación de errores y omisiones, cuando se pudo aclarar la cifra.

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