Para el 16 de mayo, las erogaciones ya eran de 238.9 millones de pesos en proselitismo, lo que prefiguraba posibles rebases de tope de campaña, pues el límite personal que cada uno de los 64 candidatos a la Corte podían destinar era sólo 1.4 millones de pesos.
Sin embargo, en el corte final de gastos de campaña registrados, el 6 de junio pasado, se eliminó el rastro de 224.4 millones de pesos que se habían reconocido como erogados.
Para esa fecha la Unidad Técnica de Fiscalización del INE reportó que las 64 candidaturas a uno de nueve cargos en la SCJN gastaron en conjunto solamente 13.4 millones de pesos.
El encargado de despacho de la UTF, David Ramírez Bernal, explicó en entrevista que un candidato -mismo que resultó electo- registró por error más de 200 millones de pesos en gastos en vuelos y fue durante las etapas de notificación de errores y omisiones que se pudo aclarar la cifra.
“Lo que sucedió es que hubo un candidato que reportó gastos en una aerolínea y registró 200 millones de costo. Como podemos suponer que no compró un avión, sino un vuelo, evidentemente se trata de un error. Durante el proceso, como sucede en toda contabilidad, pueden hacer pólizas de corrección. Sí, entonces corrigió”, dijo.
“Es un ostensible error. Obviamente todas las cifras se van modificando, incluso cuando responden errores y omisiones, porque o reconocen gasto o niegan gasto después de lo que nosotros observamos y entonces valoramos sus respuestas”, explicó.
Sin embargo precisó que no tocaba a la UTF hacer las aclaraciones, sino a la candidatura, razón por la que sólo apareció la nueva suma en el reporte final de gastos registrados por los candidatos.
Ramírez indicó que el registro de ingresos y gastos, que debe hacerse a más tardar el tercer día después de realizado un gasto, fue un asunto que se les complicó a las personas que contendieron por un cargo judicial.
Exceder los plazos ya dejó de sancionarse incluso en la fiscalización de los partidos, y en este caso, consideró, fue una falla recurrente debido a que, a diferencia de las fuerzas políticas, los contendientes aun cargo judicial no cuentan con la estructura para dedicarse a las tareas de contabilidad.
Por la falta de experiencia llegan a rebasar ese límite de 3 días que es sobre todo aplicable a partidos donde tienen estructuras y además práctica, experiencia, dijo.
En cambio, durante las campañas judiciales, consideró, fue “muy frecuente que se les vayan los tiempos de los 3 días” por falta de experiencia y de personal de apoyo.
