Pago a cárteles pone en riesgo a empresas por financiamiento al terrorismo

“Muy probablemente se vayan a replicar este tipo de cuestiones en otras empresas y en otros sectores en México, más allá del del sistema financiero”, asegura Fausto Carbajal Glass, asesor senior de riesgo político en Miranda Partners y senior fellow del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

Una fuente del sector consultada por Expansión señala que hay otros ingresos de las organizaciones criminales que podrían ser consideradas por EU como financiamiento al terrorismo: contrabando de combustible (huachicol), "cobro de piso" y las “narcoremesas”.

“México no podría allegar recursos a Hezbollah o Al Qaeda, sin embargo, todo lo que implique huachicol, derecho de piso y narcoremesas implican un financiamiento secundario al terrorismo. Entonces, lo que no está dimensionando México es que el derecho de piso financia al terrorismo”, plantea la fuente del sector financiero.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene identificadas siete actividades principales del crimen organizado, además de la producción y venta de drogas están:

• La trata de personas
• El tráfico ilícito de migrantes
• El tráfico ilícito de armas de fuego
• El tráfico ilícito de recursos naturales
• El comercio ilegal de flora y fauna
• La venta de medicamentos adulterados
• La delincuencia cibernética

En el caso de México, en los últimos años, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades delictivas para tener más fuentes de ingresos, así que además de esas actividades están el robo y venta de hidrocarburos, y el cobro de piso, una modalidad de extorsión periódica no solo a grandes empresas, sino a comercios, mercados, agricultores para puedan vender sus productos o realizar sus actividades.

En México, pequeños y grandes negocios pagan "cobro de piso", lo que en estricto sentido para Estados Unidos podría ser considerado como un tipo de financiamiento a las actividades de los cárteles, y para ellos, al terrorismo.

“Los aguacateros de Michoacán pagan derecho de piso, pagan uno o dos pesos por cada kilo de aguacate que exportan. Ese peso o dos pesos que pagan los aguacateros o los limoneros van a financiar al terrorismo”, agrega la fuente consultada.

Para evitar ser considerados financiadores de actividades criminales o de terrorismo, plantean expertos, las empresas y productores deben robustecer sus prácticas de compliance o incluso presentar denuncias para dejar como precedente que están siendo obligadas a entregar dinero a los cárteles.

“Mientras no haya una denuncia formal de por medio ante las instituciones de procuración de justicia, en este caso ante las fiscalías estatales y la General de la República, es complicado", sostiene Alberto Guerrero Baena, consultor en política de seguridad.

“La gran mayoría de las personas a las cuales están extorsionando estos grupos son microempresarios y aquí el problema es que muchos tienen cuentas en determinados bancos, entonces aquí el problema es que se puede establecer un precedente”.

Los limoneros y aguacateros no son los únicos que pagan “cobro de piso”. Por ejemplo, en Guerrero los tortilleros tienen sus cuotas; en Baja California los pescadores; y en el Estado de México los vendedores de pollo.

María de los Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, recalca que, legalmente, los cárteles designados ya son grupos terroristas en EU, por lo que cualquier persona física o moral que "ayude" a esas organizaciones es susceptible de ser acusado por la vía civil o penal.

"Entonces, esas empresas y personas que son extorsionadas por el narcotráfico y específicamente por esos cárteles considerados grupos terroristas pueden ser considerados coadyuvantes o facilitadores de terroristas. Sí existen varios riesgos para esas personas".

Sobre las implicaciones de las órdenes del Departamento del Tesoro contra las tres instituciones financieras, la especialista considera que son "realmente graves", sobre todo a nivel de confianza.

"Están haciendo evidente que los controles que existen en México impuestos por la CNBV, por la UIF, por Hacienda, en realidad no son suficientes y eso va generar a corto y mediano plazo efectos en la parte económica", menciona.

"Básicamente lo que esta situación va generar es una pérdida de confianza a nivel nacional y a nivel internacional (...) no solamente en esas instituciones bancarias y financieras, sino en el sistema financiero mexicano, porque existen pocos controles".

El fentanilo, el “arma" que amenaza"

El gobierno de Estados Unidos ha puesto en la mira a México y, de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ya es uno de los "adversarios" de los estadounidenses.

“Donald Trump lo ha dicho fuerte y claro: no nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas”, aseguró este miércoles durante una sesión en Capitol Hill.

La droga por la que México es considerado una amenaza para Estados Unidos es el fentanilo. Este opioide mató a 48,422 estadounidenses en 2024, es la principal causa de muerte en personas de entre 18 y 44 años, y más del 40% de la población de EU conoce a alguien que ha fallecido por sobredosis de opioides.

Para los expertos consultados, México no puede ser comparado con países “adversarios”, como Irán, aunque la referencia en ese sentido evidencia una falta de confianza por parte de EU.

“No es menor porque nos ponen a la altura de países con un grave problema ideológico, nos pone al grado de China, que es el enemigo económico por excelencia, de Irán, el enemigo por situaciones ideológicas, y México se supone que es el vecino, se supone que confías, pero cuando no confías en el vecino, pues es tu enemigo”, agrega Alberto Guerrero Baena.

Sin embargo, consideran, el gobierno estadounidense tiene una justificación: ve en el fentanilo un "arma".

“Cuando entras en este grupo cambia todo, porque al final tú en México no tienes terrorismo, es decir, no estamos acostumbrados al terrorismo en el sentido de que un individuo se inmole para causar la muerte con un fin político para intimidar a la población, sino que a la hora que nos designan como tal, lo que nos aplican son leyes internacionales mucho más estrictas que pueden financiar grupos terroristas. Y esto deriva en el fentanilo. (Para EU) el arma mexicana es el fentanilo”, agrega la fuente consultada.

Fausto Carbajal considera que Estados Unidos está evadiendo la corresponsabilidad que tiene en la expansión de los cárteles y el tráfico de drogas.

“El enfoque parece ser ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo, y como siempre ver el problema fuera de sus fronteras, cuando en realidad se da tanto en México como en Estados Unidos”, sostiene.

El combate al fentanilo es una prioridad para el gobierno de Trump, por lo que desde los primeros minutos de su regreso a la Casa Blanca emitió órdenes ejecutivas para poner fin al flujo directo de fentanilo y otros opioides sintéticos.

El señalamiento a Vector, Intercam y CI Banco por contribuir al lavado de dinero de cárteles es una consecuencia directa de aquella categorización como terroristas, por lo que vendrán más medidas, anticipan los expertos.

El objetivo para Estados Unidos es combatir a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Noreste, Golfo, Cárteles Unidos y nueva Familia Michoacana, que los tiene al mismo nivel de organizaciones criminales como Boko Haram, ISIS, Al Qaeda, Hamás y el Estado Islámico.