No obstante, se reconoció que hay un comportamiento “atípico” de la violencia electoral, pues las elecciones previas, las de 2024, fueron las más violentas en México desde que existe registro.
Eso “puede responder a la incertidumbre, la falta de información que se maneja sobre las candidaturas y el desconocimiento o inexistencia de mecanismos de denuncia ante casos de violencia”, amén de que el uso de la violencia para influir en la definición de candidaturas y en su eventual triunfo se maneja al margen de la ley, dijo el Observatorio.
El Observatorio Electoral Judicial, en el que participan México Evalúa, Laboratorio Electoral, DiSentir, Eleccionesymás y PracticaLab, recordó que la primera organización identificó a ocho entidades como en riesgo alto o muy alto de violencia durante estas elecciones judiciales: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Por eso el Observatorio trabaja en identificar los casos y evitar, en la medida de lo posible, que los intereses políticos, económicos y criminales capturen en particular a personas juzgadoras, en este momento en campañas rumbo a la elección del 1 de junio.
Reconoció que si bien de agosto a la fecha, mientras se discutía la Reforma Judicial, se registraron diversas agresiones a personas trabajadoras del Poder Judicial, hasta el momento sólo se tiene identificadas a tres personas asesinadas, un aspirante a un cargo judicial y dos aspirantes candidato a alcalde.
En el primer caso se ubica a Audel Arnoldo Hernández Solís, quien era secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Colima y fue asesinado a balazos en un negocio en diciembre de 2024.
En febrero asesinaron al aspirante a candidato a la presidencia municipal de Paso del Macho, Veracruz, Carlos Ranses Neri Rodríguez, del Partido Verde, y a su hermano Juan Daniel, el primero era secretario de ese ayuntamiento.
Además el pasado 29 de abril fue asesinado Germán Anuar Valencia, candidato de Morena y el Partido Verde a la alcaldía de Coxquihui, Veracruz, a dos horas de haber iniciado la campaña rumbo a la elección del 1 de junio.
De acuerdo con las organizaciones, se mantendrá su observación para detectar más casos, pues la intromisión del crimen organizado constituye un riesgo latente para este proceso.
Eso queda en evidencia, recordaron, con las denuncias que recientemente se hicieron de candidaturas con posibles afinidades a organizaciones criminales, así como otras que pueden traer actos violentos en las campañas.
