Desde el año 2000, México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya Recomendación 8 indica que las regulaciones deben proteger a las organizaciones sin fines de lucro sin obstaculizar su labor legítima.
Sin embargo, las organizaciones denunciaron que en el país la normativa se aplica de forma punitiva y sin diferenciar entre entidades con y sin fines de lucro.
El GAFI es el ente intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero; no cumplir plenamente con los mismos puede tener consecuencias desfavorables para la estabilidad financiera e integridad del régimen nacional en la materia, así como repercusiones negativas frente a la comunidad internacional.
Las OSC destacan que, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó al 99.93% de las organizaciones sin fines de lucro como de riesgo bajo en 2023, se les siguen imponiendo sanciones y obligaciones similares a las de entidades de alto riesgo como bancos, casinos o partidos políticos.
En octubre de 2024, en el Senado se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Antilavado, la Ley de Amparo y el Código Penal Federal, la cual también ha sido motivo de alarma para el sector, al considerar que continúa sin contemplar medidas proporcionales y adecuadas al bajo nivel de riesgo que representan estas organizaciones.
Las OSC insisten en que el combate al lavado de dinero no debe comprometer derechos fundamentales ni debilitar el tejido social, por lo que exhortaron a las autoridades a revisar la Ley Antilavado desde un enfoque de colaboración y proporcionalidad que garantice la libertad de asociación y fortalezca el espacio cívico.
Senado alista cambios a ley contra el lavado de dinero
La reforma a la Ley Antilavado, presentada por el morenista Javier Corral, contempla imponer varias medidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que generan preocupación en el sector, tales como:
- Obligaciones administrativas y financieras aumentadas. Las OSC deberán cumplir con requisitos similares a los de entidades lucrativas, como bancos o empresas, incluyendo reportes, auditorías y sistemas de control interno que muchas no están en condiciones de asumir.
- Sanciones económicas severas. Se contemplan también multas elevadas por supuestos incumplimientos, sin distinguir entre organizaciones sin fines de lucro y entidades comerciales.
- Equiparación con sujetos de alto riesgo: La reforma coloca a las OSC al mismo nivel de vigilancia que actores considerados de alto riesgo como partidos políticos, sindicatos y asociaciones religiosas.
- Nuevas obligaciones de reporte y transparencia: Se exigen más informes sobre el origen y uso de los recursos, incluso cuando provienen de donaciones filantrópicas o cooperación internacional con fines sociales.
En enero se realizó un parlamento abierto para analizar la iniciativa que presentó el senador morenista, que demás plantea nuevas reglas para identificar operaciones financieras que podrían ser utilizadas con fines ilícitos, así como prevenir que el terrorismo financie a organizaciones sin fines de lucro e incluir al desarrollo inmobiliario como actividad vulnerable ante la corrupción.
Algunos legisladores de oposición, como la senadora Carolina Viggiano, han advertido que esta reforma puede ser utilizada con fines políticos, además de que “es excesiva y tiene un carácter persecutorio”.
