Contadores plantean modificaciones a reforma contra el lavado de dinero

El Senado busca reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

En la mesa de “Análisis y discusión de las reformas legislativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, José Luis Stein, de la Asociación de Bancos de México (ABM), consideró que la iniciativa es “positiva”; sin embargo, señaló que podría haber algunas mejoras.

Dijo con la finalidad de reforzar las políticas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los legisladores pueden considerar modificar otros ordenamientos jurídicos, como la Ley de Instituciones de Créditos y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para posibilitar que los bancos puedan dar por terminados aquellos fideicomisos que de forma dolosa incumplan con la ley anti-lavado.

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También propuso contemplar entre los artículos transitorios incrementar el plazo de 18 meses para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita la normatividad que se contempla en la iniciativa, si no, dijo, las instituciones financieras tendrán dificultades para implementar de manera ordenada y detalla los nuevos criterios, controles y procedimientos internos en cumplimiento con los requerimientos legales.

“Este plazo no solo serviría al gremio financiero, también sería de beneficio para las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas pudieran carecer de recursos necesarios para cumplir de manera inmediata y comprensiva. Consideramos que establecer plazos razonables para la entrada en vigor de la reforma será clave”, dijo.

En tanto, el contador público Carlos Bautista Sánchez señaló que debe haber exhaustividad en la clasificación de las personas políticamente expuestas, pues dijo que con ese mecanismo se podrían prevenir muchos actos de corrupción.

“Creemos que el sector al que va dirigido es muy importante y con este mecanismo definitivamente podríamos prevenir muchos actos de corrupción; sin embargo, dentro de los artículos que se proponen que es el 51 ter están señalando una posible lista con cargos de personas. El tener el cargo de la persona no necesariamente me va a permitir correlacionar a la persona con ese listado. Luego entonces la propuesta es establecer un mecanismo mucho más ágil y económico para el sujeto obligado de tal manera que no tenga la imposibilidad de consultar que una persona es políticamente expuesta”, comentó.

Ello porque la reforma se incorpora la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que será aquella persona que desempeña o haya desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas.

Mientras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas. Además, los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda su listado específico de Personas Políticamente Expuestas.

A su vez, el contador David Ascencio Vargas cuestionó el concepto de beneficiario controlador incluido en la reforma, pues en ésta se amplifica el término e introduce la obligación de identificar y reportar al beneficiario final en todas las actividades vulnerables, reforzando el monitoreo de quién realmente controla o se beneficia de las transacciones financieras.