Ante las irregularidades en la licitación de fármacos 2025-2026, el Gobierno federal evalúa imponer nuevos requisitos a los proveedores y modificar la normatividad vigente para acelerar las futuras compras consolidadas de medicamentos.
Entre los cambios posibles están que los laboratorios tengan planta de producción en México para poder vender insumos sanitarios al gobierno y cambiar a proveedores que incumplan con la entrega oportuna de medicamentos, para evitar el desabasto.
Julio Ordaz, director general de AstraZeneca México, destaca que actualmente la industria farmacéutica en México ya registra grandes avances y cuenta con una importante investigación clínica y con destacados médicos e investigadores.
"Una parte muy importante es poder seguir colaborando con el Gobierno en el desarrollo de una industria, en el desarrollo de soluciones para el país y finalmente que tenga un impacto. Yo considero que el impacto debe estar basado en los pacientes y cómo te reditúa como país”, dice en entrevista con Expansión Política.
Según datos del Inegi, en 2022, las ventas totales del sector alcanzaron los 536,530 millones de pesos, lo que significó un aumento de 6% con respecto a 2021. De 2019 a 2020, el crecimiento fue de 11.9%.
Además, 88.9% de las 1,989 empresas farmacéuticas que participan en el mercado del país tienen una mayor participación social proveniente de México.
El requisito de que las farmacéuticas tuvieran una planta en México ya existía, pero se eliminó durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, aseguró hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.
“En la época de Calderón quitaron de la Ley de Salud una cláusula que decía que todo el que vendiera en México, al gobierno, tenía que tener una planta de producción en México”, explicó.
Por ello, la mandataria federal asegura que la medida para que la producción de fármacos sea local, fortalecerá a la industria en México. “No necesariamente debe producir lo que compra el gobierno, pero sí que haya una planta”.
Al respecto, Julio Ordaz explica que los procesos de producción de fármacos son escalonados y concentrar la fabricación en un solo lugar podría incrementar los costos.
“Creo que esta decisión puede ayudar al desarrollo de una industria nacional, pero no todos los medicamentos se pueden desarrollar, no quiero decir en México, pero existen economías de escala, existen economías de escala que te ayudan a poder simplificar los procesos, a bajar costos, que también es una parte muy importante, y el desarrollo de tratamientos muy específicos”, detalla.
La implementación de este requisito podría ser gradual y no exigirse de inmediato en la próxima compra consolidada de medicamentos, que iniciará en abril de 2026 para surtir durante el año 2027.
Al respecto, Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, señala que la medida viene con riesgos. Por ejemplo, si la producción en México resulta más costosa, el gobierno compraría medicamentos más caros.
Se necesitan organizar todas las cadenas de producción y de compra de insumos. También necesitas equipos caros, necesitas inversiones en las fábricas”,
Actualmente, 10 de las principales empresas farmacéuticas tienen presencia en México con 837 unidades de fabricación, ubicadas en la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, principalmente, y una producción equivalente a 6.8 billones de pesos en 2024.
El académico reconoce que, por sí misma, no es mala la idea de contar con más plantas de producción de medicamentos, pero coincide que sea de manera gradual, ordenada y con acuerdos con la industria.
Además, agrega, se necesitarían reglas claras, por ejemplo, si una compañía farmacéutica produce un medicamento en el país, si el gobierno le dará preferencia de compra en todo su portafolio o solo en ese insumo.
“Por empezar a producir aquí en el país no se van a arreglar las cosas. No necesariamente es una mala idea, pero te tienes que sentar, acordar, planear y no nada más aventarte con una normatividad que después esté dando marcha atrás para resolver problemas que nosotros mismos creamos”, advierte.
Las autoridades también analizan nuevas reglas para cambiar a los proveedores que incumplan con la entrega oportuna de medicamentos, a fin de evitar el desabasto de insumos.
“Temas sencillísimos: si un proveedor incumple, poder cambiarlo rápidamente si alguien ofrece el mismo precio, sin tener que pasar seis meses de litigio para poder cambiar una clave, cuando hay alguien que tal vez lo ofrece al mismo precio y con garantía de entrega”, explicó Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud.
El gobierno busca implementar estas medidas tras cancelar la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 por hallar anomalías en todo el proceso e irregularidades en 650 claves (16%) de las 3,900. En 175 de estas se encontraron precios a sobrecosto, pero se cancelaron los contratos antes de que se consumara el pago.
Actualmente, la Secretaría Anticorrupción investiga a 59 empresas: una de ellas ya fue inhabilitada, contra otra se alista una denuncia penal; en 16 casos se indaga la falta de registros sanitarios emitidos por Cofepris, y en el resto se investiga el incumplimiento de las fechas de entrega de los insumos establecidas en los contratos.
Con la llegada de la administración de Sheinbaum, el diálogo entre autoridades e industria se reanudó. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las farmacéuticas fueron señaladas y ese gobierno intentó excluir a algunas empresas de las compras de medicamentos, incluso amagó con sancionar por supuestas prácticas monopolíticas.
Sin embargo, esa actitud de la autoridad trajo consecuencias negativas para el abasto de medicamentos. Sin diálogo con la industria y con funcionarios inexpertos, la adquisición de fármacos falló una y otra vez. El IMSS encabezaba las compras, pero el gobierno le quitó el liderazgo y lo trasladó a la Secretaría de Hacienda; después al Insabi y a la UNOPS y finalmente a BIRMEX, la paraestatal encargada de la última compra y señalada por cometer varias irregularidades durante el procedimiento.
Desde el cambio de sexenio, las autoridades han sostenido varias reuniones con la industria. Lo hicieron para organizar la licitación de este año, mientras se llevaba a cabo y al final, cuando se canceló por las irregularidades, para reponer el proceso. Esta apertura ha sido celebrada por el sector.
Ordaz reconoce que la administración actual ha dado un viraje en su relación con el sector farmacéutico con dos cambios importantes: el primero, el de abrir el diálogo y fortalecer la comunicación, así como transparentar los procesos.
“Creo que son cambios radicales, pero en positivo. Creo que al día de hoy tenemos mayor apertura en comunicación, que eso es primordial; dos, transparencia en los procesos, claridad de esos procesos”, sostiene.
Esto es fundamental incluso en el contexto actual, marcado por la cancelación de la compra consolidada de medicamentos por diversas irregularidades en la licitación , como sobrecostos y falsificación de información, lo que ha llevado a abrir investigaciones contra 59 empresas.
En eso coincidió Clark. “Es una instrucción que nos ha dado la presidenta, de que encontremos las maneras de, con transparencia, cambiar las reglas para que sea más flexible la manera en que compramos y a los pacientes les lleguen los medicamentos”, aseguró.
Por su parte, Julio Ordaz afirma que como industria están abiertos a colaborar con las autoridades para mejorar el sector, el modelo de compras de medicamentos y, sobre todo, la salud de México.
Al final de cuentas, lo que queremos todos es que funcione, que este modelo sea exitoso y que este modelo tenga un impacto dentro de la población mexicana”,
